La Auditoría Superior de la Ciudad de México ha encontrado múltiples irregularidades en la revisión de la Cuenta Pública 2017, aunque aún no llega al fondo en la revisión de contratos, adjudicaciones directas y nóminas.
El informe parcial de la Fiscalización Superior al año 2017, cuando la ciudad era aún gobernada por el PRD, contiene anomalías como la readscripción masiva de empleados en la Secretaría de Movilidad en tiempos de Héctor Serrano; la entrega de un contrato en día inhábil por parte de la Asamblea Legislativa; y la compra de chalecos balísticos sin utilizar por parte del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La semana pasada, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México denunció el gasto de 10 millones de pesos en mil geolocalizadores (10 mil pesos cada uno) que nunca se repartieron a pesar de la ola de violencia y crímenes contra mujeres en la capital que propició la petición de la Alerta de Género.
En el avance de la cuenta pública de la ciudad correspondiente al ejercicio de 2017 hay otros casos que forman parte de un informe en poder de Reporte Índigo. Por ejemplo, de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) se señala que ésta solicitó a la Secretaría de Gobierno los expedientes de la readscripción masiva de 265 trabajadores de personal de base, confianza y estabilidad laboral con posterioridad a su contratación.
“El sujeto fiscalizado no proporcionó los expedientes originales de los prestadores de servicios de la Secretaría de Gobierno adscritos a la dependencia”, dice.
Algunas de las auditorías realizadas presentaron situaciones como complicaciones e impedimentos al personal encargado de llevarlas a cabo, dice el informe en poder de Reporte Índigo
En ese año el titular de la SEMOVI era Héctor Serrano Cortés, quien fue secretario de Gobierno hasta el 2015, cuando Miguel Ángel Mancera lo transfirió a la Secretaría de Movilidad luego de los resultados en las elecciones intermedias que él operó, los cuales no fueron positivos para el PRD.
“La SEMOVI no contó con mecanismos de control, seguimiento y supervisión en el trámite de los pagos de nómina que acrediten la confiabilidad de las cifras registradas en el Sistema Único de Nomina (SUN) y lo reportado en el trámite de las Cuentas por Liquidar Certificadas”, dice el informe.
Además, el documento refiere que el manual administrativo de la Dirección General de Administración en la SEMOVI no contó con procedimientos actualizados para el rubro sujeto a revisión y careció de procedimientos que establecieran las directrices generales y específicas para el control, operación y seguimiento del Trámite de Afectaciones Programático-Presupuestales.
En otros rubros, el informe fiscal también se refiere a la Agencia de Gestión Urbana (AGU) y el polémico contrato de la Planta de Termovalorización.
Respecto a este tema que ha estado en el ojo del huracán del nuevo gobierno desde que Claudia Sheinbaum Pardo era apenas candidata a jefa de gobierno y estaba en campaña, se confirmó que la AGU formalizó un compromiso millonario sin tener la certeza siquiera sobre la posesión del terreno en el que se proyectó la construcción de la planta
“Careció de procedimientos específicos relativos a la verificación de la recepción de los servicios contratados o aspectos relacionados a la eventual operación de la planta de termovalorización”, puntualiza la observación.
Algunas de las irregularidades halladas:
> La readscripción masiva de empleados en la Secretaría de Movilidad en tiempos de Héctor Serrano
> La entrega de un contrato en día inhábil por parte de la Asamblea Legislativa
> La compra de chalecos balísticos sin utilizar por parte del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Cuentas opacas
Entre las múltiples irregularidades encontradas en secretarías, organismos autónomos y desconcentrados también se documenta que en el Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se adjudicó un contrato derivado de una invitación restringida a cuando menos tres proveedores en un día inhábil.
Además, en el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, se observó que en la nómina correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017 solamente se informó de la relación del personal al que se dispersaría la nómina; sin embargo se careció del documento que acreditara este hecho por parte del banco a cada empleado.
A este mismo mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras se le hicieron observaciones por la adquisición de chalecos balísticos cuyos costos unitarios rebasaron el importe de 35 días de salario mínimo vigente.
“Los siete chalecos balísticos adquiridos se conservan en sus empaques originales, por lo que dichos bienes no se han utilizado”, señala.
En el Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México, en su capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se detectó que se adquirió un vehículo blindado sin que se cumpliera alguno de los supuestos establecidos para sustituirlo.
Al revisar a la llamada Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, se encontró que el 21 por ciento del total de las bitácoras de supervisión de proyectos correspondientes a los lineamientos de participación vecinal para la recuperación y restauración de chinampas cuentan con fotografías repetidas de otros proyectos que no corresponden al supervisado.
Lo anterior hace dudar si los proyectos reportados realmente se ejecutaron o simplemente se reportaron haciendo uso de material correspondiente a otros.
Los principales obstáculos
La Auditoría Superior de la Ciudad de México tiene como misión fiscalizar y evaluar el ingreso y gasto públicos del gobierno de la ciudad de México
En el documento de la Cuenta Pública 2017 se destaca que de las 127 auditorías en proceso al 30 de noviembre de 2018, algunas presentaban situaciones como complicaciones e impedimentos al personal en el desarrollo de su trabajo.
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En otros casos, dilación y obstaculización en la entrega de información y, en general, en el desempeño de las revisiones, revela el informe.
Todo lo anterior se ha detectado teniendo en cuenta que el Congreso de la Ciudad de México lleva apenas cuatro meses de trabajo y el nuevo gobierno de la capital, apenas mes y medio.
