Denunciar el asesinato de 13 periodistas en el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la implementación de un Mecanismo de protección eficaz fueron las demandas que enunció el colectivo Reporteras en Guardia.
Para Reporteras en Guardia no hay duda, 13 asesinatos es una cifra alarmante si se compara con los nueve homicidios ocurridos en el primer semestre de 2018, último año de la administración de Peña Nieto la cual cerró con 17 crímenes contra el gremio.
De acuerdo con el colectivo, la llamada Cuarta Transformación excluye cuatro de cinco crímenes de comunicadores indígenas, lo que representa una violación a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas vigente desde 2012.
Reporteras en Guardia exige al gobierno que sea reconocido el carácter de Samir Flores, fundador y locutor de radio en Morelia, José lucio Bartolo y modesto vétales colaboradores de radio en Chilapa, Guerrero así como el de Gustavo Cruz integrante de la comisión de comunicación del Consejo Indígena en Oaxaca.
La organización, formada por periodistas procedentes de 24 estados y de la Ciudad de México, afirma que estos 13 casos son parte de la escalada de asesinatos y desapariciones de periodistas heredada de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón que, según nuestro registro, el primero dejó un saldo de 66 víctimas y el segundo de 77.
Además, exigieron que en el caso de Samir Flores se presenten avances ya que a tres meses de su asesinato no hay ningún detenido.
Otras de las demandas fueron investigar y enjuiciar penalmente a los responsables de estos crímenes y que se implementen acciones eficaces en el mecanismo de protección, que se garantice que la Fiscalía General de la República (FGR) y en el mecanismo se cuente con personal especializado en libertad de expresión y derechos humanos que trabaje con un enfoque de perspectiva de género e indígena.
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