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La reforma energética ha provocado un choque de trenes. La iniciativa promulgada en 2013 pasará por una prueba de fuego durante las campañas electorales debido a que existen posturas que desean revertirla, mientras que otras defienden su continuidad.
Los que están a favor de la madre de todas las reformas defienden los empleos que ha generado y las inversiones extranjeras que ha atraído durante todos estos años.
Las visiones al otro lado de la moneda plantean acabar con ella por los efectos negativos que ha dejado en el bolsillo de los mexicanos como el alza en los precios de las gasolinas.
El rostro de México cambiará después del 1 de julio. A partir de ese momento, los pilares construidos durante seis años comenzarán a derribarse o se afianzarán durante un sexenio más.
Sin importar quién se convierta en el nuevo inquilino de Los Pinos algo es seguro: las probabilidades de que la reforma energética se venga abajo son escasas, coinciden especialistas
“La iniciativa no se puede echar para atrás de la noche a la mañana por los candados legales con que está blindada”, asegura Miguel Zárate, socio de Zárate Abogados.
El abogado explica que ponerle fin no será tan sencillo, pues la iniciativa está blindada legalmente y acabar con ella requeriría cambios de fondo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por principio, la reforma energética es constitucional, esto quiere decir que tuvo que ser aprobada por dos terceras partes del Congreso. Esto puso fin al monopolio energético que existió en el país durante casi 80 años, después de la expropiación petrolera realizada por Lázaro Cárdenas.
De manera general, si el próximo presidente de México quisiera revocarla sólo podría modificar el reglamento, debido a que las leyes secundarias dependen del visto bueno del Congreso.
Además, las bases del mercado eléctrico las establece la Secretaría de Energía (Sener) y atienden las indicaciones establecidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Ahí se enfrentaría otro candado, ya que todos los órganos reguladores del sector energé- tico mexicano, como la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) toman decisiones de manera autónoma y sus consejeros no los nombra el presidente de la República Mexicana.
“La reforma no se puede echar para atrás de la noche a la mañana por los candados legales con que está blindada”
Julio Jiménez, catedrático e investigador de la Universidad La Salle, coincide en que, en términos constitucionales, es imposible “echar para abajo la reforma energética”. Explica que donde el Ejecutivo federal podría “meter mano” es en el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Hidrocarburos.
Aunque ésta última es la más importante, ya que define los permisos que el gobierno expide por ciertas actividades de negocios relacionadas con hidrocarburos (asignaciones, contratos y reglamentos) “no tendría mayor margen de maniobra y tampoco podría mover mucho con eso”, agrega Jiménez.
Cuando el gobierno federal impulsó la reforma energética, lo primero que contempló para protegerse en caso de cualquier cambio de color en el poder, fue la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
La nueva redacción del artículo 27 aprobada por el Senado de la República el 10 diciembre de 2013, fue criticada por la oposición al considerar que ponía en riesgo el dominio de la nación sobre los recursos estratégicos al eliminar la prohibición para otorgar contratos en materia de hidrocarburos.
Para Alejandro Limón, investigador de Energía y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la modificación de este apartado fue “el mejor escudo para proteger a la reforma ante cualquier alteración que se quisiera hacer en el futuro”.
Revertir la reforma energética requeriría que el Ejecutivo federal contara con dos terceras partes del apoyo en el Congreso
En concreto, si se quisiera acabar con la reforma, el Ejecutivo federal debería contar, por principio, con el apoyo de dos terceras partes del Congreso. Algo que, especialistas coinciden, sería muy difícil de lograr al tomar en cuenta la división política que existe en este momento en el país.
Las nuevas apuestas
En el hipotético caso de que el próximo presidente de México lograra revertir la reforma, los daños serían irreparables: incertidumbre en los mercados, depreciación en el tipo de cambio y desaceleración en el crecimiento económico serían las principales consecuencias de esta decisión en el corto plazo.
Julio Jiménez, catedrático e investigador de la Universidad La Salle, explica que otro de los efectos negativos sería el deterioro en las relaciones comerciales con Estados Unidos, ya que muchas de las marcas de gasolineras que se han instalado en el mercado mexicano y han hecho anuncios de inversiones para los próximos años son de nacionalidad estadounidense.
La reforma energética no está enfocada sólo en el sector de los hidrocarburos, también se extiende hacia el sector eléctrico, por lo tanto es importante explotar este mercado que se encuentra creciendo a pasos agigantados
“No nos conviene dañar más la relación que tenemos con Estados Unidos, sobre todo, en un año crucial para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, manifiesta el catedrático.
