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Juez y parte

Como abogado del Municipio de San Pedro, Erik Pedraza Palacios participó en la elaboración del polémico contrato de las cámaras de videovigilancia San Pedro Net.

Hoy, Pedraza Palacios se desempeña como asesor legal de la empresa Thousand International Companies (TICSA), a quien el exalcalde Mauricio Fernández adjudicó este contrato que supera los 500 millones de pesos.

Ciro Espinosa Garza, asesor legal de Mauricio Fernández, estuvo a cargo de la parte jurídica de los tres contratos de APP que se firmaron
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Como abogado del Municipio de San Pedro, Erik Pedraza Palacios participó en la elaboración del polémico contrato de las cámaras de videovigilancia San Pedro Net.

Hoy, Pedraza Palacios se desempeña como asesor legal de la empresa Thousand International Companies (TICSA), a quien el exalcalde Mauricio Fernández adjudicó este contrato que supera los 500 millones de pesos.

Pedraza Palacios fue uno de los abogados del Municipio de San Pedro que fueron responsables de la elaboración del contrato de Asociación Público-Privada, que firmó hace dos años el exalcalde Mauricio Fernández con la empresa TICSA.

Según este documento, del cual Reporte Indigo posee una copia, Pedraza Palacios estuvo a cargo de la captura de este polémico contrato junto con su entonces jefe directo, Ciro Espinosa Garza, quien se desempeñó como asesor legal de Fernández.

Incluso Pedraza Palacios participó  también en el polémico addendum que amplió, de 10 a 15 años, el contrato del Municipio de San Pedro con TICSA.

Este contrato modificatorio, firmado el 14 de febrero de 2012, incluyó en el convenio un pago de 100 millones de pesos adicionales por el mantenimiento de la infraestructura que no estaba contemplado originalmente.

Hace dos meses la administración sampetrina que encabeza Ugo Ruiz anunció su intención de revocar el contrato de APP que tiene firmado con la empresa TICSA.

Ruiz solicitó al Congreso del Estado su autorización para contratar un crédito por 187 millones de pesos para finiquitar el contrato con TICSA y evitar pagar 200 millones de pesos de intereses durante 15 años.

En las reuniones que han tenido los representantes de la empresa TICSA con el Municipio de San Pedro, como parte de las negociaciones para cancelar este contrato, Pedraza Palacios ha acompañado a Fernando López Arrón, quien se presenta públicamente como dueño de esta empresa.

La participación de Pedraza Palacios como abogado de TICSA supone un conflicto de intereses.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, de Nuevo León, señala que los exservidores públicos deben de abstenerse, hasta un año después de dejar su cargo, de utilizar información que posean por razón de su empleo, para obtener un beneficio económico.

También, los exfuncionarios públicos deben de abstenerse de recibir dinero que proceda de cualquier persona, física o moral, que haya sido regulada o supervisada por su cargo.

“Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”, aclara la ley.

En el Municipio de San Pedro Pedraza Palacios ocupó el cargo de abogado de asuntos conflictuales, que dependía de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que era encabezada por su jefe directo Ciro Espinosa Garza.

Éste, dejó en noviembre de 2012 su cargo, por el cambio de poderes entre Mauricio y Ugo, pero Pedraza Palacios se mantuvo en su cargo hasta principios del 2013.

Hoy brinda sus servicios de abogado a la empresa TICSA.

El proyecto de San Pedro Net, al igual que las demás APPs, fueron promovidas durante la gestión de Mauricio Fernández por Alejandro Valadez, el exsecretario de Promoción de Obras.

El abogado José Artemio Chapa Maldonado, exconsejero jurídico del extesorero del Estado, Rubén Martínez Dondé, durante el sexenio de Natividad González Parás, aparece como responsable del contrato primigenio que se elaboró para la compra de cámaras de seguridad para el municipio.

El contrato –en su primera fase- consistía en la colocación de 494 cámaras de videovigilancia y el monto ascendía a 175 millones de pesos.

El contrato fue adjudicado directamente y sin licitación de por medio a la empresa TICSA, cuyos dueños según el acta constitutiva, son Fernando López Arrón y Aarón Enrique López Canizales.

Ciro Espinosa Garza, asesor legal de Mauricio Fernández, estuvo a cargo de la parte legal de los tres contratos de APP que se firmaron en la pasada administración.

Ciro supervisó jurídicamente el contrato de los parquímetros con la empresa San Pedro Meters, el proyecto de las cámaras de seguridad con TICSA y el del cuartel de seguridad de Valle Oriente, con Garza Ponce.

Y además, en los últimos días Espinosa Garza ha reaparecido como abogado de Enrique Dieck Handal, exdirector de Parquímetros de San Pedro, quien fue destituido hace un mes por la ordeña que se detectó en esta área.

La Contraloría Municipal encontró a Dieck Handal responsable, junto con el coordinador de recaudación, Rogelio Obregón, del desvío de 123 mil pesos de los parquímetros.

Hoy Ciro Espinosa es el defensor de Dieck Handal mientras que uno de sus exabogados de confianza, Pedraza Palacios, asesora a la empresa TICSA.

En el 2012, Reporte Indigo publicó artículos sobre lo desventajoso del contrato que firmó el Municipio de SanPedro, y el alcalde Mauricio Fernández con la empresa TICSA para el proyecto de San Pedro Net.

29 de mayo 2012
La pesada carga de contratos APP’S 

23 de julio 2012
El ‘Microsoft’ de San Pedro 

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La polémica empresa Thousand International Companies (TICSA) incumplió el contrato del proyecto de video-vigilancia San Pedro Net, que tiene un costo de más de 448 millones de pesos a pagar en un periodo de 10 años.

Una copia del contrato en poder de Reporte Indigo, fechado el 4 de julio de 2011, señala que la empresa contó con un plazo máximo de 12 meses para entregar el equipo y las instalaciones interiores y exteriores del proyecto.

Ese término concluyó la semana pasada y San Pedro Net todavía hoy no funciona.