Invaden ‘piratas’ calles capitalinas

Además de los microbuses que circulan en las principales arterias de la Ciudad de México en pésimas condiciones se suma un nuevo problema: autobuses y micros “piratas”.

Estos vehículos, forman parte de la red del transporte público “intocable” que maneja el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea-DF) desde principios de junio de 2013.

Reporte Indigo realizó un recorrido por algunas rutas, como la 27, donde se detectaron cerca de 10 autobuses que no cuentan con placa expedida por la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) y, sin embargo, circulan con normalidad.

En entrevista, líderes de ese y otros ramales afirman que esta es una práctica común que va en aumento, pues cada vez hay más microbuses irregulares que cuentan con la anuencia de las autoridades capitalinas.

El pasado viernes 25 de octubre, esta casa editorial reveló que el organismo encargado de inspeccionar los papeles y las condiciones mecánicas del transporte público colectivo e individual no aplica la ley de forma pareja.

Esto, debido a que el coordinador del Transporte en el Invea así se los ordena, a través de correos electrónicos y testimoniales de los propios verificadores administrativos.

La información salió a la luz el día en que el titular de esa institución, Meyer Klip rindió su informe de actividades, donde minimizó los hechos y los atribuyó a declaraciones infundadas de dos exverificadores.

En los días subsecuentes se supo que los verificadores que denunciaron los abusos del Invea pronto dejaron de serlo. Además de que la institución emprendió denuncias penales en contra de ellos.

Y mientras tanto las rutas que se presume son intocables siguen laborando sin mayor contratiempo, salvo algunos operativos que de acuerdo con los verificadores administrativos son un simple paliativo.

Para conocer la postura del Invea, este medio de comunicación solicitó una entrevista, que hasta la fecha no se ha concretado y de acuerdo con versiones extraoficiales no se dará.

La piratería

En el ramal de la ruta 27, que corre del metro San Antonio a la Central de Abastos aparecieron 10 nuevas unidades desde hace más de un año y que carecen de todo tipo de documentación.

Se trata de camiones y microbuses que no tienen placas vehiculares. Que en ocasiones apenas y cuentan con números rotulados que legalmente no existen, según informes de la Setravi.

De acuerdo con Vicente Gómez César, dirigente de la ruta 27, hay una decena de unidades que se adhirieron a ese ramal sin el aval de ninguna autoridad, y son encabezados por una persona de nombre José Luis Contreras.

“Los denunciamos y en consecuencia hubo un operativo por parte del Invea donde se detuvieron tres camiones, pero a los 10 días todos los vehículos ya estaban trabajando normalmente”.

Explicó que nunca más les hicieron caso. Que el Instituto de Verificación Administrativa jamás volvió y que tampoco en la Secretaría de Transporte y Vialidad se tuvo una respuesta.

Otro de los coordinadores de esa ruta, Jorge Luna, dijo que la inconformidad es con el Invea, ya que no permite circular las unidades que están en regla y deja ir a los piratas con una simple llamada.

“Queremos saber qué hace el señor José Luis Valle. ¿Por qué no atiende nuestras denuncias? Hemos visto que uno de sus colaboradores, que es Armando Fabián Zamorano ha buscado en varias ocasiones a José Luis Contreras (quien coordina a los piratas) en varias ocasiones y no pasa nada.

“Sabemos que son piratas porque contamos con una copia fiel del padrón de este ramal, el cual nos entregó Armando Quintero antes de dejar el cargo de secretario de Transporte y Vialidad.

“El padrón vehicular de ruta 27 tiene placas consecutivas hasta la placa número 0270345, pero ahora encontramos que también circulan de la 0270346 a la 0270356 lo cual acredita nuestro dicho”, detalló Luna.

Adrián Becerril, de la ruta 25 complementó: “la cuestión es que estamos inconformes porque José Luis Valle (coordinador del Invea) nos pide dinero y a la ruta 27 se ha vuelto intocable”.

“Creemos que tiene un acuerdo o algo así con esa ruta porque revisan una y otra vez nuestra ruta y la 27 no la tocan, a pesar de que ahí laboran los microbuses que están en peores condiciones”.

Para Humberto Ortiz Aguilar, quien también tiene un microbús de ese ramal, la solicitud es simple: apoyo parejo. Que si se sanciona un ramal que se haga con todos, y si se exenta también que se contemple a todos.

La aparición de las unidades piratas se dio en la administración de Marcelo Ebrard, y fue entonces cuando solicitaron el padrón vehicular de ese ramal, que a la postre les fue entregado.

Mediante una carta dirigida a Armando Quintero y al Invea pidieron la intervención de las autoridades para que sacaran de circulación a los vehículos piratas, ya que cuando pasa un accidente, acostumbran suspender a todo el ramal.

Pero las inspecciones se hicieron de manera aislada. Y en la actualidad los microbuses continúan laborando con normalidad.

Crece la presión

Derivado de la publicación de Reporte Indigo “Los intocables”, del 25 de octubre pasado, en el que verificadores administrativos denunciaron las irregularidades de los directivos del Invea, la institución abrió una querella contra sus extrabajadores.

Ellos acreditaron que por cuestiones médicas no pudieron asistir a laborar, y aun así les notificaron que ya no laboraban para el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

En sus primeras declaraciones Meyer Klip dijo que ellos (Jacobo Santos y Raúl Espinoza) habían extorsionado a un taxista, pero según consta en la averiguación previa se trataba de un microbús.

Se les acusaba de cohecho, es decir, que dejaron de aplicar la ley, pero en los documentos oficiales aparece que sí sancionaron al microbús en cuestión y bajo ese argumento los sancionaron.

Por eso los verificadores que aún laboran para el Invea aseguran que están formando un  frente para impedir que se cometan injusticias contra los servidores públicos que denuncias todo lo que está mal.

El problema para la institución cada vez es más delicado, pues entre los verificadores y transportistas se acumula una serie de acusaciones que no han sido atendidas por una autoridad, pero que cada vez son más fuertes.