La ‘autodefensa’ en el mando único

“Mi inconformidad es esa, quiero más seguridad. La policía de Cuautitlán sólo va de entrada por salida (…) tenemos inseguridad todavía en la comunidad de La Loma Colorada. Continúa entrando un vehículo sin placas, una Cherokee con gente armada y no se sabe con que fin”.

Son palabras de Blanca Estela González, esposa de Celedonio Monroy Prudencio, miembro del Consejo de Mayores de Ayotitlán que desde octubre del 2012 desapareció.

La comunidad indígena nahua de Ayotitlán hoy exige su autonomía y con ella su propia seguridad. La explotación en despoblado de maderas y minerales mantienen a gran parte de la población en vilo.

Los caminos de montaña que conducen de Cuautitlán de García Barragán –donde se localiza el ejido de Ayotitlán, al sur de Jalisco- a Colima, son cada vez más peligrosos.

En meses recientes la desaparición de Monroy Prudencio, ha puesto el dedo en la llaga sobre la necesidad de conformar un nuevo sistema de vigilancia en la localidad.

Una policía comunitaria que –sin armas- vigile la entrada y salida de personas y limite el despojo de tierra y la extracción de recursos naturales.

Pero no todos están a favor de la propuesta. Pues en la localidad no todos los ejidatarios son indígenas y no todos concuerdan con la necesidad de cambiar las reglas de juego.

Pero la falta de seguridad en esta localidad es hoy un problema verdadero y su resolución parece no tener cabida en el nuevo esquema de seguridad que plantea el gobierno entrante.

Pues si hoy el reclamo de los comuneros es el aumento de asaltos y desapariciones que atribuyen a la explotación de recursos naturales y al narcotráfico, centralizar aún más las funciones de gobierno podría no ayudar a comunidades como Ayotitlán.

El fin de semana el Congreso del Estado aprobó la reforma estructural del nuevo gobierno que minimiza las funciones de las policías municipales.

La nueva figura de la Fiscalía General de Jalisco fusiona a la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Las policías municipales quedan como figuras de proximidad con la comunidad y absolutamente subordinadas al mando estatal en un esquema de policía única o mando único.

Pero los diputados, antes de interesarse en la efectividad que traerían los cambios estructurales del sistema de seguridad tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en el interior del Estado, se interesaron más en las formas.

Incluso buena parte de la discusión en el congreso se concentró en el método de designación del fiscal.

Finalmente quedó establecido como una atribución del gobernador que a su vez deberá contar con el aval de las dos terceras partes del Congreso del Estado. 

Por ser una reforma constitucional la propuesta debe ser votada a favor por lo menos en 63 de los 125 municipios. 

Uno de esos municipios podría ser Cuatlitlán de García Barragán en donde su presidente Pedro Sánchez se niega a ceder el control de su territorio a la comunidad indígena de Ayotitlán.

Justifica la falta de seguridad por la  falta de recursos. Tres patrullas hacen los rondines en el municipio.

Asegura que pronto se compraran nuevos vehículos y se contratará a más personal algunos de ellos de las comunidades indígenas.

¿Es posible una policía comunitaria?

Hasta hoy el planteamiento de policía comunitaria en Ayotitilán ha sido distinto al de otras experiencias en el país.

“Hay una percepción errónea de lo que es una policía comunitaria en la gente” apunta  César Díaz Galván de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara.

“Tenemos al Ejército a los estatales a los municipales no necesitamos una policía extra, el asunto de la inseguridad nos ha demostrado que no es suficiente la presencia de estos tres entes para garantizar la seguridad”, agrega.

En Jalisco, la policía comunitaria busca el reconocimiento del Estado, a fin de que sea éste quien dote de equipamiento e incluso de salarios.

Aunque hasta el momento no se han planteado de manera formal los alcances de la policía comunitaria de Ayotitlán en el Comité Técnico para la conformación de la policía comunitaria solo se habla de vigilancia.

Este órgano conformado por la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, la Policía Estatal, el Ejército, el Consejo de Mayores, el comisariado ejidal el municipio de Cuautitlán, académicos de la UdeG, el ITESO y representantes de derechos humanos, aún no alcanza a madurar la idea.

