La Ley de Control de Confianza de Jalisco incluía a los jueces como sujetos de evaluación, pero el Poder Judicial rebatió hasta vencer en la Suprema Corte librándolos de ser examinados
En los últimos años en que se ha dado el crecimiento del crimen organizado en el país y, por tanto, en Jalisco, la Fiscalía General ha detectado una serie preocupante de liberaciones de miembros de estas organizaciones delictivas por parte del Poder Judicial.
Es decir, individuos que fueron devueltos a las calles por jueces locales, aunque según la Fiscalía formaban parte activa de cárteles como del Milenio, Sinaloa, Familia Michoacana, La Resistencia, La Corona, y principalmente, Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con sus registros, la Fiscalía ha identificado la liberación de al menos 37 miembros de estas organizaciones que estaban en manos de jueces, de 2007 a 2015, un periodo clave en la expansión del crimen organizado.
La misma dependencia advirtió en 2015 sobre los tratamientos “alarmantes” que estaban dando los jueces a integrantes consignados de estos cárteles, y en particular del CJNG, el grupo hoy hegemónico.
En Jalisco, la Ley de Control de Confianza tenía la particularidad a nivel nacional de incluir a los jueces como sujetos de evaluación, sin embargo, fue combatida por el Poder Judicial y su titular Luis Carlos Vega Pámanes, hasta vencer en 2014 ante la Suprema Corte de Justicia, lo que los libró de ser examinados.
La infiltración del crimen organizado en la esfera judicial fue diagnosticada el 28 de abril de 2014, por Christof Heyns, Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de Naciones Unidas, en su informe de misión a México:
“El Relator observa con preocupación que la complicidad de ciertos funcionarios de las fuerzas del orden y del Poder Judicial con la delincuencia organizada, especialmente a nivel estatal y municipal, debilita la protección del derecho a la vida en México.
“Se indicó al Relator que ciertos agentes del Estado y miembros de grupos delictivos organizados que están siendo procesados podrían recibir sentencias demasiado suaves, pues los fiscales o los jueces no son independientes”.
El informe señala que “si bien esa complicidad puede ser el resultado de la corrupción, también se informó al Relator de que ciertos funcionarios podrían estar a las órdenes de la delincuencia organizada porque están o se sienten amenazados”.
La alarma
El grupo delictivo que ha recuperado a más integrantes que habían sido consignados ante jueces es el CJNG, con 27, según registros de Fiscalía obtenidos con el recurso 402/2015.
En 2010 los jueces de Jalisco liberaron a un par de miembros del CJNG; en 2011 a uno más; en 2012, a tres; en 2013, a cinco; para 2014, a 13; y en 2015 se sabía de tres más, aunque el reporte considera hasta el primer semestre.
El patrón de decisiones de los juzgadores llevaron a quien fuera fiscal general hasta el 8 de julio de 2015, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, a hacer un severo reclamo público el 2 de marzo de 2015:
“Tenemos noticias que nos alarman y estamos recabando información sobre esta situación, no quisiera adelantarme a los hechos, pero vemos que cuando se trata de eventos en donde tiene que ver CJNG, a veces las determinaciones se toman con mucha rapidez y a la ligera”.
La gota que derramó el vaso fue la liberación de tres de cuatro miembros del CJNG detenidos en un campamento de Villa Corona, el 26 de febrero de 2015.
La Fiscalía había llegado a ellos tras las declaraciones de otro integrante que había intentado robar un arsenal de La Corona, en Ciudad del Sol, Zapopan.
“El juez decretó que había habido detención ilegal, platiqué yo con el fiscal regional y se le exigió que verificara ese tema porque para variar los jueces en cuestiones del crimen organizado y en cuestiones que tienen que ver con el CJNG están tomando determinaciones muy, muy extrañas”, dijo Nájera Gutiérrez de Velasco.
Consecuencias
Son múltiples los casos de miembros de cárteles que salen tras estar ante un juez, pero uno muy significativo para Jalisco es el de Heriberto Acevedo Cárdenas, “El Gringo”, del CJNG, muerto en un enfrentamiento el 23 de marzo de 2015.
“El Gringo” había sido detenido desde el 26 de enero de 2012 por la Policía Federal en el fraccionamiento Jardín Real de Zapopan, cuando era sólo el encargado de seguridad de Abundio Mendoza Gaytán, identificado como un cabecilla del CJNG.
“El Gringo”, originario de Colima, tenía entonces 29 años, y se le presentó así: “Presunto encargado de brindar seguridad a Mendoza Gaytán, realizar homicidios contra integrantes de grupos antagónicos, así como de llevar a cabo plagios y extorsiones “.
Meses después “El Gringo” sería liberado y comenzaría a escalar en la estructura del CJNG.
Para el 2015 se había vuelto ya uno de los jefes regionales del CJNG. La Fiscalía asegura que fue él quien “orquestó” la emboscada al Ejército en Guachinango, de mayo de 2014, donde murieron cuatro soldados, así como el homicidio de sus agentes Raúl Alvarado y Gerardo Villa, el 29 de julio de 2014 en Tlajomulco.
Se le involucró en una decena de averiguaciones por robo de hidrocarburo y vehículos, narcotráfico, nueve homicidios, y privación ilegal de la libertad. Tras su muerte, el CJNG reaccionó con gran violencia en 2015:
El atentado al excomisionado de Seguridad, Alejandro Solorio Aréchiga, el 30 de marzo, quien salvó la vida por el blindaje de su unidad; la emboscada y asesinato de 15 policías de Fuerza Única el 6 de abril; y el homicidio del director de Seguridad de Zacoalco, Miguel Caicedo Vargas, ese mismo día.
Así que hay al menos 22 muertes de efectivos de las fuerzas de seguridad que se derivan de aquella liberación de 2012.
