Justicia por los desaparecidos: Un eco internacional
Ante el reconocimiento del Comité contra la Desaparición Forzada, organizaciones señalan que, aunque es un logro para tener justicia, no es suficiente para erradicar y castigar dicho crimen de lesa humanidad
Montserrat SánchezEl grito de exigencia de búsqueda y justicia para los más de 75 mil desaparecidos en México ha sido tan fuerte que logró llegar a instancias internacionales como la ONU.
A principios de septiembre, el Senado de la República reconoció, por unanimidad, la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recibir y examinar casos individuales, ante dicho escenario, la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó que “esto permitirá a familiares de personas víctimas de desaparición forzada acceder a vías adicionales de la justicia internacional para que sus casos puedan ser analizados”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que el reconocimiento del Senado no servirá de nada si el Estado mexicano no mejora su voluntad política para detener las desapariciones forzadas
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que el reconocimiento no servirá de nada si el Estado mexicano no mejora su voluntad política para detener las desapariciones forzadas.
Jérémy Renaux, subdirector de Idheas, declara que si bien es un paso positivo aceptar la intervención de la ONU, el gobierno federal deberá cumplir, sin excusa alguna, con las decisiones que den los órganos de Naciones Unidas, pues señala de nada sirve reconocer la competencia si en su momento cuando el Comité emita una decisión el Estado mexicano no la acate.
“Es importante escuchar y acatar lo que las autoridades decreten. Cabe mencionar que si se recurre a instancias internacionales no es tanto porque las nacionales sean rebasadas sino porque en el país no existe voluntad política de investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes”, asegura.
Por su parte, Lucía Chávez, directora de investigación de la Justicia: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), coincide en que es un avance el reconocimiento del Comité pero afirma que no es suficiente.
Urgen acciones para que las desapariciones dejen de ocurrir y sobre todo para las que ya pasaron se sancionen y se erradique la impunidad. Las fiscalías, ante el escenario extraordinario de la violencia que se vive actualmente, no son suficientes, se requiere de las Naciones Unidas para que colaboren con México mediante un mecanismo extraordinario que pueda combatir esta impunidad
Además, la directora de investigación relata que aunque desde el discurso oficial se reconoce el fenómeno de la desaparición con más de 75 mil víctimas, no todas las instancias del gobierno tienen los mismos resultados.
“Si vamos a la Fiscalía General de la República tenemos que de 2006 a 2019 hay sólo 180 denuncias por desaparición forzada y 350 cometidas por particulares, es decir, las investigaciones de estos delitos se clasifican de forma diferente, hemos tenido casos de desaparición que se clasifican como un tema de secuestro o privación arbitraria de la libertad y por eso pueden variar las cifras. Esto demuestra que aunque Gobernación diga que hay miles de desaparecidos, la Fiscalía no los investiga a todos”, sentencia.
Renaux añade que en muchas ocasiones la nula voluntad política de investigar los casos de desaparición forzada, es decir, donde elementos de seguridad del Estado participaron, es porque la autoridad no se va a investigar a sí misma.
“Hoy en día solamente contamos con 24 sentencias a nivel nacional para casos de desaparición forzada, 15 federal y nueve estatal, de las cuales 51 personas han sido condenadas. Si contrastamos esta cifra con las 75 mil desapariciones podemos entender la gran magnitud de impunidad que tenemos en este crimen de lesa humanidad”, recalca.
Por ello, para Lucía Chávez no cabe duda de que los logros en materia de desaparecidos y su búsqueda han sido gracias a las acciones de los colectivos de los familiares que luchan por encontrarlos.
“Es admirable la labor de las familias pero también es una indolencia y falta de respeto por parte del Gobierno mexicano que sean las víctimas indirectas quienes salgan a buscar con palas porque las autoridades no han tenido la capacidad ni han querido hacer verdaderos programas de búsqueda, en específico de restos humanos y de sanción de los responsables”, sentencia.
Acciones urgentes por los desaparecidos
Jérémy Renaux, subdirector de Idheas, menciona que para subsanar la deuda con los familiares de desaparecidos en primer lugar se tienen que garantizar recursos suficientes para su búsqueda.
La falta de recursos financieros, humanos y técnicos dentros de las instituciones de procuración de justicia pueden obstaculizar las investigaciones, por ejemplo, en el 2020 hay una reducción de mil 500 millones de pesos en el presupuesto general de la FGR y la especializada en desaparición se tiene un presupuesto del 0.11 por ciento del total de la Fiscalía General, es decir, vemos que el presupuesto otorgado para investigar las desapariciones es limitado
Para el subdirector de Idheas es importante generar rápidamente un cambio de paradigma dentro de las Fiscalías para que las víctimas sean el centro de su quehacer. “Hay que generar un análisis de contexto, no partir de investigar los casos de forma aislada sino en conjunto y de mano de las familias para así desarticular las redes de macrocriminalidad y dar con los responsables”.
Además, hace un llamado para que se fortalezca la CEAV tanto federal como las locales pues sostiene que a más de siete años de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en la mitad del país no hay comisiones estatales para las víctimas o éstas no tienen recursos para garantizar sus derechos.
Mientras que Lucía Chávez añade que el castigo debe ser no solo a mandos bajos de la estructura policial o militar cuando se compruebe su participación en el delito, ya que eso no acaba con la impunidad, pues muchas veces se trata de incidentes planeados, ordenados y tolerados por los altos mandos de las instituciones de Seguridad Pública y a veces hasta en complicidad con el crimen organizado.
“Esperamos que las autoridades mexicanas no caigan en una simulación de que habrá justicia y en realidad se vea que el Comité de la ONU puede colaborar”, finaliza Chávez.
