Instituto ‘sensible’ a la crítica ciudadana

La manifestación de estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) el pasado jueves 9 de mayo durante el informe de actividades del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) ha traído críticas sobre quién está detrás del movimiento.

Y ha dejado en claro que las autoridades electorales están lejos de la ciudadanía y son sensibles a las críticas.

La intención de denostar la movilización estudiantil y vincularla al grupo político de Enrique Alfaro Ramírez, excandidato al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano, demuestra que existen muchos intereses entorno al organismo que está próximo de definir nuevos consejeros.

El presidente del IEPC Tomás Figueroa Padilla aseguró que los jóvenes fueron escuchados y atendidos y que no hubo agresiones a la hora de la manifestación, cuando las imágenes demostraron lo contrario.

Pero la crítica que lanzaron sobre la falta de transparencia del instituto tiene bastante sentido. 

Y es que la autoridad electoral se caracterizó por no entrar a fondo a la fiscalización de los recursos utilizados por los partidos en campaña, especialmente en el caso de la campaña del actual gobernador, donde hubo varias denuncias de uso indebido de recursos públicos. 

El IEPC fue opaco en el manejo del enorme presupuesto de 867 millones 850 mil  pesos que tuvieron en 2012 y del cual 556.2 millones se fueron al gasto corriente del organismo.

En donde el gasto inmoderado en viajes, reuniones, comidas y demás artículos pagados con las cajas chicas de los consejeros y directores fue el pan de cada día.

Solo en el año 2012 el presidente del IEPC registró en reposición de caja chica alrededor de 150 mil pesos, en comidas y transporte dentro y fuera del país. 

Dinero que se suma a su salario mensual y que ronda la misma cantidad.

Pero en la versión oficial sobre la actuación del IEPC en los últimos tres años, todo estuvo bien. 

Aun cuando se destaparon escándalos sobre viajes entre consejeros electorales –incluido él- y el exalcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Enrique Alfaro.

Así como acusaciones sobre las relaciones comerciales entre Alfaro Ramírez y el consejero electoral Víctor Hugo Bernal.

Pero para Tomás Figueroa esos son asuntos del pasado, a pregunta expresa de si avalaba el actuar de él y su compañeros consejeros dijo que sí.

“Ninguna amistad, ninguna relación personal que tengan los consejeros influye  en la decisión que toman a la hora de hacer su función”, refirió en entrevista con los medios de comunicación.

Voto electrónico, costoso experimento

En marzo pasado fue cerrado el periodo de elección y hasta el momento las cifras sobre el costo del proceso no han sido del todo claras. 

Sobre todo por el hecho de que se aplicó el voto electrónico en 10 por ciento del padrón electoral y no hay un desglose puntual del gasto ejercido.

Hoy se sabe que el voto en Jalisco costó 256 pesos, correspondiente a 21 dólares.

Una cifra que se asemeja a lo que se invierte en Estados Unidos (28 dólares por voto) y lejos está de lo que cuesta en Chile 2.7 dólares, la cifra más baja en America Latina según un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El costo del voto deriva del total del presupuesto ejercido por el IEPC -incluido el presupuesto a partidos- entre el número real de votantes. 

En la elección participaron 3 millones 388 mil 889 personas que representaron el 64 por ciento del padrón electoral de Jalisco. Cuatro de cada 10 habitantes de este estado no votaron.

Solo el 10 por ciento del padrón electoral votó mediante el mecanismo de urna electrónica. Es decir, un total de 351 mil 855 votos fueron emitidos vía urna; se instalaron 991.

El costo asumido para la compra de mil 200 urnas a la empresa Punce Consulting fue de 37 millones 411 mil pesos, más gastos de operación (papel, servicio de transmisión). Gastos que nunca han sido revelados por el IEPC.

Una revisión a los cheques emitidos por el IEPC, relativos a la urna electrónica, refieren un gasto de 330 mil pesos.

A eso se le suma el servicio de transmisión de datos para publicación de resultados y toda la publicidad pagada que se hizo en medios de comunicación para difundir el mecanismo.

Así como la decena de viajes que realizaron consejeros y funcionarios del IPEC en la promoción de la urna en diversos estados de México y otras giras internacionales a  Lecce, Italia; Washington, Estados Unidos;  Bogotá, Colombia; Sao Paulo, Brasil; y Lima, Perú, entre otros.

Los consejeros no escatimaron recursos ni tiempo para promocionar el nuevo método de votación.

Cuestionado sobre el costo de la elección el presidente del IEPC, Tomas Figueroa insistió en que debe ser visto como una “inversión a largo plazo”, pues el aparato puede seguir operando en otras elecciones.

Lo que no dijo en su informe es que la empresa Pounce Consulting, al ser contratada para la elaboración de mil 200 urnas, se quedó con la patente del aparato y eso le permite comercializar la urna en otro estado.

Según la cláusula vigésima del contrato firmado con Pounce “los derechos de propiedad industrial sobre el diseño y funcionalidad del gabinete de las urnas electrónicas que serán fabricadas, corresponden y se reservan al proveedor”.

El software sigue siendo patente del IEPC, según esa misma cláusula.

Pounce Consulting intentó una venta de urnas al Instituto Electoral del Distrito Federal, pero la transacción de poco más de 10 millones de pesos  fue cancelada por incumplir con los plazos de entrega, situación que se repitió varias veces en la entrega de aparato en Jalisco sin que el contrato fuera cancelado.