Si la Fiscalía de Jalisco continúa bajo su ritmo actual de trabajo, le tomará cerca de 16 años abatir el rezago de órdenes de aprehensión y reaprehensión que están sin ser cumplimentadas en el estado, de acuerdo con los indicadores que recientemente publicó la dependencia.
En el Primer Informe de Gobierno del mandatario, Enrique Alfaro Ramírez, la Fiscalía de Jalisco anunció que había logrado cumplir más de 2 mil órdenes de captura durante este 2019, lo que presentó como todo un logro.
2,280
“Entre enero y septiembre de 2019 se cumplimentaron un total de 2 mil 280 órdenes de aprehensión por parte de la policía investigadora, 15 por ciento más en relación con el mismo periodo del año anterior”, señala el documento del Gobierno estatal.
253
Esto significa que la Fiscalía que encabeza Gerardo Octavio Solís Gómez tiene una capacidad operativa para cumplimentar 253 órdenes de captura por mes.
El problema, sin embargo, es que el rezago existente en el estado en esta materia es de 49 mil 518 órdenes de aprehensión y reaprehensión pendientes de ejecutarse, de acuerdo con los últimos registros que transparentó el área, al 21 de mayo de 2019.
49,518
La captura de esos más de 49 mil presuntos delincuentes en Jalisco para ser llevados ante los jueces le demandaría a los agentes de la Fiscalía 16 años de labores continuas, sin considerar la carga de las nuevas órdenes de aprehensión y reaprehensión que se van emitiendo y acumulando todos los días.
Los registros de la Fiscalía de Jalisco señalan, además, que en el estado hay 4 mil 857 presuntos asesinos en libertad sobre los que pesan mandamientos judiciales de captura y recaptura que no han sido cumplimentados
Por lo tanto, si la Fiscalía enfocará todos sus esfuerzos y recursos operativos en la detención de esos presuntos asesinos, la ejecución de tal volumen de mandamientos rezagados podría tomarle cerca de año y medio bajo sus actuales niveles de desempeño, aunque dejando de lado al resto de los presuntos criminales que siguen en impunidad por otros delitos.
En el informe, la dependencia señala que “el 32 por ciento de las órdenes cumplimentadas en 2019 fueron por robo”, ese delito es donde se concentra, de hecho, la mayor parte de las órdenes de aprehensión y reaprehensión que continúan en espera de implementarse, con 14 mil 72 mandamientos acumulados.
Fusión de Fiscalía de Jalisco y SSP perjudicial
El gobierno de Alfaro Ramírez ha asegurado que la unificación que se dio en la pasada administración de la Procuraduría General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, para crear la Fiscalía General de Jalisco, le hizo mucho daño al sistema de procuración de justicia en la entidad.
“Al comenzar la administración se encontró una grave crisis de operatividad debido a que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron fusionadas para crear una sola dependencia, la Fiscalía General del Estado, sin que existiera una división adecuada de funciones entre la prevención y la investigación del delito”, asevera en su informe.
De acuerdo con este diagnóstico, la mala implementación de esa unión entre las dependencias habría impactado desfavorablemente en los niveles de eficiencia del Ministerio Público como institución encargada de la investigación de los delitos y de la captura de los responsables.
“Aunado a esto, las malas prácticas llevadas a cabo en administraciones anteriores —como el manejo discrecional de los recursos financieros y la mala distribución de los recursos humanos— habían mermado la capacidad de acción del gobierno en materia de seguridad. El resultado: mala atención al público, ineficiencia en la investigación de delitos y, sobre todo, incremento en la incidencia delictiva”.
De ahí que este gobierno efectuara una reingeniería en el sistema de seguridad que incluyó la disolución de la Fiscalía General para volver a crear una Secretaría de Seguridad, por un lado, y una Fiscalía estatal, por el otro, aunque manteniendo a ambas instancias bajo la supervisión de una nueva Coordinación General Estratégica de Seguridad.
Los cambios al interior de la Fiscalía de Jalisco han incluido “acciones encaminadas a la optimización de los recursos humanos, la reorganización de áreas, creación de agencias especializadas, gestión de recursos económicos adicionales, definición de procesos de trabajo, seguimiento a protocolos y mejora en los servicios de atención a la ciudadanía”.
MP debilitado
En su Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019, la organización Impunidad Cero diagnosticó que Jalisco requería fortalecer su Ministerio Público por el tamaño de su población.
En el indicador de Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes, incluido en ese estudio, Jalisco no solo resultó como uno de los peores a nivel nacional, sino que esta condición se está agravando al haber obtenido un valor de 4.4, posicionándose en el penúltimo sitio del país.
“Puebla es la entidad, de acuerdo con la información disponible, con menor número de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, con apenas 2.8. En la edición pasada, esta entidad ocupó la penúltima posición en el indicador. Le siguen Jalisco con 4.4 ministerios públicos, y Nuevo León con 4.6. Jalisco descendió dos lugares respecto de la posición del Índice 2018, mientras que Nuevo León bajó tres posiciones”, se lee en el documento.
En materia de “Carga de trabajo promedio por Ministerio Público”, los de Jalisco se ubicaron en el cuarto lugar nacional por la gran saturación que presentan, con 329.2 asuntos por año.
“Baja California es la entidad donde se observa una mayor saturación, con 365 asuntos atendidos al año: uno diario. Le siguen el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro”, se señala.
En el indicador de Efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión Jalisco aparece con un 64.9 por ciento, colocándose en el séptimo lugar nacional.
