Jueza liga a empresarios y políticos al caso Terralta

Una jueza federal ordenó que destacados empresarios y políticos de Nuevo León pasen a formar parte del juicio del controvertido proyecto inmobiliario y Club de Golf Terralta.

La autoridad resolvió que se incorporen al procedimiento diversas personalidades de la Iniciativa Privada y del sector público en el estado que fueron demandadas por un presunto fraude de acreedores.

Se trata del reconocido abogado Ernesto Canales Santos, los empresarios Jaime Martínez Fernández y el extinto Alberto Santos de Hoyos, el exgobernador Fernando Canales Clariond y el promotor inmobiliario Federico Garza Santos.

También se pidió incorporar al proceso a las empresas Constructora Maíz Mier, Terralta Dos y D’Capital Consultores, así como al banco Afirme y al Quinto Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, Juan Antonio Carvajal Rodríguez.

El corazón de este litigio son las tierras ejidales de Mesa de los Nogales y Pájaro Seco, ubicadas en el Municipio de García.

Los predios fueron transmitidos de la quebrada Inmobiliaria Terralta, a Terralta Dos, para pagar un adeudo de 8.4 millones de dólares que la primera compañía había adquirido con D’Capital Consultores, aunque estaban valuados en más de 424 millones de pesos.

Por esa operación, Martín Gerardo Gallardo Hernández, uno de los acreedores inconformes que denunció fraude, promovió el juicio de concurso mercantil número 10/2011-1 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, encabezado por Julio César Franco Ávalos.

El acreedor demandó dentro de este procedimiento un incidente para que se incorporen las citadas personalidades, pero el juzgador desechó esa petición el pasado 1 de marzo.

Ante la negativa, Gallardo Hernández reclamó en el amparo número 303/2013 los actos del juez de Distrito que no admitió a trámite el llamado “incidente sobre declaración de inoponibilidad por ineficacia y nulidad de dación en pago”.

Así que la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, revocó el pasado 26 de junio la resolución de su homólogo y ordenó integrar a todos los involucrados.

“Se concede el amparo y protección de la justicia federal a Martín Gerardo Gallardo Hernández, para el efecto de que, el juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, deje insubsistente la resolución”.

La jueza solicitó al encargado de esa instancia dar vista del incidente planteado por el acreedor a todos los políticos, empresarios y compañías que participaron en la operación que fue impugnada de fraudulenta.

O, en caso de no dictar una nueva sentencia, adviertió la jueza, el titular se pronuncie legalmente y justifique por qué no se admiten a todas las personalidades involucradas.

“La falta de emplazamiento a todos los demandados dentro del incidente de fraude de acreedores, promovido por el quejoso, también contraviene la garantía de pronta y expedita impartición de justicia”, argumentó.

Este lunes, Gonzalo Martínez Sada, quien dice ser representante legal de la quebrada Terralta, presentó un recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de la jueza, con el objetivo de que no surta efectos.

Sin embargo, algunos de los socios  desconocen a este operador como un integrante de la empresa en pugna.