Jalisco debe una Ley a desaparecidos

La vida de Mayra Hernández, una mujer que rebasa los 50 de edad, ha quedado varada en una fecha del calendario: 30 de agosto de 2013.

Aquel día, ella vio –y asegura casi dos años después– cómo a su hijo Antonio Reynoso se lo llevaron policías estatales; la Fiscalía estatal ha rechazado el testimonio de la madre.

El caso de Mayra y la desaparición forzada de su hijo, en agosto de 2013, se ha vuelto paradigmático, por la incapacidad de las instituciones locales por garantizar los derechos de las víctimas en esta problemática, que en la entidad ha crecido en últimas fechas.

Mayra observó el momento justo en que policías estatales detuvieron a su hijo de 23 años junto a tres personas, en la colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque. No volvió a saber nada más de él desde entonces.

Ante el Ministerio Público, la Policía de la Fiscalía General del Estado únicamente presentó a tres de los detenidos, pero no a Antonio, cuya detención sigue siendo negada por el Estado. 

“Desde un principio ellos (los policías) en su primera declaración jamás presentaron a mi hijo, jamás, siendo que yo lo vi que se lo llevaron. Nunca lo presentaron, nunca llegó y eso es lo que ellos mantienen”, dice Mayra. 

A casi dos años de la desaparición de Antonio no ha habido avances en la investigación de la Visitaduría de la Fiscalía, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) dio por cerrado el expediente. 

Para la Fiscalía, Antonio escapó y está prófugo –se le señala en una averiguación por robo de autos-, y de eso ha intentado convencer a Mayra. 

“Yo no he podido demostrar nada a lo que ellos me comentan. No tengo un video que señale a los policías (…) para mí está muy difícil demostrarlo, pero lo único real aquí es que mi hijo está desaparecido y que yo vi que ellos se lo llevaron. 

“Me dicen en la Visitaduría ‘¿usted los puede identificar? Claro que no, si iban todos cubiertos (con pasamontañas), ni las placas les puedo señalar porque las llevaban tapadas: ‘claro que no, licenciada, yo no puedo reconocerlos’”. 

Esta fue su despedida forzada de Antonio: “Le grité, le dije ‘¿qué está pasando mijo, qué pasó, por qué te llevan?’, y me dijo ‘nada mami, nada mami’, porque ya lo metieron así a la camioneta. Es lo único que pude hablar con él”. 

Ante la falta de respuesta, Mayra acudió a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, que tomó sus muestras genéticas y llamó a declarar a elementos de la Fiscalía. 

Hoy en Jalisco hay en total 14 desapariciones forzadas en manos de la PGR. Con la Unidad, Mayra acudió en noviembre al penal de Puente Grande para tomar la declaración del único detenido aún preso, de nombre Israel, y quien vio la detención y tortura de Antonio. 

“Él vio cuando golpearon a mi hijo hasta que perdió la conciencia y él les decía ‘ya jefes, déjenme’ y lo seguían golpeando. Yo les dije ‘vamos, quiero que lo declaren’ y fui con los de México, fuimos a la penal, lo declararon y él mismo dice que tiene miedo porque está amenazado. Sí lo dijo (que vio lo que le pasó a Antonio) pero no firmó la declaración, él dijo que él lo vio”. 

Es julio de 2015 ya y Mayra a veces cree que a su hijo lo entregaron a algún criminal, que a lo mejor sí está huyendo de algo o que a lo mejor, le hicieron ya un daño irreversible a Antonio. 

 “Y digo qué crueldad, porque eso sigue pasando, porque a mi hijo lo golpearon, desde un inicio lo golpearon, yo lo vi cuando iba sangrando; eso sigue pasando y las autoridades no han hecho nada.

“A veces me da miedo morirme y no saber de mi hijo, y digo ‘tengo que hablar porque si no esto se va a repetir muchas veces más’, y voy a seguir luchando hasta encontrarlo, voy a seguir buscándolo, porque lo quiero encontrar, como sea, pero lo quiero encontrar”, dice la mujer. 

La deuda que no puede esperar

En medio de la crisis de desapariciones tanto forzadas como aquellas en las que el Estado no interviene, el Gobierno y el Congreso de Jalisco le deben aún a sus víctimas una Ley o reformas que reconozcan y amplíen sus derechos, según advierten especialistas y autoridades federales.

Estas deficiencias en la legislación de Jalisco fueron señaladas por el Gobierno federal, dentro del informe que rindió al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su evaluación de 2015. 

Ahí se diagnosticaron las debilidades de los Gobiernos locales en la atención de la desaparición forzada, y sobre Jalisco destacó su rezago con respecto a otros estados, en específico Coahuila y su Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, del 20 de mayo de 2014. 

Dice el diagnóstico que “de esta Ley pueden tomarse en cuenta aspectos importantes a fin de incluirlos en la legislación de Jalisco, como son:

“El reconocimiento de la personalidad jurídica del familiar del desaparecido para solicitar la declaración de ausencia; la obligación del Ministerio Público (MP) de investigar la desaparición de manera inmediata. 

“La protección de los derechos patrimoniales de las familias de los desaparecidos y la reducción de los plazos en el procedimiento de declaración de ausencia por desaparición”.   

La ley de Coahuila le garantiza a las personas desaparecidas su empleo e incluso su salario para sostener a sus familiares; dice su artículo 14: “Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que sean localizadas” y “si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad”. 

También suspende el pago por créditos de vivienda y conserva a sus familiares los derechos y beneficios de seguridad social. El artículo 16 dice: “Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente (…) surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada”. 

El patrimonio de la víctima se ve protegido “incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes (artículo 10)”. Por todo ello, el Gobierno federal concluye con respecto a Jalisco:

“Recomendar la revisión de este documento a fin de verificar la posibilidad de incluir algunos de sus aspectos, a fin de regular en materia de declaración de ausencia por desaparición”.

Jalisco es el cuarto lugar nacional con más desapariciones -2 mil 148-, casi un tercio sin averiguación, y en los dos primeros años del gobierno de Aristóteles Sandoval -2013 y 2014- suman 18 quejas por desaparición forzada, el doble del pasado sexenio. 

No obstante, el único paso en este rubro fue un cambio al Código Civil, el 5 de marzo, que reduce el tiempo para obtener la declaración de ausencia de un año a tres meses, y de presunción de muerte de tres años a seis meses. No más. 

Ley modelo

Francisco Macías, miembro del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), ha valorado así la Ley de Coahuila: 

“Es un modelo de una ley que yo le llamaría de tercera generación; extiende la dignidad de una persona desaparecida, que está certificado que lo está, hay una denuncia; la gente no miente, nadie miente al pasar por eso, y lo que hace es extender esta parte de protección al decir: ‘cúbreles el salario’”. 

Aunque propone que el Estado aporte para la paga y no solo el patrón: “Ahí sí están colocando al centro la dignidad de las personas”.