Justicia laboral de Jalisco, a contrarreloj y con rezagos

Finalmente el Gobierno de Jalisco comenzó el proceso jurídico para aterrizar en el estado el nuevo Sistema de Justicia Laboral, que implicará el cierre definitivo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, una institución con 100 años de historia, pero que enfrenta graves problemas de ineficiencia y corrupción.

Para ello, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó dos iniciativas ante el Congreso de Jalisco: una de estas para crear el Centro de Conciliación Laboral del Estado; y otra que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal para crear los nuevos Tribunales Laborales.

Los dos cambios responden a la reforma constitucional de 2017, como lo indica el mandatario en su iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“El 24 de febrero de 2017 se enmendó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer las siguientes bases de la transformación del sistema de justicia laboral en el país: la justicia laboral será impartida por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal o de los Poderes Judiciales locales. Se estableció una instancia prejudicial conciliatoria de carácter obligatoria, a la cual los trabajadores y patrones deben acudir antes de la interposición de la demanda laboral”.

En su iniciativa para crear el futuro OPD Centro de Conciliación Laboral, el mandatario señala que esa reforma de febrero de 2017 busca transformar el sistema de justicia laboral en el país, previendo la conclusión de las funciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Sin embargo, las autoridades de Jalisco tienen el tiempo encima para poder concluir esa transformación, pues las nuevas instituciones de justicia laboral deben estar en plena operación para el 2 de mayo de 2022, según fue establecido en las reformas legales complementarias a nivel nacional.

“El 1 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiv cuyo régimen transitorio impone la obligación para las entidades federativas de iniciar actividades de los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto (…). En el entendido que los Centro de Conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad federativa, en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales”.

Debido a esto, el gobernador aceptó que trabajan con el tiempo encima.

Corrupción sin Justicia laboral

La transformación del Sistema de Justicia Laboral que se pretende en el estado es una oportunidad para eliminar o contener los altos niveles de corrupción que se han detectado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por instancias como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En su “Reporte: Justicia laboral, justicia transparente. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Jalisco”, de abril de 2015, el IMCO encontró una corrupción muy extendida en la dependencia incluyendo cobros indebidos por los servicios públicos, tras consultar a los usuarios de la institución.

“Corrupción: el 40.5 por ciento de los encuestados afirmó que hay corrupción en la JLCA. Igualdad en el trato: el 52.2 por ciento de los actores dijo que no hay igualdad en el trato por parte del personal de la JLCA”.

“Abogado de oficio: el servicio de abogado se debe ofrecer a todo actor, con independencia de que acepte o no sus servicios. Pero solamente se ofreció al 34.2 por ciento. Cobro por el servicio del abogado de oficio: el 18 por ciento de los encuestados afirmó que se les pidió dinero para que el abogado de oficio le prestara sus servicios. Cobro por el servicio de la JLCA: el 23.3 por ciento de los actores afirmó que se le cobró por la prestación del servicio solicitado”, señala el estudio.

El Gobierno estatal ha reconocido un rezago de más de 100 mil expedientes en la JLCA, y esta ineficiencia también se vio reflejada en distintos indicadores del estudio.

”Falta de personal: el 52.8 por ciento dijo que hace falta más personal en la JLCA. (…) Ofrecimiento de conciliación: La posibilidad de conciliar debe estar presente en cualquier momento del procedimiento laboral. Pero al 44.5 por ciento no se le ofreció esa opción. Retraso en ejecución de laudo: sin importar la causa, se les consultó si es que había retraso en la ejecución de los laudos. El 51.8 por ciento de los demandantes manifestó que sí la hay. Retraso en la ejecución del laudo por culpa del personal: el 47.5 por ciento afirmó que es por culpa del personal”.

Apenas este 21 de octubre de 2020 el Gobierno de Jalisco había conmemorado el 100 aniversario de la creación de la JLCA.

Destierro de corruptelas

Desde el 2 de enero de 2019, durante la toma de protesta de los representantes obreros y patronales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el gobernador había reconocido a la corrupción como un problema de la dependencia que debía ser erradicado.

“Que el gobierno también sea un garante de que en materia de justicia laboral se pueda actuar estrictamente apegados a derecho y limpiando de fondo, de tajo ese terrible cáncer que es la corrupción en esta materia y en muchos otros frentes de la vida pública de Jalisco.

“Tenemos que hacer un ejercicio verdaderamente serio, con un método, con un sistema, con indicadores que nos permitan evaluar avances para combatir ese grave problema que nos ha frenado en muchos sentidos en (el) estado que es la corrupción”, dijo Alfaro Ramírez.

También puedes leer: Adiós a la Junta de Conciliación y Arbitraje