Ahí se dijo que la policía solo sería de vigilancia y atendería delitos menores que no incluye, extorsión, secuestro, homicidio y narcotráfico, delitos que ya están presentes en la comunidad. 

Pero la propuesta es vista por algunos, como una oportunidad política para el grupo del Consejo de Mayores (máxima autoridad indígena) de imponerse, dentro de la comunidad legalmente constituida como ejido.

La discusión sobre la policía comunitaria quedó suspendida hasta el próximo 17 de marzo, cuando el Comité Técnico vuelva a sesionar. 

Aunque todavía no se habla sobre si tendrá armas se busca que sea el Ejército quien capacite a los pobladores.

El representante de la Policía del Estado Francisco Solorio manifestó que la policía comunitaria está permitida dentro de la Ley.

“Ustedes pueden establecer ciertos mecanismos de vigilancia interno (…) pero también es cierto que esta figura no esta encaminada para enfrentar cierto tipo de problemas, delitos y grupos delincuenciales; inclusive en la sierra wixárika se sancionan solo cuestiones internas y administrativas de bajo impacto”, apuntó Solorio.

La discusión de la policía comunitaria fue antes de la aprobación de las nuevas instancias de seguridad en el estado, con la reforma recién aprobada, podría truncarse el proyecto.

La batalla contra el despojo

La violencia en la zona es hoy un fenómeno naturalizado en Ayotitlán por lo que no muchos lo consideran un problema.

“Gana quién grite más, quién tenga más apoyo, quién sea el más fuerte”, refieren algunos pobladores a propósito de las divisiones al interior de la comunidad que incluso ha generado muertes y desapariciones desde hace una veintena de años.

Algunos ejidatarios reconocen que sus tierras al ser ricas en minerales y maderas son preciadas para los inversionistas.

Pero la pobreza azota la zona, Cuautitlán de García Barragán está entre los cinco municipios con mayor índice de marginación en el estado según datos del Consejo Estatal de Población. 

La explotación de la tierras se ha convertido en un salida de los ejidatarios frente a la pobreza.

La modificación en 1992 del artículo 27 de la Constitución les permite a los ejidos la entrada de pequeños propietarios -propiedad privada- si el comisariado ejidal lo permite.

Eso permitió la entrada de la empresa Peña Colorada que hoy tiene el control de un territorio de donde extraen grandes cantidades de hierro que es exportado a China.

Y que además ha traído problemas de salud e integración en la comunidad que se encuentra completamente dividida. 

Para Gaudencio Mancilla Roblada, titular del Consejo de Mayores la lectura de su comunidad es diferente a la de los ejidatrios.

“Hemos visto que uno ya no cuenta con la policía estatal municipal, la verdad están pasando cosas en la comunidad y ellos no hacen caso.

“El ejido es una cosa, son los ejidatarios, yo represento a otra comunidad (…) yo como parte del Consejo de Mayores me opongo a la desaparición de la gente”, apuntó Macilla Roblada en entrevista con Reporte Indigo.

Reconocidos como una comunidad indígena nahua– una de las más grandes de México- El Ejido de Ayotitlán puede valerse del articulo segundo de la Constitución mexicana en el que se le permite a los pueblos indígenas la autodeterminación y con ello su organización en base a usos y costumbres.

Policías comunitarias en México

Recientemente el director ejecutivo de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco se manifestó en contra de las policías comunitarias. 

Vivanco consideró que además de ser un síntoma del fracaso de las políticas de seguridad  y pueden salirse de control, la figura de policía comunitaria existe desde hace mucho tiempo en otros estados del país.

Un ejemplo de ello es el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitario del Estado de Guerrero, que aglutina a 12 municipios de la costa chica y la montaña de ese estado con fuerte presencia indígena.

Participan 77 comunidades de pueblos tlapanecos, mixtecos, mestizos  y amuzgos que se dedican a labores de producción de café, jamaica y maíz.

Formado en 1995, este grupo argumenta en sus estatutos que “la ineficiencia y corrupción del sistema de seguridad del estado” los orilló a agruparse.

