La cara machista del TSJCDMX en sus funcionarios

El poder encargado de procurar justicia en la Ciudad de México permite que sus funcionarios directivos incurran en actos de acoso sexual y de hostigamiento laboral, según las denuncias interpuestas en diferentes instancias
David Martínez David Martínez Publicado el
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El Poder Judicial de la Ciudad de México conmemorará este viernes 6 de marzo el Día Internacional de la Mujer, aun cuando al mismo tiempo enfrenta acusaciones de tolerar el machismo y el hostigamiento laboral en sus instalaciones. La responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) es sancionar a aquellos que violen la ley.

Pero el caso de Erika Ruiz Carballo, jefa de unidad departamental de Publicaciones de la Dirección General de Anales y Jurisprudencia, refleja que la justicia no está con las mujeres.

Ruiz Carballo acusa que su jefe, el subdirector de área y encargado de la dirección general del Boletín Judicial, Joel Oswaldo Vega Viazcán, comete violencia de género y hostigamiento laboral en su contra.

Aunque el asunto ya llegó hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) y al Congreso local, no ha tenido una respuesta.

La problemática comenzó en 2017 cuando Erika ingresó al TSJCDMX. En ese momento eran amigos desde hace 20 años y él la apoyó para conseguir su plaza.

Pero esa amistad se perdió: desde el primer día recibió comentarios, invitaciones a salir e insinuaciones sexuales por parte de su jefe.

Relata que durante dos años normalizó la situación y no denunciaba por la lealtad y por el agradecimiento que le tenía.

En mayo de 2019 las cosas cambiaron. Erika se ausentó por incapacidad durante una semana debido a un intervención quirúrgica. Al regresar, el panorama fue más hostil.

Me volvió a insistir en salir, lo rechacé y se comportó prepotente y déspota
Erika Ruiz CarballoJefa de unidad departamental de Publicaciones de la Dirección General de Anales y Jurisprudencia

También comenzó a humillarla.

“Me dijo que no servía como jurista, que era una chismosa como todas. Hacía ese tipo de comentarios de las mujeres. Él es del tipo de gente que pega en la mesa y dice que es el jefe”, cuenta.

En consecuencia, Erika acudió con el director general del área y jefe de ambos, Raciel Garrido Maldonado, quien le pidió que no denunciara.

“Le comenté en varias ocasiones y me decía que éramos un equipo, que no denunciara”, afirma.

Erika dice que en su caso, el hostigamiento y el acoso continuaron hasta febrero de 2020 cuando la situación llegó al límite: se presentó un intento de riña entre su esposo y Vega Viazcán

“Pasaba y se reía de mi esposo, quien era consciente de toda la situación, eso provocó el percance”, detalla.

Tras la situación, Ruiz Carballo volvió a buscar al director general, Raciel Garrido Maldonado.

“Mi jefe me dijo que por qué no quise denunciar desde un principio y yo le dije que por pendeja (…) después me dijo que si lo hacía iba a haber consecuencias”, explica.

Añade que Garrido Maldonado encubre a su subalterno a pesar de las actitudes que tiene con su personal.

Menciona que al menos otras cinco mujeres de su departamento han padecido maltrato por parte de Vega Viazcán pero tienen miedo a quejarse.

“Muchas veces Joel Oswaldo pasa por la oficina y se burla de las denuncias diciendo que la Comisión de Derechos Humanos sólo puede emitir recomendaciones y no sancionarlo”, dice.

Un dato que ejemplifica que la justicia carece de perspectiva de género, es que de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, de 374 jueces que hay en el TSJCDMX, solo el 35 por ciento son mujeres.

Caso del TSJCDMX en impunidad

Tras el incidente entre el esposo de Erika y su presunto agresor, al día siguiente se registró otro altercado en el que sintió que su integridad estaba en peligro.

“Al salir de mi oficina en la calle Claudio Bernard, tres hombres del personal administrativo, me observaron y Oswaldo estaba con ellos, me dio miedo y me eché a correr”, indica.

Por ello, el 13 de febrero de 2020 decidió ir a denunciar ante la Fiscalía de Servidores Públicos (FSP) donde abrieron la carpeta de investigación CIFSP/UI-B-1C/D/00524/02-2020 por discriminación y restricción de los derechos laborales.

Un día después levantó la denuncia por acoso sexual en la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales (FIDS) y se inició la indagatoria CI-FDS/FDS/UIFDS-6-02/00171/02-2020.

En la FSP le informaron que terminar de integrar la carpeta de investigación tomará mucho tiempo por la carga de trabajo.

Pero le otorgaron la medida cautelar del Código Águila el sábado 29 de febrero al considerar que su integridad estaba en riesgo, protocolo que consta de una supervisión periódica por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y monitoreo de la PDI.

El 18 de febrero fue a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a presentar una queja, registrada con el folio CDHDF/V/121/CUAUH/16/D6648.

En el TSJCDMX envió un oficio a la Comisión de Disciplina Judicial para denunciar a Vega Viazcán el 20 de febrero de 2020.

Y entregó cuatro escritos a las comisiones de Administración y Procuración de Justicia; a la de Igualdad de Género; a la de Atención Especial a Víctimas; y al Comité de Atención, Orientación y Queja Ciudadana del Congreso local.

A pesar de todas las instancias a las que recurrió Erika y de que se le otorgaron medidas cautelares, Joel Oswaldo Vega Viazcán continúa laborando al frente de un área del máximo tribunal de justicia de la ciudad.

Quejas ignoradas

Existe una denuncia en la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que data del 14 de noviembre de 2017 por parte de Consuelo Méndez Rodríguez, trabajadora del Poder Judicial, en contra de Vega Viazcán por acoso laboral.

En el expediente CDHDF/V/121/CUAUH/17/ D6413, la ofendida expresa que tanto su jefe inmediato como el director general del área desacreditaban su trabajo.

“La ignoraba, no la dejaba contestar el teléfono, la ofendía diciéndole que le gritaba porque era su jefe, el poco trabajo que le asignaba, le decía que estaba mal, varias veces la corrió de su oficina, le rompía las hojas de su trabajo”, consta la relatoría de los hechos del documento en poder de Reporte Índigo.

Sin embargo, el 14 de diciembre de 2018, la CDHDF determinó que no había elementos para afirmar que hubo violaciones a sus derechos.

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