En términos económicos, el costo sería alto. En 2018, la Sener estima que las inversiones derivadas de la reforma energética superarán los 100 mil millones de dólares.
“México estaría en un severo problema si mete el freno en contratos que ya están comprometidos”, enfatiza Alejandro Limón, del CIEP.
El especialista destaca que otro de los impactos para la economía mexicana sería que sin los nuevos competidores en el mercado, el gobierno no podría obtener ingresos a través de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) tendría que volver a asumir ese costo.
Depreciación en el tipo de cambio y desaceleración en el crecimiento económico serían algunas consecuencias de echar para atrás la reforma energética
En cuanto a reputación, México se enfrenta a varias tormentas. La corrupción, la violencia y la inseguridad han opacado la imagen que se tiene de nuestro país en el mundo.
La segunda mayor economía de América Latina conoce el sabor amargo de generar el descontento de inversionistas internacionales. En el 2015, el gobierno anunció la cancelación de dos megaproyectos en los que empresarios chinos participarían.
La medida hizo que el dragón asiático anunciara que sus empresas, al menos hasta el cierre de este sexenio, no realizarían inversiones de gran relevancia en el país.
“Si la reforma energética terminara, México no sólo quedaría mal frente a los inversionistas extranjeros que tienen contratos en el país, también dañaría su reputación ante el mundo, situación que alejaría inversiones importantes en el futuro”, recalca Limón.
La reforma no está enfocada sólo en el sector de los hidrocarburos, también se extiende hacia el sector eléctrico, industria que está creciendo a pasos agigantados y la energía solar ha sabido aprovechar esta apertura en el mercado.
En las primeras tres subastas eléctricas se asignaron 37 proyectos solares, que sumarán una capacidad de casi 5 mil MW y una inversión de 5 mil millones de dólares en proyectos que entrarán en operación del 2018 al 2020, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex).
Para los próximos 15 años, la CRE anticipa inversiones por 100 mil millones de dólares en el sector eléctrico en México.
“El petróleo es lo menos importante de la reforma, Pemex lleva años en un bache, la apuesta debe ser en energías renovables y en enfocarse en la apertura que ya se está dando para la energía solar y las plantas eléctricas. Quien defienda la bandera del petróleo, que la agarre, esa nadie se la va a pelear”
“La industria del petróleo es muy valiosa pero ya está muerta. En cambio, la industria eléctrica está creciendo a pasos agigantados y hay que apostarle a eso”, añade Zárate.
El ejemplo más claro es que a partir del año 2020, la mayoría de las armadoras de autos anunciaron que ya no fabricarán vehículos que consuman gasolina.
La deuda con los mexicanos
El gran tema pendiente que tiene la reforma energética con los mexicanos es el elevado precio de los combustibles.
En febrero pasado aumentaron hasta 8.7 por ciento en el territorio nacional y en seis meses se han elevado hasta un 21 por ciento, de acuerdo con datos de la CRE.
El principal freno para que los mexicanos puedan pagar una gasolina más barata es la falta de infraestructura desarrollada, más ductos, centros logísticos y una mejor estrategia para su transportación
“No se ha desarrollado este mercado y apenas se está empezando a hacer”, comparte Arturo Carranza, especialista en temas energéticos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y agrega que esto se debe a que Pemex era la única empresa con presencia en el mercado nacional, por lo que no había necesidad de esta infraestructura, pero con la apertura al sector urge darle prioridad.
“A medida que se vaya desarrollando este mercado es posible que los precios se abaraten, aunque no es una regla escrita”, expone Carranza.
Los especialistas advierten que si en el corto plazo la reforma energética no da resultados al ciudadano de a pie, es muy probable que la respuesta de los mexicanos se vea reflejada en las urnas con un voto de castigo
El escenario es complejo para México, sin embargo, Alejandro Limón, investigador del CIEP, comparte que la ruta a seguir está en revisar los vacíos de la iniciativa, cumplir con los acuerdos internacionales a los que se comprometió y dar una mayor certeza a los mexicanos.
“Todavía hay muchos pendientes, queda mucho trabajo por hacer, pero, también debemos destacar que la reforma energética despertó las ganas de invertir en nuestro país y por esa razón seguirá adelante sin importar el resultado del próximo 1 de julio”.
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