El confinamiento de Iván González comenzó en diciembre. Ayer, 23 de julio, cumplió siete meses en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Dr. Sergio García Ramírez, en Ecatepec, Estado de México.
Fueron los policías de este municipio mexiquense quienes irrumpieron en su domicilio, en la colonia Adolfo Ruiz Cortines. Lo detuvieron, lo golpearon y lo acusaron de robo agravado de mercancía a una camioneta de productos Barcel.
Comía con su familia alrededor de la una de la tarde cuando escuchó un ruido. Un joven, el supuesto ladrón, saltó a su vivienda para refugiarse debajo de una camioneta del taller en el que Iván trabajaba como mecánico. Entonces comenzó el operativo policial aquel 21 de diciembre de 2019.
“Decenas de policías de diversos cuadrantes de Ecatepec entraron al patio encapuchados, amenazaron con matar a los perros. A mi tío lo golpearon, a mis tías las encañonaron con armas largas, a él se lo llevaron. Todo pasó en cuestión de minutos”, narra Ana González, hermana de Iván, en entrevista con Reporte Índigo.
El joven, de 25 años, fue presentado en el Ministerio Público de Ecatepec. El 22 de diciembre, el abogado Jorge Ortiz avisó a la familia González Álvarez que, según el testimonio del repartidor y de dos policías, Iván habría sido encontrado en flagrancia a las tres de la tarde, a pesar de que el operativo inició a la una, cuando él estaba en su casa.
“Supuestamente eran tres hombres los que habían vaciado la camioneta. El primero es a quien le sembraron una navaja con la que amagaba; mi hermano, según su versión, bajaba las cajas a un Tsuru blanco sin placas y otro más lo iba conduciendo. Los policías estaban en un rondín y aparentemente vieron el asalto a lo lejos. El de Barcel dice que ellos son los ladrones pero nada coincide”, relata su familiar.
El 23 de diciembre, Iván fue trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social Dr. Sergio García Ramírez, conocido como penal de Chiconautla. La detención fue calificada como legal el 24 de diciembre y la jueza Susana Álvarez Marín decidió vincularlo a proceso el 28, Día de los Inocentes, durante la audiencia inicial.
“Colgamos unas mantas afuera de la casa que decían ‘Aquí fue la detención ilegal de Iván’, ‘Exigimos tu libertad’ e ‘Iván, tu familia no te deja solo’, palabras más, palabras menos. No sabíamos qué hacer, nadie tiene noción del derecho, confías a ciegas en la defensa”, agrega Ana.
Por recomendaciones del licenciado Ortiz, Iván se reservó el derecho de declarar en el Ministerio Público. Las grabaciones del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México, mejor conocido como C5, no se pudieron reproducir. El testimonio de sus tíos y de un vecino que, mientras lavaba su motocicleta en la calle, se dio cuenta de lo que sucedía no fueron suficientes para tomarlos en cuenta.
Las autoridades de justicia detuvieron la vida de Iván a los 25 años. La pandemia de COVID-19 suspendió su proceso judicial.
Con un nuevo abogado, él y su familia esperan su audiencia intermedia, la cual estaba programada para el 27 de marzo de 2020. Sin embargo, desde el 19 de marzo, debido a la emergencia sanitaria por el SARA-CoV-2, las iniciales son las únicas que se llevan a cabo
Sin derecho a la salud para Iván González
La pandemia agravó la crisis de derechos de las personas en prisión. En enero de 2020, los familiares de Iván González interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) porque fue detenido arbitrariamente, sin orden de aprehensión, retenido de manera ilegal y torturado por los policías municipales de Ecatepec. En junio volvieron a acudir a este organismo por el estado de salud del joven de 25 años.
“Iván E. González informó a sus familiares que el 18 de junio había visitado la enfermería del penal, pues tenía fiebre, vómito, diarrea, dolor de cabeza y cuerpo, piel y ojos amarillos. Sin evaluación médica de por medio, sin tomarle la temperatura y los signos vitales, el personal médico le diagnosticó hepatitis”, menciona la segunda queja ante la Codhem.
Por llamada telefónica, Iván avisó a sus familiares que fue trasladado al Módulo 8, donde se atienden los pacientes enfermos. Le dijeron que estaría ahí 40 días, sin embargo, en 20 lo dieron de alta. Por ello acudieron con su médica particular, quien ordenó unos análisis clínicos.
“Lo único que nos proporcionó el penal es que a través de una enfermera a mi hermano le tomaron muestras de sangre para poder analizarlas nosotros en un laboratorio. No permiten ingresar a médicos, nosotros le llevamos el medicamento. Salió con los niveles de bilirrubina altos y requiere otro tipo de estudios y cuidados extremos”, menciona Ana González.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019, que cada año realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), calificó al penal de Chiconautla con 5.69. Es decir, en la evaluación de aspectos como integridad física y moral, estancia digna, gobernabilidad, reinserción y requerimientos específicos, el centro penitenciario reprobó.
En respuesta a la queja interpuesta en la Codhem, el Centro Preventivo y de Readaptación Social contestó con un Certificado Médico de Estado Físico y Lesiones donde solamente vienen los signos vitales, peso, talla, temperatura y frecuencia cardiaca de Iván.
En medio de la emergencia sanitaria, la única manera que tiene la familia González Álvarez de monitorear la salud de Iván es a través de las llamadas que le permiten hacer.
“Nos llama desde los teléfonos que se encuentran en el penal, como máximo cinco minutos. Las llamadas ahorita por la pandemia son gratuitas a teléfonos fijos cuando duran eso. Así monitoreamos cómo se siente de salud”, menciona su hermana.