"No puede ser que sigamos teniendo un muestrario de transporte masivo. Eso no es una red de transporte público porque no está integrada ni siquiera tarifariamente”
El alcalde electo de Guadalajara, Ramiro Hernández García, obtuvo la mayoría de los votos gracias a la coalición del PRI con el Partido Verde Ecologista (PVEM).
Pero esto no da certeza a los ciudadanos tapatíos de que el próximo edil trabajará en temas que propicien el desarrollo sustentable de la capital del estado.
Y no es el único caso. Varios de los ganadores de la contienda del primero de julio se encuentran en la misma situación.
Ninguno de los candidatos electos se preocupó por dar seguimiento a una agenda pública ambiental consistente durante su campaña.
Todos hicieron propuestas vacías según la evaluación de Mario Silva Rodríguez, integrante del Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ). Y precisa que los funcionarios salientes también están reprobados en materia ambiental.
Esto quiere decir que en el futuro inmediato de Guadalajara no se vislumbra que se pueda convertir en una metrópoli con escala humana, movilidad y un medio de transporte sustentable.
Y es que a pesar de que la Plataforma Metropolitana de Sustentabilidad expuso estos asuntos a la opinión pública desde mayo, no hubo eco en las propuestas de los candidatos.
Ni siquiera los políticos del PVEM, que enarbolan la bandera verde, plantearon una agenda en común con las organizaciones civiles que buscan construir un futuro sustentable para la ciudad.
La Plataforma Metropolitana está integrada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas exclusivamente a temas de medio ambiente y ciudad.
Este colectivo surgió para dar continuidad a la labor del Consejo de Movilidad no Motorizada, creado hace poco más de cinco años y responsable de la elaboración del Plan de Movilidad no Motorizada de Guadalajara.
Transporte público politizado
El gobierno de Emilio González Márquez deja una enorme lista de pendientes al ejecutivo estatal entrante.
Y es que en los casi seis años de gobierno, el panista hizo poco para dotar a la ciudad de un transporte público más eficiente.
El proyecto del Macrobús quedó entrampado en un pleito político del Gobierno del Estado con el PRI, partido que una vez instalado en las alcaldías de la ZMG entorpeció todas las iniciativas de ampliación de dicho transporte.
El conflicto aparentemente se solucionó con la firma del acuerdo para el Sistema Integral de Transporte Intermodal (SITI), un proyecto que incluía la posibilidad de operar un tranvía desde Zapopan hasta el centro histórico de Guadalajara.
Esta propuesta sigue congelada, y ni siquiera se iniciará antes de que termine el periodo de gobierno de Héctor Vielma Ordóñez, quien se había comprometido a arrancarlo antes de salir de la Alcaldía de Zapopan.
De hecho, invirtió más de 20 millones de pesos en la elaboración de un nuevo estudio de factibilidad del proyecto a pesar de que los alcaldes metropolitanos ya habían pagado un estudio similar. Y hasta ahora, nadie conoce los resultados de ambos análisis.
Y el gobierno de González Márquez tampoco se preocupó por reordenar el transporte público convencional. En cambio, actuando de la mano del Poder Judicial, permitió que operaran más líneas piratas.
El ambientalista Mario Silva Rodríguez afirma que lo preocupante es que los candidatos que contendieron por la gubernatura de Jalisco no hicieron propuestas claras para regularizar el transporte público convencional.
Dice que ninguno de ellos planteó emprender acciones legales contra los consorcios que operan de manera irregular.
Acusa al Poder Judicial de Jalisco de proteger a los operadores del transporte pirata porque les permite operar líneas que no cumplen la reglamentación.
Incluso, algunas de ellas compiten con el Macrobús en la Calzada Independencia.
El especialista expresa que fue un error que los candidatos se enfrascaran en discutir quién pondría más líneas del tren ligero y del BRT (Macrobús).
Y es que los más conservadores ni siquiera se comprometieron a ampliar al Macrobús. Se conformaron con proponer opciones de reordenamiento.
Tal es el caso de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador electo, quien aseguró que reordenaría el Macrobús con vehículos más pequeños y de piso bajo, pero sin destinar un carril exclusivo para su circulación, lo cual contraviene el concepto original de este tipo de transporte, y hasta lo vuelve peligroso.
Silva Rodríguez afirma que el crecimiento de la infraestructura de transporte masivo debe ser ordenado.
“No puede ser que sigamos teniendo un muestrario de transporte masivo. Línea y media del Tren Ligero y una de BRT con rutas alimentadoras que nadie fiscaliza. Eso no es una red de transporte público porque no está integrada ni siquiera tarifariamente”.