Pues los asaltos en los caminos que conducían a la montaña fueron cada vez más frecuentes, sin que las comunidades encontraran justicia en el sistema penal, nacional ni estatal.

Esa policía comunitaria está conformada por grupos de las comunidades, que a su vez están subordinados en una coordinadora regional de autoridades comunitarias que administra e imparte justicia a manera de “reeducación”.

Este órgano tiene un reglamento interno que a su vez fue discutido por cada una de las comunidades.

A diferencia de lo que se plantea en Jalisco en este sistema de policía comunitaria sí se permite la impartición de justicia de delitos mayores como violación, homicidio y tráfico de drogas y están armados.

En el municipio de Ayutla de los libres en Guerrero, se suscitó un escándalo luego de que la comunidad decidiera sentenciar a más de 50 personas a las que se les imponía cargos de homicidio y tráfico de drogas.

En el caso intervino la Policía del Estado, pero a los pocos días el propio gobernador del Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, avaló la existencia de las policías comunitarias.

Desde entonces la discusión sobre las policías comunitarias se ha revivido. Hay quien apoya la defensa de la autonomía de los pueblos indígenas en tanto hay quien crítica los alcances de este tipo de policías.

Y es que hace apenas unos días Adolfo Sánchez Hernández fue muerto en un retén de la policía comunitaria de Ayutla de los Libres, pues desobedeció el alto en el puesto de revisión. 

Iba armado y encapuchado informaron las autoridades comunitarias.

Pero pese a la críticas el fenómeno sigue creciendo y nuevos grupos de autodefensa han aparecido en Guerrero. Ahora en comunidades semi urbanas cercanas al Puerto de Acapulco donde se creó la policía comunitaria de Coyuca de Benítez.

“Cada día que pasa, la llamada delincuencia organizada acosa más el patrimonio y tranquilidad de nuestras familias”, refiere el boletín  de la organización que, asegura, defenderá “los territorios libres de delincuencia”.

En Michoacán la situación de inseguridad y la presencia marcada de grupos ligados talamontes y al narco también orilló a los pobladores de Ostula y Cherán a formar su propia policía comunitaria.

Hasta hoy existen otras tres policías comunitarias en ese estado que están en los registros del gobierno de Michoacán, que buscará regularizar las actividades de estas policías, según informó el gobernador priista Fausto Vallejo.

Autodefensa,narco y poder

Por Esteban Contreras

Los llamados grupos de autodefensa son un fenómeno que no es exclusivo de Jalisco o México, otros países han tenido experiencias similares. 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgen a finales de los 90 como grupos paramilitares con el interés inicial de erradicar a la guerrilla insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en el país desde los años 60.

La expansión de las AUC se vio infiltrada por los intereses del Estado colombiano que financió y protegió su actuar a pesar de la violencia con la que afectaron no solo a la guerrilla agrupada en las FARC, sino a civiles que no estaban involucrados con el conflicto.

Tanto fuerzas militares del Estado colombiano como la policía de aquel país se sumaron para atacar a las FARC.

Pero los vínculos de las AUC con el narco de aquel país, como en el caso de las FARC, ocurrieron. 

La fuerza de las AUC se propagó y dio paso a masacres como la de El Salado en febrero del año 2000 donde murieron 60 personas, hubo dos violaciones y se desplazaron cerca de cuatro mil colombianos. 

En México y Jalisco el nacimiento de grupos de autodefensa representa un reto para la política de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador electo del estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Entre México y Colombia los problemas de narcotráfico y crimen organizado son distintos a pesar de que Peña Nieto, su gabinete y asesores insisten en ‘colombianizar’ las soluciones al problema de la inseguridad.

Las AUC en Colombia sí tenían una estructura en distintas regiones del país y en México hasta el momento se trata de policías comunitarias no vinculadas entre sí, la mayoría en lucha contra el crimen organizado.

Aunque la realidad social es diferente a la colombiana, lo cierto es que los gobiernos municipales, estatales y el federal perdieron peso en las zonas no urbanas en donde los conflictos entre cárteles por el control de las plazas afecta a miles de pobladores.