El operador panamericano

El interés que muestra el Senado de la República por pe- dir cuentas sobre las investigaciones iniciadas en contra del exgobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, y su manda- to del sexenio 2007-2012, pudo haber llegado demasiado tarde. 

Los operadores más importantes y allegados a González Márquez se sabían fuertemente investigados, tanto por instancias locales como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que presentó 23 denuncias penales contra ese gobierno ante la Procuraduría General de la República (PGR), así que tomaron providencias. 

Documentos en poder de Re- porte Indigo revelan que el 16 de mayo de 2014, el exfuncionario al que González Márquez puso al frente de los gastos de los Juegos Panamericanos 2011, Carlos Andrade Garín, realizó cuatro operaciones notariales para desvincular su nombre del vas- to patrimonio inmobiliario del que se ha hecho en la ciudad de Guadalajara. 

Ese día Andrade Garín acudió a la Notaría 33 a cargo de Lorenza Covarrubias Radillo, en Guadalajara, para pasar a terceros cuatro de sus propiedades inmobiliarias, valuadas en 15 millones 840 mil 845 pesos ante Catastro, a través de donaciones entre cónyuges, según documentación transparenta- da por el Gobierno de Zapopan. 

Andrade Garín fungió como director del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud (CODE) de Jalisco en el gobierno de González Márquez, a la par que como director del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag), un ente público que se creó con ese fin específico. 

Sin embargo, en su auditoría 11-1-11L6I-02-0419, la ASF a rma que ese exfuncionario también fue el presidente del Comité Técnico del brazo nanciero que ejecutó los gastos más cuan- tiosos para los Juegos: el Fidei- comiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Pana- mericanos (FINDE). 

A través del FINDE se eroga- ron 2 mil 549 millones 461 mil 62 pesos para los Juegos, y por el CODE Jalisco otros 185 millo- nes 585 mil 152 pesos, así que Andrade Garín fue pieza clave en el destino de más de 2 mil 735 millones de pesos (MDP) en el sexenio de González Márquez. 

En sus auditorías a estos gas- tos la ASF halló diversas anoma- lías, como el pago de honorarios sin contratos que respaldaran las erogaciones, adjudicacio- nes directas y ampliaciones contractuales con irregularida- des en su fundamentación, así como contratos que se hicieron luego de la prestación de los servicios, o sin anexos de los bienes a entregar, sin estudios de mercado, e incluso sin espe- ci car siquiera el tipo de asigna- ción que se siguió. 

En abril de 2014 se hizo públi- co que había tramitado un am- paro –el expediente 446/2014-, ante una eventual orden de aprehensión en su contra. 

Las operaciones

Solo unos meses antes de manos sus múltiples impusiera en otra e que Carlos Andrade Gapropiedades inmobiliarias, en octubre de 2013, el entonces contralor del Estado, Juan José Bañuelos Guardado, del recién llegado gobierno priista, anun-ció la detección de un daño patrimonial en la gestión de González Márquez por 7 mil 573 MDP. 

Además, Rodolfo Ocampo Velázquez había sido detenido en junio de 2013 por la Fiscalía local acusado por el desvío de mil 200 MDP de un crédito que, se suponía, debía servir para llevar agua a las colonias margina- les de Guadalajara. 

Fue en ese tenso contexto que Andrade Garín realizó las cuatro transmisiones patrimoniales ante el Catastro de Zapopan, el 10 de julio de 2014, según los registros que entregó ese gobierno municipal por resolución del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), en el re- curso de revisión 491/2016. 

En la primera transfirió su residencia de 7 millones 782 mil 057pesos, con la superficie de 658 metros cuadrados, y escritura 8 mil 782, en el fraccionamiento Pontevedra, uno de los más lujosos de la ciudad. Por esta transmisión el Gobierno de Zapopan cobró 201 mil 560 pesos, según consta en el recibo o cial 992752AA. 

