El titular del Parque Fundidora, Fernando Villarreal Palomo, comparecerá ante la Comisión del Medio Ambiente del Congreso de Nuevo León para que aclare diversos señalamientos e irregularidades en la gestión del emblemático parque.
Será el día de hoy cuando Villarreal se presente ante dicha comisión, presidida por el diputado del Partido Verde, Cosme Julián Leal Cantú, quien fue el promovente de esta petición.
En la comparecencia, el director del Parque tendrá que explicar ante los legisladores la situación actual de este espacio, sobre todo la realización de eventos privados masivos, así como los daños ambientales que estos provocan.
Cabe destacar que durante el último año se han realizado conciertos y eventos masivos al interior del Parque Fundidora, en donde activistas han denunciado actos de violencia, consumo desmedido de alcohol y otras sustancias, además de daños irreversibles al ecosistema, además de la tala inmoderada de árboles en el recinto.
Alejado del propósito
El director del Parque ha sido severamente cuestionado por el nuevo giro que se le ha dado al pulmón más importante de la zona metropolitana, pues en la práctica se ha privatizado para el uso indiscriminado de particulares, alejándolo de su principal propósito.
Villarreal Palomo es señalado igualmente por diversas irregularidades financieras en la gestión del espacio.
Las cuáles, según activistas, no serían solamente ocasionadas por una administración negligente, sino incluso fraudulenta.
Organizaciones como el Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos (Incide), Comité Ecológico Pro
Bienestar, entre otras, se han manifestado en contra de lo que han llamado una privatización del Parque Fundidora.
Así como la destrucción del espacio ocasionado por la mala gestión.
Incluso ya se han presentado denuncias penales en la Fiscalía Anticorrupción del Estado en contra de Villarreal Palomo.
Además de un amparo en contra de todos los eventos masivos al interior del Parque Fundidora.
Enrique Serna, director del Incide, presentó ante el Congreso Estatal una solicitud de juicio político en contra del funcionario, a fin de investigar si está incurriendo en un delito o ejercicio indebido de funciones.