La ambigüedad de enjuiciar a expresidentes a consulta
Morena inició la campaña en favor del ‘SÍ’ para la consulta popular del próximo 1 de agosto bajo la promesa de enjuiciar a los expresidentes de México. Esto pese a que el procedimiento aprobado por la Suprema Corte dista de garantizar que esto ocurra
Carlos MontesinosCon las elecciones en el retrovisor, Morena ya apunta a la siguiente cita en las urnas e inicia campaña para la consulta popular en la que se decidirá si se investiga a los denominados “actores políticos del pasado”. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena aseguran que se llevará a juicio a expresidentes, la pregunta y los alcances de la consulta quedarían lejos de ello.
El próximo 1 de agosto, deberá realizarse la consulta popular bajo los términos avalados por el Poder Judicial. Lo que incluye haber retirado la mención específica de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña de la pregunta propuesta por López Obrador el pasado 15 de septiembre. Siendo sustituidos por términos más amplios y abiertos a la interpretación.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes en apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta aprobada por el pleno de la Suprema Corte que será sometida a la consulta de la ciudadanía.
El propio López Obrador ha dicho que la nueva pregunta resulta ambigua, mientras que Arturo Zaldívar, ministro presidente del máximo tribunal, dejó abierta la posibilidad de que, más allá de abrir procesos judiciales contra los cinco expresidentes en particular, se inicien comisiones de la verdad para esclarecer episodios más generales del pasado reciente. Algo a lo que el primer mandatario se dijo dispuesto, si bien ha insistido en que él promoverá el voto por el “NO”.
Más dudas que respuestas
Para analizar los alcances de la consulta en los términos autorizados, Reporte Índigo consultó a Javier Martín Reyes, coordinador de la Licenciatura en Derecho del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Quien contrasta que, ante la petición de López Obrador de una consulta “abiertamente inconstitucional”, la Suprema Corte prefirió dar entrada a un procedimiento lleno de ambigüedades.
“Si vemos la redacción de la pregunta, lo que tenemos ahí son ambigüedades muy significativas que lo que hacen es limitar de manera muy preocupante cuáles son los posibles alcances de la consulta”
“No queda claro cuáles son los actores políticos del pasado, cuáles son las acciones, en qué consiste el proceso de esclarecimiento ni cuáles son las reparaciones. Por desgracia, es una consulta que genera muchísimas más dudas que certezas.”
Reyes recalca que la resolución incluso elimina la posibilidad de los procesos penales. “Lo que dijo la Corte es que la consulta solo puede versar sobre aquellas facultades en las que las autoridades tienen discrecionalidad. Es mucho más una consulta, como la construyó la Corte, cargada a intentos de procedimientos administrativos de responsabilidad o a intentar procesos de justicia transicional, pero que no pueden pasar por lo penal por mandato de la Corte”.
Pese a esta ambigüedad, tanto Morena como sus simpatizantes ya han iniciado una campaña en redes sociales llamando a la movilización para el 1 de agosto. Manteniendo el discurso del “juicio a expresidentes”, la campaña se centra en que la misma consulta servirá para someter a la justicia a los cinco mencionados y que “devuelvan lo robado”, si bien los escenarios planteados por el Poder Judicial son, cuando menos, más complejos e intrincados.
Campaña por el juicio a expresidentes
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se sumó a la campaña del “SÍ” mediante un mensaje en redes sociales en donde le acompaña Omar García, uno de los principales organizadores de la iniciativa ciudadana.
El mensaje promueve el portal juicioaexpresidentes.mx, en donde comparten audios, documentos y videos en favor de “llevar a juicio a los y las responsables” de la corrupción, la violencia y la desigualdad de los últimos 30 años.
Reyes critica esta campaña por parte del partido oficial y del propio presidente López Obrador, siendo que la consulta bien podría no tener estos efectos. Por lo que no descarta que, una vez realizado este ejercicio y con la probable victoria del “SÍ”, se inicie una nueva etapa de descalificaciones y ataques a las instituciones de procuración y administración de justicia.
“Es una farsa y una simulación abierta porque lo que dijo con todas sus letras la Suprema Corte es que esta consulta no podía ser sobre aquellas facultades obligatorias que tenían las autoridades. Esta consulta no está, ni de cerca, relacionada con investigaciones o juicios en materia penal. Que son los que podrían terminar, eventualmente, con órdenes de aprehensión o sentencias condenatorias en las que se les prive de la libertad. La consulta no puede tener ese efecto.”
De acuerdo a la ley, la participación debe ser cuando menos del 40 por ciento de la lista nominal para que la consulta sea vinculatoria. El pasado 6 de junio, cuando se renovaron la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, así como alcaldías y legislaturas de 30 entidades de la República, la participación ciudadana fue superior al 52 por ciento. Por lo que el antecedente inmediato muestra un panorama favorable para la consulta.
Más aún sumando que, para solicitar la consulta popular en septiembre de 2020, el colectivo ciudadano que encabezó García recolectó alrededor de dos millones y medio de firmas. Aunque esta solicitud terminó por ser opacada por la que hizo López Obrador de manera directa al Senado de la República y que posteriormente fue aprobada por la Suprema Corte.
Independientemente del resultado de la consulta, Reyes insiste en que termina por ser un procedimiento innecesario. Ya que, así como la victoria del “SÍ” con una participación vinculatoria no garantiza que los expresidentes sean sometidos a procesos judiciales, el que no se logre el 40 por ciento de participación y por tanto no tenga sustento legal tampoco impediría que las fiscalías correspondientes iniciaran investigaciones.
“La gran paradoja es que esta era una consulta completamente innecesaria. Es decir, para iniciar investigaciones y, eventualmente, procesos penales en contra de los expresidentes no se necesita ninguna consulta. Ahorita y desde siempre se puede procesar a los expresidentes si hay los elementos para ello. No hay necesidad alguna de la consulta, la protección que tienen los expresidentes es el famoso fuero que dura, nada más, mientras están en el encargo.”