Y es que la norma técnica de prepago aprobada en 2010 definía que, a más tardar en 2012, se debía contar con el prepago electrónico, pero es un compromiso incumplido.
Esta situación afecta directamente al transporte público porque el sistema no está homologado ni es intermodal, por lo que muchos usuarios prefieren no usarlo.
“No tenemos ni siquiera el prepago de alcancía, ni el prepago electrónico. En el histórico de los compromisos de los transportistas con el Ejecutivo, nunca han cumplido, no tenemos por qué darles más subsidio”, advierte el ambientalista.
Agrega que con la cancelación del pago de la tenencia, el Estado de Jalisco enfrentará una crisis económica que le impedirá construir más infraestructura para el transporte, a menos que los recursos salgan de otras partidas.
Por eso insiste en que se debe desincentivar el uso del automóvil imponiendo opciones efectivas, aunque quizá impopulares, como cobrar impuestos a quien acuda al centro histórico en automóvil, además de aumentar las tarifas de los estacionamientos y los parquímetros, entre otras.
Metropolización pendiente
Sin duda, un tema urgente es integrar un esquema de metropolización, aunque esta iniciativa sigue siendo una novedad en localidades como Juanacatlán, Ixtlahuacán y El Salto, donde no se propuso nada al respecto.
En los otros cinco municipios que integran el área metropolitana, la oferta de políticas públicas fue dispar.
Para empezar, ninguno de los aspirantes a las alcaldías se atrevió a hablar de ordenamiento ecológico territorial, un sistema de armonización de las ciudades que integra a todos los sectores y que es independiente de los cambios de gobierno, lo cual no sucede con los planes parciales de desarrollo que actualmente desarrollan los municipios, ya que son modificados por el gobierno en turno.
La atribución de regular el ordenamiento territorial es exclusiva de los municipios, de ahí la importancia de cambiar la forma de hacerlo.
Quienes contendieron por las alcaldías tampoco tomaron en cuenta que los gobiernos municipales deben asumir la responsabilidad de contrarrestar el calentamiento global.
Especialmente en Guadalajara, que es considerada el Silicon Valley mexicano por las grandes industrias que se han establecido en la ciudad.
Los gobernantes de Jalisco deberían tomar como referencia lo que ha hecho Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno del Distrito Federal.
La Ciudad de México impulsó el sistema Ecobici, que cuenta ya con 30 mil usuarios y ha logrado reducir la circulación de vehículos en perímetros bien definidos, además de alimentar a otro tipo de transportes.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), nadie “salió del clóset” para proponer algo semejante, dice Mario Silva Rodríguez.
El manejo de residuos tampoco formó parte de la agenda electoral pese a que existe una legislación al respecto y se exige a los municipios separar la basura.
Ante la ausencia de propuestas, Silva Rodríguez anticipa que en los próximos tres años no habrá mayores cambios.
Sobre todo porque el Instituto de Planeación Metropolitana, creado hace menos de un año por los gobiernos de la ZMG, sigue en el limbo reglamentario. Nadie se responsabiliza de esta instancia.
El Legislativo no aporta soluciones
En la conformación de una agenda ambiental, el Congreso del Estado de Jalisco también es un actor primordial. Pero la actual legislatura deja muchos pendientes porque su desempeño fue muy pobre, asegura el activista.
Y lo paradójico, agrega, es que esta legislatura es la que ha convocado a más foros de consulta.
Pero los foros no fueron suficientes para articular iniciativas de ley. Si acaso, sirvieron para definir un punto de acuerdo, como una ley en favor de los ciclistas.
Tampoco se modernizó la normatividad del transporte público.
Silva Rodríguez atribuye el rezago del Congreso a que no existen interlocutores de altura, por eso los temas ecológicos siempre se quedan al margen.
Considera que es necesario vigilar la actuación de la nueva legislatura, sobre todo de las comisiones de Transporte, Medio Ambiente, Metropolización y Desarrollo Urbano.
No obstante, reconoce que el gran tema de fondo sigue siendo la educación ambiental, ya que ninguna restricción –aunque esté contenida en la ley– hará que el ciudadano cambie de hábitos.
Silva Rodríguez afirma que el cambio de conductas individuales es lo único que puede contribuir a reordenar el territorio, así como reducir el uso de automotores, la generación de residuos y el consumo de agua y energía.
Plataforma metropolitana: Ejes de acción
— Accesibilidad para todos
— Territorio ordenado
— Metrópoli en escala humana
— Movilidad y transporte sustentable
— Desincentivar el uso del auto
— Infraestructura para la participación ciudadana.
