¿Fueron las mineras?
El asesinato del activista indígena y defensor de la tierra, Isidro Baldenegro, el que para la Fiscalía General de Chihuahua ya estaría esclarecido, tras la identificación del presunto asesino, es un hecho que para la comunidad Rarámuri tiene como trasfondo la lucha de ese pueblo contra los proyectos mineros que se desarrollan en la zona desde hace diez años.
El asesinato del activista indígena y defensor de la tierra, Isidro Baldenegro, el que para la Fiscalía General de Chihuahua ya estaría esclarecido, tras la identificación del presunto asesino, es un hecho que para la comunidad Rarámuri tiene como trasfondo la lucha de ese pueblo contra los proyectos mineros que se desarrollan en la zona desde hace diez años.
Este no es el primer asesinato de un activista que se registra en la zona indígena de Guadalupe y Calvo de Chihuahua. El año pasado otros tres defensores de la tierra, que se oponían a los proyectos mineros de los corporativos Fresnillo PLC, Endeavour Silver Corp., Mex Group Resources y Great Panther Resources, también fueron asesinados.
Los activistas que cayeron muertos el año pasado, cuyos asesinatos no han sido aún esclarecidos, son los de Víctor Carrillo, Elpidio Torres Molina y Valentín Carrillo Palma, quienes, al igual que Isidro Baldenegro, fueron ejecutados a balazos en la comunidad de Coloradas de la Virgen de dicho municipio.
Ante esta situación, las organizaciones Alianza Sierra Madre A.C., la Consultoría Técnica Comunitaria A.C. y Tierra Nativa A.C., han reclamado de manera urgente al gobierno del estado, su intervención, no solo para el esclarecimiento de los homicidas de los cuatro defensores de la tierra, sino también en demanda de medidas de protección para los indígenas que se enfrentan a las mineras trasnacionales.
“Es evidente que el potencial geológico del territorio chihuahuense es muy amplio y favorable para explorar sus recursos naturales, y presenta un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera”, dice la Secretaría de Economía del gobierno federal en el estudio denominado “Panorama Minero del Estado de Chihuahua”, que se oferta a nivel mundial para la invitación de inversiones en nuestro país.
Producto de esa promoción que se ha hecho hacia el exterior, por parte del gobierno mexicano, en los últimos cinco años creció el número de concesiones mineras en esta entidad, pasando por encima del derecho a la consulta al que aluden las comunidades de la etnia Rarámuri frente a todos los proyectos mineros que se han establecido.
En base a datos oficiales de la Secretaría de Economía, Chihuahua, a nivel nacional participa con el 32.75 por ciento en la extracción de oro, 19.19 en la comercialización de plata, 65.29 en la producción de plomo y 39.40 en la extracción de cadmio. Se tienen concesionadas más de 12 millones 861 mil 184 hectáreas de suelo a 37 mineras internacionales, asociadas con inversionistas nacionales, que explotan un total de 123 minas.
A la fecha, existen 74 proyectos de exploración de potenciales minas de oro, plata, cobre, zinc, cadmio y plomo, a las que las comunidades indígenas se oponen por considerar que atentan contra la sustentabilidad de la vida comunal, al pretender arrebatarles recursos como agua, suelo y bosques.
Entre las mineras que actualmente realizan estas exploraciones, se encuentran Western Copper Corporation, Lincoln Gold Corporation, Industrias Peñoles, Southern Silver, Mex Gold Resources, Great Panther Resources, Paramount Gold, Silver Standard, Golden Goliath Resources Ltd., Gold Corp., Gammon Gold Inc., Endeavour Resources, Minas la Victoria de México S.A de C.V., First Point Mineral Corp., Sunburst Mining de México S.A. de C.V., Canarc de México, Recursos Mexican, Mag Silver Corp., Sidney Resources, Canplats Resources Corp., Minera Plata Real S.A de C.V., Minera Tinto S.A. de C.V., Tuleria S.A. de C.V., Norma Mines S.A. de C.V., Cerro Cazador México S.A. de C.V. y Azure Minerals.
Persisten las dudas
Aun cuando no se ha responsabilizado a ninguna de las mineras contra las que luchaba Baldenegro López, la duda sobre las causas de la muerte de este activista, persiste.
