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Quizá la terrible fama pública que envuelve a los partidos políticos en Jalisco es en realidad inmerecida, o los métodos de fiscalización sobre los recursos públicos que ejercen, tarea aún hoy en manos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), son por demás limitados y poco eficaces.
Del 2007 al 2012, periodo cuya revisión está concluida del todo por el IEPC, los partidos políticos recibieron del erario estatal casi mil millones de pesos, y no obstante, las irregularidades sobre su gasto les generaron sanciones que no alcanzaron ni el punto porcentual de ese gran monto.
La Unidad de Fiscalización del IEPC, creada tras la penúltima reforma político-electoral del 2007, fue facultada para indagar los fondos de los partidos.
Incluso puede recurrir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, órganos capaces de detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o, al menos, ajenos a las distintas fuentes previstas en la ley, pero los resultados son tan pobres como esto:
Si durante ese lapso los partidos obtuvieron 926 millones 424 mil 183 pesos del presupuesto estatal, las sanciones impuestas por el IEPC tras el análisis de su aplicación son de solo 8 millones 359 mil 745 pesos: el 0.9 por ciento.
El castigo se divide en dos: 4 millones 556 mil 92 pesos por multas ejecutadas, y 3 millones 803 mil 653 pesos por devoluciones presupuestales que debieron hacer los partidos.
Estos reintegros, de hecho, solo pueden ordenarse por el IEPC sobre un 5 por ciento del total de los fondos de los partidos, una parte mínima, pero etiquetada para actividades específicas (educación y capacitación, etc) y para el liderazgo político de la mujer; si no cumplen con ello, deben regresarlo.
El instituto político más sancionado en este tiempo por el IEPC es el PRI, con un monto de 2 millones 752 mil 344 pesos.
Le sigue el PRD, con un millón 508 mil 435 pesos, y en tercer lugar Nueva Alianza, el brazo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), creado por Elba Esther Gordillo, con un millón 352 mil 593 pesos.
En este informe elaborado por la Unidad de Fiscalización no hay registro de ninguna penalidad para el PAN, que tuvo, sin embargo, el fondeo público más importante.
En la campaña del 2012 los partidos contaron con recursos estatales por 111 millones 214 mil 956 pesos para la obtención del voto, extra a sus 185 millones 358 mil 261 pesos ordinarios.
Los señalamientos de corrupción fueron la constante: rebases de topes de gasto, compra de votos, acarreos, inyección de recursos empresariales, uso de estructuras y programas gubernamentales, y tantos etcéteras.
Pese a todo, las sanciones resultantes del proceso ascendieron a 916 mil 619 pesos, más otros 122 mil 107 en la precampaña: para el PRI (676 mil 278 pesos), para Movimiento Ciudadano (240 mil 340 pesos) y el PRD (122 mil 107 pesos).
Futuro incierto
El problema de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos está muy claro para su director, Héctor Javier Díaz Sánchez: la revisión se da básicamente sobre el gasto que reportan los mismos institutos políticos, a través de medios como sus informes financieros, y lo que dejan fuera de ese “espectro” formal, no está a la vista de la autoridad.
“Lo que se entrega efectivamente es lo que se revisa. Por supuesto que tengo la impresión, y no solo yo la tendré -la tendrán todos los ciudadanos- que habrá recursos no necesariamente públicos que no entran al espectro de la revisión, sin embargo, bajo los mecanismos que tenemos al día de hoy, no han podido ser detectados”.
También es cierto que, pese a las múltiples y mutuas acusaciones de los partidos, las quejas elaboradas en materia de financiamiento han sido solo seis del 2008 a la fecha.
La reforma político-electoral del 2013, a la que recientemente se ajustó Jalisco, trae cambios relevantes. De entrada, la fiscalización de los partidos ya no es del IEPC, sino del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con el nuevo marco legal para el país (las leyes generales de Partidos Políticos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en Materia de Delitos Electorales), se reforzará la fiscalización, dice Díaz Sánchez.
Principalmente con una contabilidad en línea y homogénea para aumentar la rendición de cuentas y transparencia, además de que ordena para cada estado la creación de fiscalías especializadas para actuar desde el ámbito penal.
Si la clave, como dice el director, está en que el ciudadano cuente con más información para que denuncie cualquier irregularidad de los partidos, la reforma deberá ayudar a ello.
Los cambios legales en Jalisco prevén que la Unidad de Fiscalización ya solo se haga cargo de las agrupaciones políticas locales, como Alianza Ciudadana, pero su futuro es incierto. Hasta el ejercicio 2014 seguirá con sus labores ordinarias porque así lo acordó el INE, después, hay tres escenarios posibles:
“Que el INE delegue la fiscalización ordinaria de los partidos, que me parece muy probable por las capacidades (de las) que en este momento el INE carece; que el INE delegue y absorba las Unidades de Fiscalización, o contrate de manera total o parcial al personal; o que desaparezca la Unidad en virtud que el INE hace la fiscalización y prescinda de esta Unidad”, considera.
Fondos del PRI para Ayón
Antes de que Elisa Ayón Hernández, la exregidora tapatía, se volviera esta falla imprevista en el sistema político jalisciense, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI confiaba lo suficiente en ella como para dejar en sus manos casi 900 mil pesos de su presupuesto.
Cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PRI determinó su expulsión, el 5 de mayo del 2014, argumentó que “se acreditó que la hoy expulsada incurrió en actos de corrupción y falta de probidad, derivado de irregularidades en su situación patrimonial”.
La exregidora fue señalada por “rasurar” parte del salario de trabajadores de Panteones, y de exigir dádivas a cambio de que el Ayuntamiento de Guadalajara reactivara los operativos para retirar al ambulantaje. A ella el PRI Jalisco le entregó 866 mil 500 pesos mediante la expedición a su nombre de 20 cheques, de enero del 2012 a septiembre del 2013, según su portal.
Su entrega se registró como “apoyo” para la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que dirigió y que aglomera a parte de esos ambulantes a los que el Ayuntamiento tapatío cedió el Centro Histórico.
Cuando el senador Jesús Casillas quedó al frente de la CNOP –a lo que se resistió la exregidora-, informó el partido: “Hugo Contreras, presidente del PRI Jalisco, dijo que este sector es uno de los más importantes del priismo (…) Reconoció así mismo el liderazgo de Elisa Ayón, y su trabajo, que la han hecho destacar en la política, comprometida siempre con su partido, al que ayudó a triunfar para, tras 18 años, recuperar la gubernatura de Jalisco”.
