Ante los escasos resultados del combate a la corrupción en municipios y en la administración estatal, el Tecnológico de Monterrey y la iniciativa privada anunciaron la creación de un frente común.
Este lunes, representantes de la universidad, cámaras empresariales y organismos ciudadanos, dieron a conocer la Red Anti Corrupción, que tiene el objetivo inicial de impulsar la creación de un órgano fiscalizador autónomo con supervisión ciudadana para investigar y sancionar este tipo de casos.
“(Su misión) es impulsar una nueva relación entre el gobierno y la sociedad de Nuevo León para que conjuntamente articulen acciones que favorezcan el ejercicio ético de la función pública”, mencionó el presidente de la Caintra en Nuevo León, Eugenio Clariond.
Para cumplir con esta misión, los organismos trabajarán en cuatro vertientes.
La primera es la creación del órgano estatal para combatir la corrupción e impunidad.
Estaría compuesto por 11 representantes de la academia y la sociedad, con atribuciones para promover denuncias penales.
En segundo lugar está el impulso a las reformas para lograr la autonomía y el fortalecimiento de la Auditoría Superior del Estado.
Además, la creación de un sistema de información pública sobre los casos más graves de impunidad.
También el establecimiento de un sistema de medición e información pública relacionada con la corrupción y la calidad de los gobiernos.
“La sociedad no está satisfecha con el sistema de rendición de cuentas como se provee
actualmente y esta opacidad es una característica”, puntualizó Daniel Butruille, integrante de Evolución Mexicana.
Las representantes anunciaron que presentarán al Congreso del Estado una iniciativa para la Ley Contra la Corrupción y Para el Ejercicio Ético de la Función Pública en Nuevo León.
El órgano buscaría no sólo fiscalizar a las dependencias de la administración pública del gobierno, sino también a órganos autónomos, municipios, fideicomisos y personas físicas o morales que manejan recursos públicos.
La propuesta incluye que coadyuve en investigaciones como Ministerio Público especializado, que tenga la capacidad de aplicar sanciones administrativas de manera directa y recibir denuncias ciudadanas ante actos de corrupción.
El órgano contaría con un consejo general conformado por un consejero presidente, dos consejeros administrativo y jurídico, y una fiscalía especializada anticorrupción dependiente de la Procuraduría del Estado, pero supervisada por ciudadanos.
“Vamos a cabildear y a promover para que el proceso sea rápido y no se estanque en los ámbitos de negociación política”, dijo el presidente de Ccinlac, Manuel Zavala.
En su tercer informe de gobierno, Rodrigo Medina detalló que como parte del Plan Anticorrupción, anunciado un año antes, se recibieron mil 170 denuncias ciudadanas, se iniciaron nueve procedimientos de responsabilidad administrativa e impusieron sanciones a 77 servidores públicos.
El presidente de Vertebra, Ángel Quintanilla, criticó los resultados del Plan y el desempeño de la Contraloría del Estado, a cargo de Jorge Manjarrez.
“Lo que se busca es que suenen las rejas del otro lado.
“Después de un año y de multitud de notas en los medios vemos que se vuelve a dar la misma instancia, es decir, como una repetición de la jugada, un deja vú”, comentó.
Medios de comunicación, como Reporte Indigo, han dado a conocer a lo largo del año casos de corrupción en organismos como el CECyTENL e Isssteleón.
Hasta la fecha, no se han sancionado a funcionarios de primer nivel, o a los titulares de estos organismos descentralizados.
En la presentación de la Red también estuvieron presentes Teresa Almaguer, directora Académica de la Rectoría Nacional de Escuelas de Posgrado del Tecnológico de Monterrey, y
Javier Navarro, de Coparmex.