En una segunda operación transfrió el terreno que se halla anexo a su residencia, con una super cie de 712 metros cuadrados (Lote 12 Manzana C), valuado en otros 3 millones 618 mil 688 pesos, y con escritura 15 mil 695. 

Por este segundo trámite catastral el Municipio de Zapopan cobró 76 mil 659 pesos, en el re- cibo o cial 992753AA. 

Estos valores de las propiedades citadas son de índole catastral, y no comercial, pues en el fraccionamiento Pontevedra, donde reside ese exfuncionario, pueden hallarse inmuebles en venta de hasta 21.9 MDP, o de 11.6 MDP, por dar algunos ejemplos. 

Ese mismo día Andrade Garin hizo una tercera transmisión patrimonial sobre otras residencias, esta en el fraccionamiento Virreyes Residencial, Condominio 5 Virrey Don Antonio de Mendoza, que es otro de los más lujosos de Guadalajara. 

Esa residencia de 190 metros cuadrados está valuada catastralmente en 2 millones 217 mil 100 pesos, y tiene la escritura 2 mil 203; el Municipio de Zapo- pan cobró por la operación 35 mil 677 pesos, en el recibo oficial 992754AA. 

Finalmente también cedió un inmueble del Fracciona- miento Residencial Plaza Guadalupe, Segunda Sección, de escritura 28 mil 083, valuada ante Catastro en 2 millones 223 mil pesos. El Municipio le cobró 35 mil 842 pesos en el recibo oficial 992755AA. 

Las cuatro operaciones ante el Catastro de Zapopan se funda- mentaron en el artículo 49 de la Ley de Ingresos de Zapopan, párrafos tercero y cuarto, los cuales regulan los casos de donación de inmuebles entre cónyuges. 

Daño sin reparar 

Tarde también para Jalisco parece llegar el objetivo del fiscal local, Eduardo Almaguer Ramirez, de reponer el daño patrimonial que se le atribuye a la gestión del exgobernador Emilio González Márquez, precisamente con los bienes y la riqueza de sus exfuncionarios públicos. 

“Lo que yo he instruido y hemos venido trabajando estos últimos meses, es cómo poder vincular al aseguramiento de bienes a la reparación del daño; no solamente es la pena corporal de restringir la libertad, sino cómo recuperas ese daño que le hiciste al dinero de la gente, y es en lo que realmente se ha con- centrado la Fiscalía en estos últimos meses”, así lo declaró el fiscal el 18 de Noviembre pasado, a la estación Radiometropoli.

Sin embargo, ni en esta arena ni en la partidista ha habido acciones contundentes contra el exgobernador, pues el PAN Jalisco, contrario a lo que ha afirma- do públicamente, nunca abrió un proceso formal de expulsión para González Márquez, como lo documentó Reporte Indigo en el reportaje “La farsa panista”, del 4 de octubre pasado. 

En esas declaraciones del fiscal a la estación de radio, con- firmó que existen 11 denuncias penales que fueron presentadas por la Contraloría del Estado en contra del pasado gobierno, y otras tres denuncias directa- mente contra el exgobernador González Márquez. 

“La Contraloría presentó 11 denuncias criminales por malversación de fondos contra di- versos funcionarios de diversas dependencias. En estas denuncias no está señalado de manera directa el ex gobernador del Estado, Emilio González Márquez. 

“De estas 11 denuncias, 10 ya han sido consignadas; una, la última, está por ser consignada porque también tenía que ver con recursos federales, y teníamos que hacer una integración de la averiguación con documentación de carácter federal, que pudiera robustecerla. 

“Pero contra el ex gobernador hay tres denuncias más directamente, pero no de la Contraloría, sino por algunos ciudadanos, algunas organizaciones, que tienen que ver con el manejo de fondos, y con un abuso de autoridad y ejercicio indebido de atribuciones de manera muy importante”, detalló el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez. 

