Este viernes, Baja California vivirá una transición histórica con la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez, el primer gobernador que rompe con 30 años de gobiernos panistas en la entidad del nortoeste del país.
Sin embargo, más allá de la victoria que el exsenador y exdelegado del Gobierno federal en la región obtuvo en las urnas el pasado 2 de junio, la determinación de prolongar su periodo de mandato a través de la reforma constitucional conocida como Ley Bonilla, perfilan el acto del 1 de noviembre como uno de los más cuestionados en la vida democrática del país.
Uno en donde Bonilla Valdez no sólo llega con su popularidad disminuida, sino con una lluvia de acciones de inconstitucionalidad y una solicitud de acción declarativa, mismas que se encuentran en trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es que el rechazo hacia la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California –promovida por los integrantes de la XXII Legislatura local el 8 de julio y publicada en el Periódico Oficial de la entidad hasta el 17 de octubre– no sólo ha sido incentivado por los partidos de oposición, sino por integrantes del propio Morena y, de forma reciente, por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) quienes exigieron a las autoridades judiciales marcar una postura definitiva antes de que el nuevo gobernador asuma la investidura.
Este 24 de octubre, el INE presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una acción declarativa, es decir, una solicitud para que la corte indique con claridad que la elección del pasado 2 de junio se disputó únicamente por un periodo de dos años y no cinco como quedó de acuerdo a la reforma vigente al día de hoy.
“Se trata de un primer recurso legal interpuesto por el INE en defensa de la certeza del proceso electoral celebrado en aquella entidad, en el que resultó ganador el hoy gobernador electo Jaime Bonilla, para el periodo que corre del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021”, detalló el máximo órgano electoral a través de un comunicado.
Asimismo, explicaron que en esta “batalla legal” para salvaguardar las prácticas democráticas en Baja California –como el propio INE lo definió– se tiene como precedente el expediente SUP-JRC-22/2019, en donde el propio TEPJF determinó dejar intacto el transitorio 8 del decreto 112, que modificó la Constitución Política de Baja California sobre el periodo de duración de la gubernatura.
El INE establece que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía, produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente
Con la publicación de la reforma constitucional el pasado 17 de octubre, la Ley Bonilla entró por fin en vigor y con ella arrancó el proceso legal de la admisión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los sectores de oposición.
Desde el 10 de julio que se aprobó en los cinco ayuntamientos del estado, la polémica reforma se mantuvo “extraviada” en el Congreso local, justo en el periodo en donde se dio el cambio de los integrantes a la actual legislatura –dominada por completo por Morena.
Por esta razón, partidos políticos, organizaciones civiles y órganos autónomos inconformes no pudieron ingresar sus quejas sino hasta dos semanas antes de la transición de poderes en la entidad.
“Hoy, el respeto a la Constitución que por décadas privilegiamos se ve vulnerado en medio de acciones que intentan extender de forma ilegal el periodo de un gobierno más allá para el que fue electo”, mencionó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas. Esto en el marco de la entrega de la acción legal ante la SCJN.
A la impugnación del PRI rápidamente se le sumaron el PAN, encabezado por su dirigente nacional Marko Cortés y el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, quienes afirmaron que impedirán que se vulnere el orden constitucional y democrático en la región.
También Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y los representantes del PRD presentaron las debidas acciones de impugnación. Todo esto a menos de 24 horas de publicada la reforma al octavo transitorio en la región.
“Hoy presentamos la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la “Ley Bonilla”. Exigimos que el Presidente en uso de sus facultades presente a través de la Consejería Jurídica una Acción similar. Exigimos a la SCJN actué con total independencia y autonomía en este asunto”, dijo Ángel Ávila Romero, secretario general del PRD quien estuvo acompañado por Jaime Martínez Veloz, excandidato a la gubernatura de BC por el Sol Azteca.
Arranca proceso contra Jaime Bonilla
Este jueves 24, el ministro José Fernando Franco González, admitió a trámite los primeros cuatro recursos interpuestos por los representantes nacionales de los partidos de la oposición. Se tratan de las acciones de inconstitucionalidad 112/2019, 113/2019, 114/2019 y 115/2019 cuyos promoventes son las fuerzas políticas del PRI, PAN, PRD y MC.
No obstante, la admisión de estos expedientes –los cuales se encuentran bajo análisis en la Segunda Sala de la SCJN– no pueden impedir que el gobernador electo asuma su cargo el próximo 1 de noviembre por el periodo actual constitucional de cinco años. Pero de conformidad con el propio acuerdo de admisión, se aclaró que una vez resuelto el tema, la gubernatura podría volver a fijarse con término en 2021.
“La admisión no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. El hecho de que el Gobernador entre en funciones el próximo primero de noviembre del presente año no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas.
“En este sentido, no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, informó la SCJN en el acuerdo de admisión de los recursos impulsados por los partidos.
