En Jalisco el crimen se combate estadísticamente.
Los índices de inseguridad se han reducido en los últimos años. Pero no porque haya bajado la violencia, sino porque parecería que la autoridad quiere dar la percepción de que en el estado no pasa nada.
Por eso las denuncias se han reducido en un 20 por ciento en los últimos años y se han detectado variaciones en las cifras de asesinatos de la Secretaría de Salud y la Procuraduría del estado.
Es una realidad que las autoridades estatales quieren ocultar para seguir manteniendo la percepción de que Guadalajara es la metrópoli mexicana menos violenta.
Pero académicos y especialistas en temas de seguridad y procuración de justicia ya detectaron el modus operandi de las autoridades jaliscienses.
Porque en Jalisco de 10 denuncias que se interponen solo ocho se traducen en una investigación. El 20 por ciento se queda como expedientes o actas circunstanciadas.
En entrevista para Reporte Indigo Guillermo Zepeda Lecuona investigador del ITESO habló sobre este maquillaje en las cifras y los retos del estado en materia de seguridad.
El académico señala que en México “si el sistema judicial fuera negocio, habría que quebrarlo tres veces al año”.
Además indica que en Jalisco hay un uso desproporcionado de la prisión pues el 60 por ciento de la gente que está en la cárcel es por un delito menor.
Y es que aunque en los últimos 15 años ha crecido en un 500 por ciento la población carcelaria, los jaliscienses no se sienten 5 veces más seguros.
De 2010 a 2011 a impunidad en los asesinatos creció de 60 al 70 por ciento.
También se triplicaron los homicidios: en 3 años fueron de 380 a mil 222.
Y las estadísticas que más le agradan al gobierno de Emilio González Márquez son las de Guadalajara aunque la violencia se vive al interior del estado, en los municipios fronterizos con Zacatecas y Michoacán.
Ahí la guerra entre cárteles ha secuestrado poblados enteros.
Pero esas noticias nunca llegan a la metrópoli “más segura” de México.
En Guadalajara se sigue volteando a ver a otro lado cuando se habla de enfrentamientos entre grupos criminales en municipios alejados de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Además en el estado había una de las mejores áreas de homicidios del país, pero en los dos últimos años fue atacada a balazos en varias ocasiones y asesinaron a dos de sus titulares.
Es un deterioro integral que confunde a los jaliscienses pues mientras en las calles se vive un clima de violencia mayor, el gobierno de Emilio González Márquez continúa vendiendo que Guadalajara no se ha visto alterada por la espiral de violencia del país.
Pero son varios los investigadores que llevan conteos de cifras de seguridad del estado e indican lo mismo: a partir de 2003 los datos oficiales están manipulados.
Esto lo señaló Rafael Ruiz Harrell del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad A.C. desde febrero de 2006.
Por su parte Zepeda Lecuona señala que en Jalisco antes se denunciaba mucho, y ahora es de los estados donde menos se denuncia.
Lo anterior se debe principalmente a dos cosas: la desconfianza a las autoridades y lo inaccesible que es tener que ir hasta la Calle 14 en la Zona Industrial, donde todos los tapatíos tienen que acudir a presentar una denuncia y luego regresar a ratificarla.
Así las cosas, Jalisco posee una cifra negra de denuncias más alta que el resto del país.
Porque a nivel nacional se denuncia el 13 por ciento de los delitos, y en el estado sólo el 10 por ciento, con lo que aproximadamente el 90 por ciento de los crímenes no se registran en las cifras de seguridad.
De este modo las autoridades mantienen una paz de papel, una cifra conveniente que obliga a los candidatos a decir incluso que ratificarán al mismo gabinete de seguridad.
Pero la realidad es cada vez más evidente para los jaliscienses.
Respecto a esta simulación y el deterioro institucional que existe en Jalisco, Zepeda Lecuona cita a Octavio Paz: “cuando la verdad legal no se parece a la verdad verdadera, se aclimata la mentira”.
Una ‘bomba silenciosa’
Guillermo Zepeda Lecuona habla sobre la urgencia de reducir la saturación penitenciaria en Jalisco
Jalisco tiene el segundo sistema penitenciario más saturado del país. Sólo está por debajo del Distrito Federal.
La ocupación penitenciaria es de 180 por ciento en promedio.
Pero esta cifra es resultado de la media entre los Centros Integrales de Justicia Regional (Ceinjure) que están al 60 por ciento de ocupación y Puente Grande que está a más del doble de su capacidad: a un 240 por ciento.
Por eso Zepeda Lecuona insiste en que el tema penitenciario es una bomba silenciosa que podría estallar pronto.
Porque además en Jalisco se mete a la cárcel a los infractores menores y se gastan recursos en un sistema que más rehabilitar corrompe más.
Y es que el investigador del ITESO asegura que en las cárceles de Jalisco existe autogobierno.
Según sus cifras el 58 por ciento de la gente que está en prisión en Jalisco están en proceso, es decir, ante la constitución son inocentes.
Y el 70 por ciento de los que están en la cárcel durante su proceso están ahí por robo y la mitad por robar menos de mil pesos.
Además, el sistema gasta mucho dinero en procesos infructuosos.
Porque al año se denuncian 9 mil 500 casos de daño patrimonial en carros chocados por automovilistas que no cuentan con seguro.
Debido a esto se generan mil 800 procesos penales, y se gastan 8 mil pesos de averiguación previa, 12 mil de pesos de proceso penal para ver quien aboyó una salpicadera de 4 ó 5 mil pesos.
Y es que aunque Jalisco tiene la mitad de los habitantes del Estado de México, tiene casi el mismo número de reclusos: 16 mil 700.
Para Zepeda Lecuona es importante que se meta a la cárcel a los criminales que cometen los delitos que “nos quitan el sueño”, y no personas inocentes o infractores menores como sucede con frecuencia en el sistema jalisciense.
“Ese 5 por ciento de delincuentes generan el 60 por ciento de los delitos que nos quitan el sueño: el secuestro, el robo de vehículos, eso lo hace un número reducido de personas”.
Y el gobierno de Jalisco subestima los delitos patrimoniales que le afectan al ciudadano común a través del “expedientillo”.
Entonces evitan que se ponga una denuncia por robo de pasaporte, y se reporta como un “extravío de documento”
A esta manipulación de las cifras de denuncias Zepeda Lecuona la llama el “Alzheimer colectivo” de 2 mil personas o 3 mil personas que “extravían” sus cosas y aunque en realidad fue un robo, el gobierno no investiga.
¿Quién es Guillermo Zepeda Lecuona?
Es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas penales, reforma judicial, seguridad ciudadana y justicia penal, entre otros.
Es candidato a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en políticas públicas por Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Zepeda Lecuona forma parte del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) en donde coordinó el proyecto “Seguridad Ciudadana y Justicia Penal en México”.
También es profesor en diversos posgrados sobre política y gestión pública.
Autor de los libros, “Crimen sin castigo: Procuración de Justicia Penal y ministerio público en México”, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDE). “Análisis técnico de la propuesta de reforma al sistema de justicia mexicano”, publicado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.
En 1999 recibió el Premio Nacional de Derecho y Economía.
Actualmente es profesor del Instituto tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, (ITESO) Universidad Jesuita de Guadalajara en donde dirige el proyecto de Aplicación Profesional sobre Justicia Penal.
También imparte en la licenciatura de derecho el curso, “Reformas Penales y Sistema de Juicios Orales”.