En este homicidio, reprobado desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y desde
organismos de peso mundial, como Amnistía Internacional (AI), existe el antecedente de atentados contra la familia de Isidro Baldenegro. En 1986 tuvo que enfrentar la muerte de su padre, Julio Baldenegro, también asesinado por su lucha por la defensa de la tierra.
El homicidio, ocurrido hace más de 30 de años, sigue en la impunidad, denunciaron las dirigentes de Alianza Sierra Madre A.C., La Consultoría Técnica Comunitaria A.C. y Tierra Nativa A.C., Isela González Díaz, Diana Villalobos Díaz y Elvira Villarreal Torres, respectivamente. En un comunicado exigieron al gobierno de Chihuahua, que el homicidio ahora de Isidro Baldenegro pueda ser esclarecido.
“Isidro Baldenegro López, junto con sus autoridades tradicionales y líderes comunitarios, llevaba treinta años de trabajo en la protección y defensa del bosque de su comunidad, luchando en contra de los caciques que dañan los territorios ancestrales”, se expuso en un comunicado conjunto de las tres activistas, donde se atribuye a esa labor social la causa de la muerte del líder comunitario.
Por su lucha, Isidro Baldenegro, fue perseguido por el estado y encarcelado en 2003, acusado de una supuesta posesión de drogas y armas de uso exclusivo del Ejército.
Luego de quince meses de cárcel, y tras ser declarado por la organización Amnistía Internacional como “preso de conciencia”, donde se reconoció su lucha por la defensa de la tierra, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua retiró los cargos imputados en su contra y se le decretó la libertad absolutoria.
Pero la vida ya no fue igual para él. Desde hacía casi tres años, Isidro y su familia salieron de su comunidad, forzados por las amenazas y el hostigamiento de caciques de la región, “que no desisten en su intento de explotar los bosques que legítimamente le corresponde a la comunidad indígena”.
A sus 50 años, sigue el comunicado, “Baldenegro seguía empeñado en proteger el territorio, en congruencia con los derechos y la cosmovisión de su comunidad y de los lugares que les representa un espacio único y sagrado; donde realizan sus ceremonias; donde se da la reproducción de su cultura y donde la vocación de la tierra es meramente para la sobrevivencia de las comunidades”.
Sus últimas luchas
Entre las denuncias que de manera insistente sostuvo el activista Isidro Baldenegro, destaca la que encabezó contra la minera Fresnillo PLC, la que logró la concesión federal para el proyecto de explotación minera en la región de San Julián, a 194 kilómetros de Parral, donde se tiene una mina con una proyección de riqueza de 5 millones de onzas de plata y 500 mil onzas de oro para el año 2018.
De acuerdo a la página oficial de la minera Fresnillo PLC, el proyecto minero de San Julián, que se anuncia como generador de empleos para los habitantes de los municipios de Parral, El Vergel y Guadalupe y Calvo, tendrá una inversión de 500 millones de dólares, con los que se contempla “la construcción de dos plantas: flotación con una capacidad de 6 mil toneladas por día para procesar mineral del cuerpo diseminado y la planta de lixiviación dinámica para el tratamiento de 3 mil toneladas por día de mineral extraído de las vetas”.
Otra de las mineras a las que se enfrentó el extinto líder comunal, fue a Endeavour Silver Corp., la que desde el 2012 inició trabajos de desmonte para la apertura de la mina El Cubo, dentro de la región de Guadalupe y Calvo, donde bajo una superficie de 54 mil 856 hectáreas de suelo, se pretende una extracción de 7.1 millones de onzas de plata y 142 mil 500 onzas de oro.
“De 2003 a 2010 -reconoce la minera en su página oficial- se perforaron 54 mil 418 metros en 189 agujeros, para delinear una chimenea en la prolongación desde la mina histórica de Rosario”. Y estos trabajos se hicieron porque el distrito minero de Guadalupe y Calvo “tiene potencial para incrementar nuestros recursos de plata y oro y convertirse en una mina de oro y plata de alta ley”.
A ese proyecto se opuso Isidro Baldenegro López, hasta el domingo pasado, cuando el agresor, reconocido por la Fiscalía como Romeo R.M., le disparó al activista en seis ocasiones, con una pistola calibre .38, para ultimarlo.