Presuntos inspectores del Ayuntamiento de Monterrey acudieron ayer a clausurar el casino La Fortuna, propiedad del empresario Arturo Cardona Calderón.
Cerca de las 13:15 horas, unos 10 individuos que se identificaron como inspectores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey arribaron al local con la orden de colocar sellos para clausurar el establecimiento.
Los supuestos inspectores llegaron al casino a bordo de vehículos particulares y acompañados de cerca de 10 elementos de la Policía Regia que operaban las patrullas número 8654 y 8655.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología informó a Reporte Indigo que nunca autorizó esta clausura.
Jesús Alberto Rosas, quien se identificó como inspector municipal, mostró a los dueños el oficio número 437/2012, que no contenía sellos oficiales ni la firma de Brenda Sánchez, la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología.
Rosas informó a los dueños que clausurarían La Fortuna porque no cumplía con los permisos municipales de uso de suelo, a pesar de que a la casa de apuestas le fue concedida una suspensión en junio de 2012, derivada de un juicio de amparo.
Según los testigos, los individuos colocaron cuatro sellos de clausura en la parte interior de las salidas de emergencia, en los que se apreciaba que la fecha de suspensión se acordó el 27 de diciembre del año pasado.
También se observaba que ayer fue expedida la notificación de la clausura, pero los dueños aseguran que nunca la recibieron.
Los socios del casino manifiestan que ninguno de los individuos mostró una identificación que los acreditara como funcionarios públicos y que Rosas fue el único que mencionó su nombre.
Al no poder comprobar la autenticidad del oficio y del operativo, los individuos se retiraron del establecimiento una hora después.
Este episodio continúa con el periplo legal para los dueños de La Fortuna, a quienes en dos ocasiones anteriores intentaron despojarlos del establecimiento.
En un primer intento el dueño, Arturo Cardona Calderón, fue privado de su libertad el 14 de mayo de 2012 en el municipio de San Pedro, supuestamente por órdenes del juez Luis Armando Jerezano Treviño.
Según una denuncia presentada por el casinero, la intención era despojarlo de sus acciones en la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V., empresa que hasta el 1 de octubre de 2012 operaba La Fortuna.
El socio denunció al juez y a otras cuatro personas por los delitos de robo, privación ilegal de la libertad, extorsión y delincuencia organizada: el ex alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas Ramírez, su hijo Antonio Balderas Martínez, Jerónimo Garza Chaib y Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel.
El Ministerio Público dictó el “no ejercicio de la acción penal” contra el juez federal y los otros cuatro civiles en la denuncia penal, porque no otorgó valor a las pruebas contra ellos.
A excepción de Jerezano Treviño, todos los personajes anteriores fueron captados por las cámaras de videovigilancia de La Fortuna durante el segundo intento de despojo del 30 de octubre de 2012.