Justicia sin cuartel

La realidad violenta del país ha traído un reto importante para el procedimiento penal en México.

La ola de violencia obligó a sacar a los militares de los cuarteles para que realicen labores de vigilancia y seguridad en las ciudades azotadas por el crimen organizado.

Pero al parecer el sistema de justicia en el país no estaba preparado para un fenómeno que cada vez es más común: las denuncias de abusos por parte de las fuerzas castrenses.

Esta semana un caso en Nuevo León puso sobre la mesa el debate sobre cómo se deben seguir este tipo de incidentes.

Se reveló en los mismos días en que, en el pueblo de Aquila, Michoacán, se ha acusado a los militares de disparar a civiles desarmados y provocar la muerte de un niño.

En Nuevo León, en el 2010 militares participaron en el homicidio de una pareja inocente formada por Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, en el municipio de Anáhuac.

Desde entonces sus familiares emprendieron una batalla legal asesorados por abogados de la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

Tras cinco años de lucha, Cadhac dio a conocer que un soldado fue encontrado culpable y recibió sentencia por 18 años de prisión por un juez que no es militar.

La decisión fue celebrada por muchos activistas, quienes aseguran que sienta un precedente para que se juzguen más casos que involucran a militares en el homicidio de civiles inocentes.

Carlos Treviño Vives, abogado de Cadhac, explicó que la resolución contra el militar, podría ser ejemplo para otros casos de muertes de inocentes perpetradas por militares.

“Me gustaría que este caso sirviera para que la sociedad vaya cambiando su punto de vista, es cierto que el militar genera cierta confianza que va a mejorar la seguridad pública. Pero cuando la militarización se hace de manera instintiva, sin tener una protección legal para la sociedad, pasa este tipo de casos como este (la pareja de Anáhuac)”, señala el litigante.

“Me ha dado sorpresa que la sociedad cada vez se está cuestionado cuál debe ser el papel de los militares en la seguridad pública, porque hay que recordar que nos van a meter la Policía Militar dentro de la estructura de la Sedena”.

Sin embargo, el abogado consideró que falta mucho por hacer para lograr una justicia plena hacia las familias de las víctimas inocentes abatidas por miembros del Ejército Mexicano.

“La repercusión de este caso a nivel social se va a ver en cambiar el pensamiento de la gente  y que la sociedad misma reflexione acerca de cuál debe ser el papel de los militares en la seguridad y en Nuevo León”, explicó Treviño Vives.             

Hoy en el municipio de Aquila, la justicia está bajo la lupa por la muerte de un menor y cuatro lesionados el pasado 20 de junio en la comunidad de Ixtapilla.

Jaime Rodríguez, procurador general de justicia de Michoacán, señaló públicamente que se abrió una investigación de lo que calificó como homicidio.

“Alguien evidentemente accionó un arma de fuego, y como resultado de la acción de esta arma de fuego, es obvio que muere este chiquito”, dijo el procurador.

Pero no es el primer caso.

El Ejército Mexicano reconoció haber privado de la vida a 40 civiles inocentes entre enero de 2007 y agosto de 2012, por supuestos ataques a personal militar.

PGR falla en aplicar justicia

Carlos Treviño Vives, abogado de Cadhac, explicó que el rezago para esclarecer los crímenes de civiles por militares, se debe a que la PGR no tiene voluntad de aplicar la justicia. 

 “Nosotros desde Cadhac vemos que hay una falta de voluntad política de la PGR. Si bien es cierto que hay investigaciones ministeriales federales, la investigación se va empantanando y va ocasionado un desgaste en los familiares de la víctimas.

“Y si no tiene un apoyo de una asociación civil se le va complicando a los familiares de las víctimas, porque tienen que contratar un abogado, que cuesta dinero, además del tiempo que pierden y va ocasionado un desgaste natural de las personas”, explicó el litigante.

Asegura que muchas familias se van decepcionando de la justicia mexicana, por lo que desisten en su petición.

 “Y las personas se van olvidando del expediente, y bueno el caso se va quedando archivado, por lo que no avanza el expediente”, consideró el abogado.

Otro caso que llamó mucho la atención, y cuya resolución aún está pendiente, es el del asesinato de Jorge Otilio Cantú Cantú.

Y lejos de resolverse, cada vez se aleja el castigo para los siete militares que por error victimaron al joven, mientras realizaban acciones de policías estatales en Nuevo León.

El caso se turnó a los tribunales de León, Guanajuato, donde continúa el juicio.

En los terrenos de la justicia, el expediente del crimen de Cantú ha rebotado siete veces de juzgados civiles a castrenses como una “papa caliente”.

El caso se mantuvo estancado por unos dos años en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Monterrey.

Y de manera repentina cambió a los tribunales en León.

El crimen ocurrió el 18 de abril del 2011 cuando los  militares abatieron a balazos a Cantú por presuntamente haberlo confundido con un sicario, en la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Monterrey.

Buscan incriminar al inocente

La investigación del crimen de Jorge Otilio Cantú  Cantú arrojó que los militares le “sembraron” un arma para hacerlo pasar como delincuente.

Este patrón de incriminar cuando se asesina a un inocente se establece en muchos casos, aseguró el abogado Carlos Treviño Vives, de Cahdac.

“El patrón de los casos de homicidios de inocentes en manos de militares, a las víctimas se les siembran armas, incluso en los cadáveres se les pone el arma para accionarla para que den positivo en el uso de armas.

“Es decir, ya cuando el militar se da cuenta que la víctima no tiene nada que ver con la delincuencia, además de ponerle el arma, hace que accione el gatillo para dar positivo en la prueba de balística. Y se les presenta como miembro del crimen organizado”, dijo el abogado.

Sin embargo, la PGR, cuando tiene un caso polémico ante la sociedad, en la utilización de sus facultades legales traslada el caso del estado en donde ocurrió el delito hacia otra entidad federativa.

Y esto, dice Treviño Vives,  es muy común que suceda.

“Muchas veces por cuestión de la PGR, las investigaciones se van a otra entidad federativa; tal es el caso de los estudiantes del TEC, que está siendo investigado por el Ministerio Público que está en Distrito Federal, y es recurrente que pase que un hecho que pasó en Nuevo León se va a otros lugares, o al DF.

“Y eso va generando desgaste en los familiares, porque no están cerca de la investigación y el Ministerio Público está alejado, y al final de cuentas algunos familiares no saben el número de expediente”, aseguró Treviño.

Añadió que en el caso de la pareja del municipio de Anáhuac, Nuevo León, abatida por militares en 2010, fue distinto por la cercanía que se tenía con el juzgado que llevaba el caso.

“En el caso de la pareja de Anáhuac, de cierta manera fue mejor, porque se tuvo al juez cerca y se pudo dar seguimiento al expediente, junto con el Ministerio Público que también le daba seguimiento al caso.

“Y en este tema, la búsqueda de la sanción era por el Ministerio Público y que también nosotros estuvimos muy cerca para atender a la familia”, concluyó el abogado.