Jalisco, desaseo financiero
El Informe General sobre la cuenta pública 2017 de la ASF reveló que Jalisco es el tercer estado del país con mayores irregularidades en el manejo de los recursos federales
Luis Herrera[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”1_jgvzjdbx” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
Jalisco obtuvo un deshonroso tercer lugar nacional entre los estados del país con mayores anomalías financieras encontradas en el uso de los recursos federales que recibió en la cuenta pública 2017, esto de acuerdo con el Informe General Ejecutivo, recientemente publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Luego de la investigación se concluyó que, durante el mandato del exgobernador priista, Aristóteles Sandoval Díaz, Jalisco presentó irregularidades por 2 mil 816 millones de pesos (mdp) sobre los fondos que le fueron transferidos del gasto federalizado.
Durante el periodo 2017, únicamen dos entidades federativas obtuvieron resultados peores a los de Jalisco en el uso del gasto federalizado: el Estado de México, que arrojó la mayor bolsa de observaciones por el orden de 6 mil 511 mdp; y en el segundo lugar nacional, Michoacán, con un total de 4 mil 466 mdp.
La administración actual deberá devolver 2 mil 814 millones de pesos, dictaminados como mal empleados a las arcas de la Federación
“El monto total observado en las auditorías realizadas al gasto federalizado ascendió a 35 mil 767 mdp, del cual el 76.1 por ciento correspondió al gasto federalizado programable y el 23.9 por ciento a las participaciones federales. De ese monto 4 mil 632 mdp correspondieron a monto por aclarar y las recuperaciones determinadas suman 31 mil 135.2 mdp (de éstas, mil 270 mdp fueron operadas y 29 mil 864.3 mdp son recuperaciones probables)”, detalla la ASF.
De igual forma, si se comparan los indicadores del estado con respecto al tamaño total de la muestra auditada de gasto federalizado, Jalisco tampoco sale bien librado, pues es el octavo estado del país con el peor indicador al arrojar un 3.6 por ciento de irregularidades.
Entes involucrados
El nuevo informe de la ASF también permite conocer que, de todo el dinero revisado a las instancias de gobierno en Jalisco durante dicho periodo, existen 2 mil 814 millones de pesos que ya fueron dictaminados bajo el concepto de “recuperaciones”, es decir, como fondos que deben ser devueltos a la Federación debido a que fueron mal empleados.
De esta gran bolsa estatal, el mayor derroche fue generado por las dependencias de la administración a cargo de Sandoval Díaz –a las cuales se atribuyen mil 569 mdp perdidos en malos manejos–, sin embargo los municipios también estuvieron implicados, siendo el ayuntamiento de Guadalajara, encabezado en 2017 por el ahora gobernador estatal Enrique Alfaro Ramírez uno de los que resultaron señalados en el informe.
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La Auditoría reporta que durante su gestión, Alfaro Ramírez incurrió en malos manejos de los recursos públicos por un monto de 101 mil pesos. De igual forma, los municipios de Zapopan –gobernado por el representante del Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro desde octubre de 2015– generó montos de recuperación a favor de la Federación por 940 millones de pesos.
Otros municipios auditados fueron Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y San Pedro Tlaquepaque, pero en estos no se hallaron irregularidades que ameritaran la misma clasificación.
Anomalías universitarias
El tercer ente de gobierno en Jalisco al que se le encontraron irregularidades en el dinero federal que recibió en 2017 fue a la Universidad de Guadalajara (UdeG).
La ASF dictaminó que la institución educativa acumuló anomalías estimadas en 303 mdp sobre los subsidios federales que recibió, todo esto durante el año en el que Tonatiuh Bravo Padilla –actual diputado federal del grupo parlamentario del MC y aliado del gobernador Enrique Alfaro Ramírez– fungió como rector general.
Cabe destacar que las recuperaciones por malos manejos detectadas en la UdeG son resultado de la auditoría 206-DS sobre los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. En la misma se concluyeron dos observaciones importantes:
La primera es por dinero que la Universidad no utilizó ni tampoco regresó: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 96 millones 649 mil 606 pesos, más los rendimientos financieros que se generen hasta su reintegro, por los recursos del U006 2017 y sus rendimientos financieros que no se pagaron al 31 de marzo de 2018”.
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La segunda está relacionada con la partida de 250 millones de pesos que la UdeG recibió para edificar un Museo de Ciencias Ambientales dentro del Centro Cultural Universitario; un proyecto muy cuestionado en su momento debido a que la edificación de instalaciones comerciales, hoteles y vivienda se considera un negocio ajeno a los objetivos esenciales de la máxima casa de estudios de la demarcación.
En ambas observaciones se apunta que la UdeG “deberá demostrar que se comprometieron y devengaron la totalidad de los recursos del programa en los plazos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios o, en caso contrario, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación”.
