El Cerro de la Silla, un emblema de la entidad, enfrenta una falta protección por parte de la delegación en Nuevo León de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Tanto el Monumento Natural Cerro de la Silla (MNCS) y su Zona de Influencia presentan desmonte, excavaciones, remoción de suelo y construcciones a causa de asentamientos humanos. Esto no está permitido porque ocurrió al interior del Área Natural Protegida.
El Monumento Natural El Cerro de la Silla se creó mediante un decreto presidencial el 25 de abril de 1991; fue la primer Área Natural Protegida decretada en esta categoría. El cerro homónimo constituye el símbolo internacional de Monterrey y su área metropolitana, por lo que el manejo del Área Natural Protegida debe basarse en instrumentos técnico-jurídicos, según indica un documento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Sin embargo, existe una construcción destinada a la comercialización de alimentos y bebidas, ubicada en la calle Cascadas, de la colonia Rincón de la Sierra, que pertenece al municipio de Guadalupe.
“Estas afectaciones, de acuerdo con su ubicación geográfica al interior del polígono de protección correspondientes al MNCS, se encuentran localizadas en la Subzona de Uso Público “Teleférico-Santa Ana”, dice un documento dirigido a José Aarón Mendoza Ramírez, encargado del despacho de la Profepa en Nuevo León.
Una segunda afectación incluye la construcción de infraestructura para la contención del suelo removido, mediante un terraplén. En este caso, en Roble en el cruce con la calle Cascadas.
Hay actividades que no son permitidas al interior de la subzona, como construir obras públicas o privadas, excepto las dedicadas al apoyo de actividades de educación ambiental y de turismo de bajo impacto. Ambas deberían de contar con la autorización de la manifestación de impacto ambiental, por ubicarse al interior de un Área Natural Protegida.
Imágenes satelitales revelan que se han invadido un total de 361 mil 951 metros cuadrados en la zona que pertenece al municipio de Guadalupe; mientras se reporta una afectación de 281 mil 523 metros cuadrados en el área del municipio de Monterrey.
En total son 643 mil 474 metros cuadrados, cantidad que se acaba de descubrir hace dos semanas. Es decir, existen 64 hectáreas que han sido invadidas por asentamientos humanos
Además se registró la remoción de vegetación para la habilitación de una brecha, que presenta una longitud estimada de 305 metros. La misma se ubica en la unión de las calles Brasil o Argentina, de la colonia Rincón de la Sierra, del municipio de Guadalupe, al interior de la Zona de Influencia del Monumento Natural Cerro de la Silla.
Morena interpone denuncia por invasión del Cerro de la Silla
El diputado de Morena, Luis Armando Torres, informó que presentó una denuncia ante la Profepa, delegación Nuevo León, para que investigue la invasión en el Cerro de la Silla.
“La denuncia es para que se haga la investigación, pero también solicito los permisos de construcción, que esos los entrega el municipio de Guadalupe. Hay ahorita la construcción de un negocio y está en área natural protegida. En el programa de manejo del Monumento Natural Cerro de la Silla se describe que en una área de influencia se deben considerar criterios para no afectar los ecosistemas del Cerro de La Silla. También se ha dado invasión en esa zona en las últimas dos semanas, lo que preocupa mucho”, dijo Torres.
El morenista agregó que la situación es alarmante, pues en sus visitas ha encontrado que hay varios terrenos en venta, lo que abre la puerta a que personas compren el predio sin saber que ahí no se puede construir. Además solicitó a los municipios de Guadalupe, Monterrey y Juárez que cuiden el espacio.
La Profepa, junto con ciudadanos, activará mesas trabajo para emprender acciones contra las invasiones en el Cerro de la Silla.
La intención es que las denuncias contra quienes han invadido el área natural tengan un adecuado seguimiento de carácter penal. Los presuntos responsables podrán hacerse acreedores de multas que van de treinta a 50 mil días de salario mínimo general vigente en materia de Impacto Ambiental y de 100 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o sanciones penales.