[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_cbn1pvk2″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] El homicidio de los tres estudiantes de cine ocurrido en Jalisco no es un caso aislado. La juventud mexicana se ha convertido en uno de los blancos predilectos de la delincuencia, siendo actualmente las principales víctimas de desaparición y de homicidio, según cifras oficiales y del INEGI.
Casos como el de Jalisco hacen recordar otros episodios recientes de violencia contra los jóvenes de este país, como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. O el de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2016.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad son los que concentran la mayor cantidad de averiguaciones previas por desaparición.
De las 34 mil 268 personas en todo el territorio nacional que nadie sabe en dónde están, 13 mil 806 son jóvenes; es decir, que 4 de cada diez desaparecidos se encuentran en ese rango de edad.
Pero los jóvenes no sólo desaparecen, también son privados de la vida en una amplia proporción.
Los datos de mortalidad del INEGI revelan que durante los primeros cuatro años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2013 a 2016) 31 mil 552 jóvenes fueron víctimas de homicidio.
Por su parte los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan que en total, durante ese mismo periodo, 71 mil 82 personas fueron asesinadas.
Los problemas en el sistema de justicia relacionados con la preparación de policías locales, fallas en el sistema penal y falta de procuración de justicia, influyen en que los jóvenes sean un sector de la sociedad particularmente vulnerable, señala David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.
“El hecho de que la juventud sea víctima de violencia no es exclusivo de este sector, hablamos de un problema en general. Y es que hay consecuencias casi nulas a la actividad criminal.
Cuando nos intentamos explicar este fenómeno y vemos la alta cifra negra que hay en el país por la ausencia de denuncias y cómo se incrementa de acuerdo a la gravedad de los crímenes, por ejemplo, en el caso del secuestro hay muy pocas denuncias, entonces es esa conjugación la que hace posible que se sigan cometiendo delitos”, apunta Ramírez de Garay.
Y es que la violencia en contra de los jóvenes es un problema que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han podido contener; por el contrario, los índices de delitos como el homicidio fueron a la alza en los primeros años de la actual administración federal.
Mientras en el 2013 -primer año del actual sexenio- el INEGI enlistó 8 mil 419 homicidios en contra de jóvenes, para el 2014 esta cifra se redujo a 6 mil 926 casos. Sin embargo, a partir de ese año, la violencia se recrudeció y para el 2015 el número de víctimas repuntó a 7 mil 349. Para el 2016 la tendencia continuó hasta registrar 8 mil 858 asesinatos juveniles.
En el caso de las 13 mil 806 desapariciones de personas de entre 15 y 29 años de edad, el 63 por ciento han ocurrido durante el actual sexenio, de acuerdo con el RNPED.
Al igual que los homicidios, este problema que aqueja a la juventud ha ido en aumento.
Mientras en el 2015 se abrieron mil 408 carpetas por casos de desaparición de jóvenes, el 2016 cerró con mil 940; el 2017 fue el año con mayor número de expedientes desde que el RNPED tiene registros, pues hubieron 2 mil 183. Entre enero y marzo del 2018, el Registro Nacional ya contaba 152 denuncias por desaparición.
La debilidad del Estado para controlar el territorio ante los grupos del crimen organizado y la desigualdad de oportunidades y de incentivos sociales para respetar las leyes son algunos de los factores que inciden en que la juventud sea el foco de la delincuencia e, incluso, de algunas autoridades coludidas con los delincuentes, expresa Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
“El problema no es ser joven en el país, el problema es que el Estado no controla el territorio. Si nosotros tuviéramos el control del territorio habría jóvenes que morirían pero por otras razones, como sucede en todos los lugares del mundo. Lo que no sucedería es que un policía te prive ilegalmente de la libertad y te entregue a un delincuente”
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