La llegada de migrantes a México es inevitable, por ese motivo y para que estos grupos no queden en estado de vulnerabilidad al permanecer en el país, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en conjunto con el gobierno de México, presentaron un proyecto piloto que busca estabilizar y, eventualmente, integrar a los ciudadanos haitianos que se encuentran en territorio nacional y así aliviar las necesidades humanitarias de esa población.
De acuerdo con el documento de la ONU en donde se dio a conocer esta iniciativa, en una primera fase, algunas familias haitianas que no han solicitado asilo podrán formar parte del Programa de Integración Local de ACNUR, con el cual se busca darles acceso al mercado laboral, a la vivienda, a la salud y a la educación.
“La OIM estará a cargo de identificar los perfiles de las personas que reúnan los requisitos para incorporarse a la iniciativa de acuerdo con los criterios que determine la autoridad migratoria. Mientras ACNUR tendrá las tareas de traslado y recepción de las personas y facilitará tanto la vinculación laboral como su inserción en el sistema escolar. El proyecto se implementará en coordinación con la embajada de Haití en México”, informaron las autoridades de la Agencia de las Naciones Unidas.
Sin embargo, los responsables del proyecto también advirtieron que la iniciativa no es suficiente para controlar el problema migratorio, por lo que pidieron al gobierno en turno seguir buscando alternativas de regularización migratoria de más amplio alcance.
Por último la ACNUR advirtió que la falta de acceso a un estatus migratorio regular implica para las personas migrantes la falta de acceso a los derechos, la separación de las familias, la violencia de género y las desigualdades. También las expone a los impactos de los desastres, el cambio climático y la degradación medioambiental.
Por el contrario, aseguraron que las vías de migración regular benefician a todos los países, “ya que fomentan la creación de comunidades sólidas, promueven el desarrollo sostenible, dan respuesta a las necesidades del mercado laboral y fortalecen las capacidades nacionales para determinar quién entra, transita y permanece en su territorio, además de que fortalecen el Estado de Derecho al reducir la trata de personas y frenar el tráfico de migrantes”.