Juegos opacos 

La gestión de los juegos panamericanos 2011 siempre fue profunda- mente opaca. Las decisiones sobre su conducción se tomaban en una pequeña camarilla de funcionarios, reacios a transparentar la información ante los medios, y más cuando eran independientes y críticos. 

Nunca se le advirtió a la sociedad jalisciense, por ejemplo, que el costo total del evento ascendería a los 8 mil 672 MDP, como finalmente ocurrió; y no fue sino hasta más de un año después de su término, el 11 de enero de 2013, que se informó públicamente del boquete financiero que le había dejado al Gobierno estatal por 3 mil 200 MDP. 

En el informe que la ASF turnó a la Cámara de Diputa- dos en 2015, sobre el estado de la “solventación” de sus observaciones a marzo, con- signa que solicitó sanciones en al menos 15 casos en contra de los responsables del CODE Jalisco, por las irregularidades que halló en contrataciones por 298.7 MDP, en las cuentas públicas de 2009, 2010 y 2011. 

Un ejemplo muy claro: la ASF detectó la siguiente anomalía sobre un gasto de 160 mil 900 pesos, en su auditoría 10-1-11L6I-02-0868: 

“Se constató que el CODE Jalisco compró a un proveedor, con recursos del FINDE en 2010, equipamiento deportivo (redes, postes, líneas, banderolas, paletas para voleibol, rastrillos de playa, plataformas para jueces, marcador, antenas, etc). 

“Como resultado de la vi- sita domiciliaria de la ASF, se observó que la actividad registrada en el Servicio de Administración Tributaria por el proveedor corresponde a la fabricación de corcholatas y otros productos troquelados, actividad que no está relacionada con los bienes objeto del contrato”. 

A ese monto de casi 299 MDP en anomalías reportado a los diputados, pueden sumarse otras, como las halla- das en la auditoría 10-1-11L6I- 04-1076, donde la ASF afirma: 

“El CODE autorizó cambiar el sitio para la construcción del Estadio de Atletismo” para los Panamericanos, lo que causó “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 100 MDP”, pues los erogó “sin que se hubiera acreditado con las facturas, estimaciones y generadores los trabajos ejecutados y los materiales adquiridos por la contratista”. 

Andrade Garín fue la cabeza del CODE Jalisco desde junio de 1996 hasta febrero de 2013, cuando llegó el actual gobierno priista, aunque este lo sustituyó por uno de sus más cercanos colaboradores, André Marx Miranda. 

Cuando aquel dejó final- mente su cargo tras casi 17 años en el CODE, tenía un sa- lario de 131 mil 563 pesos; en 2006 era de 104 mil 50 pesos. 

A la lista negra 

Los múltiples señalamientos por malos manejos que pesan sobre la gestión del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, han llevado a que este termine por ser incluido en ese deshonroso grupo de exmandatarios que se encuentran en la mira de las autoridades, tanto de índole federal como local. 

Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz; César Duarte Jáquez, en Chihuahua; Guillermo Padrés Elías,en Sonora; Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo; y González Márquez, en Jalisco. 

Es el PRI el que está promoviendo desde el Senado un acuerdo para pedir cuentas sobre las indagatorias contra González Márquez, en dicho documento recuerda el daño patrimonial que se la adjudicó por más de 7 mil 573 MDP, y aúna: 

“A finales del mes de marzo de 2016, Juan José Bañuelos –el entonces contralor de Jalisco- destacó que la decisión final de detener o no a los casi 30 exfuncionarios de la pasada administración, señalados en las 12 denuncias penales que presentó la Contraloría, le corresponde a la Fiscalía General, quien también reveló que muchos de ellos están amparados o ya no están en el país. 

“El Senado de la Re- pública solicita respetuosamente a la Contraloría de Jalisco envíe a esta Soberanía un informe pormenorizado relativo al avance existente en los procedimientos administrativos y penales iniciados por las presuntos desvíos de recursos, detectados a la administración del exgobernador panista Emilio González Márquez, así como a varios de sus más cercanos colaboradores”.