Jueces sin juicio

Liberar secuestradores, retener a un hombre inocente durante siete años en la cárcel, retrasar la justicia por meses, abusar de su autoridad, ordenar la detención de un abogado, aunque había pagado su fianza, es una muestra de los excesos que han cometido algunos jueces jaliscienses. 

Hace unos días fue destituido el juez Mario Hernández Martínez, titular del Juzgado Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial, por haber mantenido a un hombre inocente en la cárcel durante siete años, debido a que su expediente se le había traspapelado. 

El caso de Hernández Martínez logró conocerse luego de una visita extraordinaria que realizó el Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ) a las instalaciones del juzgado. 

En entrevista con Reporte Indigo, el consejero presidente de la Comisión de Vigilancia, Jaime Gómez, explica que la mejor forma de evitar los actos de corrupción e irregularidades en la impartición de justicia es realizando visitas extraordinarias a los juzgados, como la que se hizo en las instalaciones del lugar del trabajo del juez destituido. 

La Comisión de Vigilancia es el órgano encargado de revisar la actuación de los funcionarios del Poder Judicial de Jalisco; cada seis meses, mínimo, se realiza un corte de caja del trabajo de los juzgadores. 

Y al año la ley determina dos visitas ordinarias a las instalaciones de los juzgados, con previa notificación sobre la fecha en que se asistirá. 

“Hemos implementado también una serie de visitas extraordinarias, como la que realizamos alJuzgado Tercero de lo Penal en marzo pasado, que detectamos ahí una irregularidad, al final se inició el procedimiento y culminó con el cese del juez. 

“El tema de las visitas ordinarias es que están programadas con anticipación. Se le notifica a los servidores públicos que va a ir la Dirección de Visitaduría, entonces eso permite que el personal del juzgado eficientice (sic), que abatan las cargas de trabajo. Precisamente la razón de ser de la visita extraordinaria es que no se la esperen y ver cuál es el estado real del juzgado. Esto nos ha permitido abatir el rezago que hay en los diferentes juzgados y dar con una serie de irregularidades, como esta”, indicó el consejero Jaime Gómez. 

De este modo se asegura que un funcionario judicial será sancionado cuando actúe mal, pero no se evita la entrada de jueces o empleados con antecedentes delictivos, o de una actuación previa irregular.

Sin control, ni confianza 

Este tipo de hechos ponen a la mesa de nuevo el debate sobre los exámenes de control de confianza para los juzgadores. 

En el Poder Judicial Jalisco lograron evadirlos mediante un recurso a su favor que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Para el consejero Gómez, la controversia en la que la SCJN determinó la inconstitucionalidad de las pruebas de control de confianza para el Poder Judicial de Jalisco, es la división de poderes, pues las pruebas serían aplicadas desde los centros del Ejecutivo. 

Por otro lado, el funcionario encargado de la Comisión de Vigilancia indica que los filtros de contratación de los jueces servirían como estos exámenes, pues presentan su declaración patrimonial, así como su informe de actividades cada seis meses. 

“Nosotros tenemos un proceso de selección para todos los servidores públicos, y básicamente con los jueces hay una serie de… se hace una convocatoria pública para que participen, bueno se requiere ser abogado, tener reconocida capacidad, cinco años de titulado, y sobre todo tener carrera judicial. 

“Se les practica una serie de exámenes de conocimientos, se evalúa su trayectoria y con base en eso se selecciona quiénes son los mejores de esas gentes que participan”, señaló el consejero Gómez. 

Se procede contra un funcionario del Poder Judicial de Jalisco luego que se interpone una queja de un afectado, o se encuentra alguna irregularidad en sus informes de trabajo, pero la probidad del funcionario es un asunto que es revisado al interior del Consejo. 

Aunque el CJJ inició en abril del año pasado un Plan Anticorrupción para evitar que este tipo de funcionarios permanezcan en sus cargos, lo cierto es que la lentitud de la autoridad para revisar un caso como el del juez Hernández Martínez también ponen en entredicho la calidad y la cantidad de las investigaciones e inspecciones que realiza la citada campaña. 

Con el plan, el número de quejas subió de 30 a 40 por ciento, pero a la fecha la Fiscalía General del Estado (FGE) solo investiga a un juez por cohecho derivado de las sanciones del CJJ: a quien fuera el titular del Juzgado Primero de lo Penal de Puerto Vallarta, Miguel Valenzuela, acusado de liberar a unos secuestradores y recibir dinero a cambio. 

La oportunidad perdida

El 31 de marzo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión de gran trascendencia para los jaliscienses: declaró la invalidez de todos los artículos de la Ley de Control de Confianza del Estado que obligaban a los jueces locales a pasar por estas rigurosas pruebas para certificar su probidad. 

Si el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ), que preside el magistrado y consejero presidente, Luis Carlos Vega Pámanes, no hubiera combatido esta legislación, todos los juzgadores de Jalisco habrían tenido que demostrar con exámenes médicos, sicológicos, toxicológicos, poligráficos y de entorno socioeconómico que son aptos para desempeñar una función tan relevante. 

Sin embargo, la SCJN determinó que la ley, en efecto, invadía la autonomía e independencia del Poder Judicial de Jalisco, principalmente porque la Unidad de Control de Confianza que este debía de crear, iba a tener que operar bajo lineamientos y protocolos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que forma parte del Ejecutivo federal. 

Jalisco, pudiendo ser vanguardia, va a perder la oportunidad, mientras organizaciones ciudadanas tan relevantes como Causa en Común, Alto al Secuestro y Organización SOS, de María Elena Morera, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, respectivamente, se pronuncian precisamente porque los jueces adopten este método de evaluación, lo que ahora luce muy lejos en lo local. 

Los ministros Olga María del Carmen Sánchez y José Ramón Cossío Díaz concluyeron aquel día que los jueces sí pueden ser sometidos a las pruebas, pero a través de leyes que cuiden dicha autonomía. En Tamaulipas, un ejemplo para Jalisco, este proceso de depuración judicial está en marcha.

Juzgadores cesados*

>Efraín López Ramírez, juez penal de Chapala 
Tiene varias denuncias por extorsión; acusado también de retrasos y obstrucción de justicia 

>José González Ávalos, juez menor del Tuito 
Destituido con inhabilitación por seis años 

>Genaro Omar León Arango, juez menor Villa Hidalgo Jalisco 
Destituido con inhabilitación por seis meses

>María Elena Rodríguez Martínez, juez mixto de Cihuatlán 
Destitución por retrasos en la justicia

>Mario Hernández Martínez, juez del Juzgado Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial
Extravió expediente; el implicado pasó siete años en la cárcel 

>Miguel Valenzuela, juez penal, Juzgado Primero de lo Penal Puerto Vallarta 
Acusado de liberar a secuestradores; investigado por cohecho

>José Avalos Pelayo, juez penal Lagos de Moreno 
Retraso de ocho meses en orden de aprehensión 

*Cifra referente a las sanciones emitidas por la Comisión de Vigilancia en sus informes de finales del 2013 a principios del 2014.