Justicia cegada

El anonimato del “testigo protegido” choca de frente con la esencia del Sistema Penal Acusatorio nacional que se comenzó a implementar en el país a partir del 19 de junio del 2008.

Este sistema de justicia -también llamado Juicio Oral- se caracteriza precisamente por desahogar la etapa central del procedimiento de viva voz ante un juez o tribunal que entiende del litigio.

“Los llamados juicios orales permiten que todas las partes en el proceso estén presentes durante el desarrollo de las audiencias, con especial énfasis en la presencia indelegable del juez. Esto a fin de que todos tengan conocimiento directo de las pruebas recabadas y la misma oportunidad de defenderlas o contradecirlas durante una o dos audiencia de manera pública y sin interrupciones”, refiere la reforma, situación que es imposible en las acusaciones anónimas.

Expertos consultados por Reporte Indigo aseguran que el uso de “testigos protegidos” viola las garantías fundamentales del cualquier acusado.

“Sí tu lo vez como un abogado defensor de alguien que está siendo llevado a juicio por motivo de un testimonio de una persona protegida, pues violenta los derechos tanto internacionales como garantía fundamentales que reconoce México en la Constitución.

“¿Por qué?, porque no es posible que tú seas llevado a juicio en virtud de un anónimo a quien no puedes interrogar de manera directa (…) ¿qué más violación quieres?”, argumentó Julio César Martínez Garza, abogado en ciencias penales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Martínez Garza explicó que la esencia de esta mecánica legal es precisamente el anonimato, esto para que el informante no sea ubicado por los acusados, sobre todo en delitos relacionados con la delincuencia organizada.

“(pero) La esencia del nuevo Sistema Penal Acusatorio choca con la figura del testigo protegido”, advirtió, pues el testigo protegido flagela de manera fragante las garantías constitucionales.

El litigante recomendó utilizar la investigación científica en casos relacionado con la delincuencia organizada, en lugar de un informante anónimo. Esto para tener pruebas contundentes contra un capo de la droga.

“Que la Procuraduría investigue con una nueva policía científica, capacitando a sus fiscales y que recabe información fuera de los testigos protegidos, para que se pueda llevar a una persona a juicio”, explica. “Creo que no se debe ocultar una prueba por medio del testigo protegido”.

Martínez Garza aseguró que no es lógico que la Procuraduría -que presume de buena fe, legalidad, honestidad y preparación- tenga que apoyarse en una “chicanada legal” para llevar a una persona a juicio.

Los testigos contradictorios

El uso de “testigos protegidos” debe revisarse, ya que en ocasiones desvirtúan sus declaraciones, afirmó José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en Nuevo León.

Ortega Sánchez señaló que por esa razón en algunos casos las contradicciones provocan que las investigaciones no tengan el suficiente sustento y al final se caigan por falta de elementos.

En México, precisó, existen varios pendientes por resolver en materia de procuración de justicia, y uno de ellos es replantear el trato se da a los testigos protegidos.

“Los testigos protegidos normalmente están involucrados en algún delito, por lo cual llegan a declarar lo que les dicen y por esa razón la Procuraduría General de la República debe tomar cartas en el asunto”, sentenció.

Del 2000 al 2012 la PGR gastó 178 millones 261 mil 493 pesos para cubrir gastos relacionados con la seguridad estos informantes anónimos, siendo el último año de gestión del expresidente Felipe Calderón, cuando se destinó la mayor cantidad, con poco más de 22 millones de pesos, de acuerdo a un reporte de El Financiero.

Durante el sexenio de Calderón, el uso de esta figura jurídica fue una práctica común durante su mandato se registraron 379 “testigos protegidos”.

Los casos más representativos son el llamado michoacanazo, en el que fueron procesados varios presidentes municipales y funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, así como el caso del general Tomás Ángeles Dauahare, acusado por otro testigo.

Tan solo en el 2012 el número estos informantes ascendió a 65. En todo el sexenio de Vicente Fox fueron 278 personas en esta categoría.

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