Interviene CEN en conflicto priista

La pugna que se desató entre los grupos del PRI de Nuevo León, tras el rechazo de las cuentas públicas del exgobernador Rodrigo Medina, obligó al CEN tricolor a intervenir en la confrontación.

Será hoy en la Ciudad de México, en las oficinas del PRI, donde el dirigente nacional Enrique Ochoa buscará poner fin a este conflicto que tiene en la cuerda floja al coordinador priista en el Congreso, Marco González.

Están citados los 16 diputados locales del PRI, el líder estatal César Cavazos, además de los alcaldes Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza.

Los ediles tricolores, afines al exmandatario estatal, habrían sido los impulsores del cambio de González como coordinador por no haber cumplido el acuerdo de sacar las cuentas públicas de Medina.

Hoy sólo hay dos opciones para el PRI de Nuevo León: o Enrique Ochoa respalda la decisión de los legisladores de cambiar coordinador o apoya a González para que siga como líder en el Congreso.

El jueves por la tarde, la mayoría de los diputados priistas decidieron relevar a González de la coordinación y poner en su lugar a Héctor García.

El viernes los legisladores que apoyan a García presentaron el escrito para cambiar de coordinador a César Cavazos, dirigente estatal del PRI.

Sin embargo, Cavazos pospuso su decisión de respaldar o no la voluntad de los diputados hasta hoy cuando el problema se aborde en la Ciudad de México con el presidente nacional del PRI.

La disputa por la coordinación del PRI en el Congreso de Nuevo León es un nuevo conflicto para el dirigente estatal del tricolor, César Cavazos.

Hace tres semanas el cobro a los mercados populares en Escobedo confrontó a Ismael Flores, líder 

de la CTM de Nuevo León y al grupo del exalcalde Abel Guerra. 

“Esta bronca va estallar… y no sabes cómo viene, no sabemos si seguiremos con el proyecto (de César Cavazos)”,  comentó una fuente del PRI de Nuevo León.

Las cuentas de la discordia

La semana pasada el Congreso del Estado rechazó más de 100 cuentas públicas entre ellas dos del exgobernador Rodrigo Medina y una de Natividad González Parás.

El rechazo fue aprobado por la mayoría priista en el Congreso, que encabeza Marco González.

El rechazo de sus cuentas públicas habría provocado malestar en el exgobernador Rodrigo Medina, que además está vinculado a proceso por el caso Kia.

También provocó el enojo del exgobernador Natividad González Parás, quien el viernes publicó un desplegado donde criticó la decisión legislativa y denunció intereses políticos partidistas en el rechazo de sus cuentas.

Desde el jueves se comenzó a construir un plan para removerlo de la coordinación tricolor a Marco González, un priista identificado con el exdirigente nacional Manlio Fabio Beltrones y el exsenador Jorge Mendoza.

Héctor García habría conseguido el apoyo de 13 de los 16 diputados locales que conforman el grupo legislativo tricolor.

García ha declarado que en la bancada existía un acuerdo para rotar la coordinación cada año legislativo y que por el relevo.

Sin embargo, González ha rechazado ese acuerdo y ha calificado como un golpe el plan para removerlo de la coordinación. González asegura que esto es en represalia por haber rechazado las cuentas públicas de Medina.

Héctor García, exdirigente de la CNOP en Nuevo León, es cercano a la senadora Cristina Díaz y al alcalde Francisco Cienfuegos.

La noticia de que el se perfila para la coordinación provocó el viernes que la Subprocuraduría de 

Anticorrupción, que encabeza Ernesto Canales, le reviviera una acusación de hace cuatro años.

Incluso el viernes el propietario de la mueblería La Subasta,  José Luis Garza, denunció la semana pasada al legislador por un presunto desvió de recursos de los burócratas del Municipio de Guadalupe.

El empresario reclama que no le ha pagado más de 10 millones de pesos que se ha venido acumulando desde 1996 hasta la fecha, como parte de un adeudo del sindicato.

Reporte Indigo reveló que Héctor García fue acusado por el empresario por el manejo irregular de los recursos descontados de los trabajadores del Municipio de Guadalupe.

Los burócratas compraron a crédito muebles para sus casas, utilizando la plataforma del sindicato como órgano mediador.

El problema es que el sindicato descontó del salario de los burócratas el dinero para liquidar la deuda con el mueblero, pero luego no pagó toda la cantidad a la casa comercial.