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Justicia por propia mano

Los intentos de justicia por propia mano por parte de comunidades enteras en México sigue imparable.

Solo en lo que va del año se han registrado al menos 12 linchamientos en diversas partes del país.

El caso más reciente ocurrió el pasado lunes en Tabasco, donde tres personas fueron señaladas como delincuentes y fueron sometidas a la “justicia popular”.

Los tres victimados, quienes finalmente fueron rescatados por fuerzas del orden público, son Rogelio Rozón, Francisco Arias y Rosa Barradas. 


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estados mexicanos concentran la mayor cantidad de linchamientos
El Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Michoacán son, a la fecha, las entidades con mayor cantidad de linchamientos
Es un reflejo de la inoperancia del sistema judicial, no solo porque no se castiga a quienes cometen delitos y son linchados, sino porque la mayoría de los agresores en el linchamiento se mantienen impunes”
Edgar Morín, sociólogo de la UNAM,
autor del libro “La Maña”
Los actos de linchamiento o la justicia por propia mano reflejan la pérdida de valores y muestran la violencia extrema de aquellos que exigen justicia, pero se apartan de las normas de convivencia legales y actúan fuera del Estado de Derecho” 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Los intentos de justicia por propia mano por parte de comunidades enteras en México sigue imparable.

Solo en lo que va del año se han registrado al menos 12 linchamientos en diversas partes del país.

El caso más reciente ocurrió el pasado lunes en Tabasco, donde tres personas fueron señaladas como delincuentes y fueron sometidas a la “justicia popular”.

Los tres victimados, quienes finalmente fueron rescatados por fuerzas del orden público, son Rogelio Rozón, Francisco Arias y Rosa Barradas. 


Ellos son originarios del Valle de México y encuestadores de la empresa Simo Consulting, y al momento de los hechos realizaban labores de sondeo de mercado en la localidad de Villa Ignacio Zaragoza, del municipio de Centla, Tabasco.

En México no hay una estadística oficial que revele el número exacto de ajusticiamientos, pero según datos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), tras una recopilación de los eventos de ese tipo de los últimos 26 años, hasta febrero del 2015 ya se habían registrado un total de 366 casos en todo el país.

Pero si se suman los 63 linchamientos registrados de marzo a diciembre del 2015, más 12 de los que dan cuenta algunos reportes periodísticos en lo que va del 2016, todo apunta que en los últimos 27 años y siete meses, ya son 441 ajusticiamientos registrados en México.

De acuerdo a las estadísticas de la UAM, fincadas en una investigación de los doctores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, profesores investigadores de la Unidad Azcapotzalco de esa universidad, el mayor número de linchamientos se concentra en siete de las 32 entidades federativas del país.

En base a reportes periodísticos, que no discrepan de lo referido por los investigadores de la UAM, las entidades con mayor cantidad de linchamientos a la fecha son el Estado de México y la Ciudad de México, seguidos por Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y ya incursionan Tabasco y Michoacán.

Sumado al caso de los tres linchados en el municipio de Centla, Tabasco, resalta también el de un joven en el municipio de Zongolica, Veracruz, que fue arremetido por una turba iracunda tras participar en el asalto a una caja de ahorros, el pasado 26 de julio.

Tayson Samil Munguía, de 23 años de edad y originario de Puebla, fue salvado por un policía municipal de morir quemado, pero cuando fue llevado al hospital del IMSS para ser atendido de las lesiones que lo dejaron en estado de coma, fue sacado de nueva cuenta por los enardecidos pobladores, para rematarlo.

‘Preocupación’ oficial

Antes del linchamiento de Tayson Samil Munguía en Veracruz ya se había registrado otro en la comunidad de Atlatongo, del municipio de Teotihuacán, Estado de México, donde tres presuntos secuestradores fueron sometidos por la turba; dos de ellos murieron y uno más resultó con lesiones
graves.

Los muertos, a quienes se les acusó sumariamente de haber secuestrado a un poblador de la zona, fueron Octavio Ramírez, de 31 años, y Nayeli Pérez Verde, de 28 años, ambos originarios de la comunidad de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

Pedro Jesús Rivera Rosa, de 28 años de edad, aunque con lesiones graves vivió para contarlo.
Este ajusticiamiento, ocurrido el pasado 24 de mayo, provocó que el pasado 22 de junio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitara formalmente a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), la realización de un informe detallado sobre linchamientos en el país, ante la problemática social que esto representa.

Para la CNDH, “los actos de linchamiento o la justicia por propia mano reflejan la pérdida de valores y muestran la violencia extrema de aquellos que exigen justicia, pero se apartan de las normas de convivencia legales y actúan fuera del Estado de Derecho”, según se vertió en el comunicado oficial CGCP/143/16, donde se repudiaron los hechos de violencia de Atlatongo.

En el caso de los linchados de Atlatongo, Estado de México, la CNDH no varió su postura que ya había manifestado con los sucesos de los dos hombres linchados, en octubre del 2015, en el municipio de Ajalpan, Puebla, cuando dos encuestadores fueron confundidos como secuestradores de una niña de 9 años de edad, y por ello quemados vivos en la plaza principal del lugar.

Ante la falta de atribuciones jurídicas, la CNDH solo se ha limitado a recriminar desde el discurso los actos de barbarie que se siguen multiplicando en el país.

Estado de abandono

Para Edgar Morín, sociólogo de la UNAM, escritor y maestro, autor del libro “La Maña” (Grijalbo 2015), los linchamientos evidencian la aplicación de la justicia por parte de los grupos poblacionales.

“Es un reflejo de la inoperancia del sistema judicial, no solo porque no se castiga a quienes cometen delitos y son linchados, sino porque la mayoría de los agresores en el linchamiento se mantienen impunes”.

Pero también se trata de una cuestión cultural, explicó el sociólogo; se trata de una carga casi bíblica que centra la posibilidad de expiar a toda una comunidad con la ejecución masiva de un extraño.

Sin embargo, en el contexto social actual, para Edgar Morín el alza en el número de ejecuciones mediante el linchamiento “ilustra el nivel de ruptura del contrato social”, donde la gente ha dejado de tener confianza en su autoridades y en el estado de derecho vigente, que finalmente no le significa nada al grueso de la población.

Por lo que estimó que el grado que han alcanzado los ajusticiamientos en nuestro país, “en realidad está apuntando hacia una crisis institucional del Estado Mexicano, desde donde no se alcanza a percibir esto, pues no hay una respuesta oficial y formal a este fenómeno, más allá del reclamo en el discurso, que se traduce en un llamado a la población para actuar dentro del marco de la ley”.

Los linchamientos, explicó el catedrático de la UNAM, tienen su origen también en dos principios básicos: la frustración y la pobreza de la sociedad, donde el primero, que es el resultado del abandono oficial a las comunidades, es un acelerador del reclamo de justicia, y el segundo es el detonante de la misma, “porque el robo le duele más a quien menos tiene”.
 

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