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En la gestión pasada, el crimen organizado cometió el 40 por ciento de los homicidios. En el actual sexenio se le atribuye el 34 por ciento
Matar en Jalisco sale barato.
Hasta hoy, la Fiscalía General del Estado –que fusionó las extintas Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública en una sola estructura–, ha sido incapaz de capturar a la mayoría de los homicidas y de disminuir de forma relevante los índices de impunidad que cubren a los asesinatos.
Las mediciones actuales de eficiencia de la Fiscalía no son muy diferentes de las que se hicieron durante la segunda parte del sexenio pasado, cuando se desató la violencia vinculada principalmente con las organizaciones criminales en su disputa por el territorio estatal.
Reporte Indigo obtuvo un indicador de la Fiscalía rara vez expuesto, otorgado por instrucción del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI).
Más allá de la consignación de averiguaciones previas por homicidio doloso, que puede darse con o sin detenido, la pregunta es: ¿en cuántos asesinatos ocurridos en Jalisco se ha atrapado, en efecto, al homicida?
En el 2007, la captura se logró en el 28 por ciento de los casos que atendió la entonces Procuraduría. De 389 asesinatos cometidos, se capturó sólo a 109 presuntos responsables.
Al año siguiente la proporción se elevó. Las autoridades detuvieron a los supuestos autores del 31 por ciento de los homicidios del 2008; para 2009, la cifra bajó al 24 por ciento.
De aquí en adelante el indicador sería peor, y mientras la eficiencia descendía, la violencia iba en aumento en Jalisco.
En 2010 se detuvo a los homicidas del 18 por ciento de los asesinatos. En 2011 al 14 por ciento, y en 2012 al 13 por ciento, éste fue el peor año en resultados; fue además el último en que la investigación de los delitos recayó en la Procuraduría, separada aún de la Secretaría de Seguridad Pública.
En 2013, tras la reforma local que dio pie a la Fiscalía –concentrando en ella a las Policías Estatal, Vial, Ministerial, al Ministerio Público (MP) y al área de Reinserción Social–, se logró capturar a los autores del 15 por ciento de los homicidios, una ligera mejora sobre 2012 y 2011, pero lejos de los mejores registros de la gestión pasada.
En 2014 volvió a aumentar levemente el indicador, se detuvo a los homicidas del 17 por ciento de los casos hasta agosto de ese año, pero aún por debajo de lo alcanzado entre 2007 y 2010, y dejando impune cuatro de cada cinco asesinatos.
Consignar, la prioridad
En los homicidios donde se ha logrado una aprehensión, el MP tiende por generalidad a consignar.
Si en el sexenio pasado se supo de 4 mil 728 homicidios, en 877 de ellos hubo detenidos (el 18.5 por ciento); en 850 hubo consignados (el 17.9 por ciento), pero sólo en 574 hubo condenados (12.1 por ciento).
En 2007, de cada cinco homicidios, uno terminaba en una sentencia condenatoria (el 20 por ciento); y en 2012, en uno de cada 10 (el ocho por ciento).
En 2013 el 5 por ciento de los homicidios terminó con una pena, en 2014 fue menos de un punto porcentual (0.9), pero habrá que considerar los tiempos procesales de la justicia.
El nuevo sistema de justicia penal que inició en octubre en Jalisco deberá disminuir esta impunidad, pues permite al MP concentrarse en delitos de mayor impacto, tras despresurizarse con los mecanismos alternativos de solución de controversias.
El crimen organizado es aún un generador importante de esta violencia.
En la gestión pasada se le atribuyó el 40 por ciento de los homicidios (mil 883 de 4 mil 718, hasta octubre de 2012); en la actual administración ha perpetrado el 34 por ciento (572 de mil 682, durante todo 2013 y hasta agosto de 2014).
Fiscal autónomo
La Procuraduría General de la República está en proceso de volverse una Fiscalía General autónoma del Poder Ejecutivo, tras la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014, para hacerla así más eficiente e independiente de influencias políticas.
En Veracruz ya se concretó la autonomía de su MP, Oaxaca ha dicho que lo hará en 2015, y estados como Sonora, Colima y Tlaxcala tienen iniciativas para ello; en Jalisco, cuando se creó la Fiscalía, esta posibilidad ni siquiera se puso sobre la mesa y la dependencia sigue subordinada al Ejecutivo estatal.
En la iniciativa presidencial de la Ley de la Fiscalía General –aprobada ya por los diputados, no por el Senado–, dice:
“Partió de la noción consistente en que causa desconfianza en la ciudadanía el hecho de que el MP y su titular dependan orgánicamente del presidente de la República, pues se tiene la percepción de que ‘la procuración de justicia es usada para reprimir a los adversarios políticos y a los disidentes’”.
A decir de Jorge Rocha, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), es momento de que en Jalisco se analice dotar de autonomía al MP, pero no sin antes evaluar la continuidad del modelo de la Fiscalía, es decir, de la fusión de la procuración de justicia y de la seguridad pública en una sola instancia.
“Muchos especialistas lo han dicho: el MP tendría que ser una instancia autónoma del Poder Ejecutivo necesariamente, si no el riesgo de politizar la justicia es muy alto, que más bien las Policías se dediquen a perseguir a opositores políticos y no a delincuentes; es el gran riesgo de tener una Policía al servicio de un Ejecutivo”, según la óptica del académico.
Hay antecedentes en Jalisco del MP guiado por motivos políticos, y no meramente técnicos y legales. En el sexenio pasado, la Procuraduría recibió de la Contraloría 13 denuncias por actos de corrupción que detectó en dependencias estatales, como enriquecimiento ilícito, entre otras, todas fueron archivadas.
Más recientemente, el extraño caso de la Consultora López Castro, un despacho que ganó ante la justicia federal el pago de un adeudo del Poder Legislativo por 58 millones de pesos, y que repentinamente se desistió del cobro, según lo anunció el 27 de noviembre pasado el secretario de Gobierno, Roberto López.
Aunque negó haber negociado la ley, en medios locales y nacionales trascendió que el Estado habría advertido a la consultora que, de recibir el pago, se le perseguiría por fraude, ante la sospecha de que nunca prestó su servicio; tras desistirse, la investigación paró: el MP estuvo subordinado al factor político.
“Cuando la tienes autónoma, es una fiscalía que tiene más capacidad de investigar porque no tiene compromisos con nadie, se cumple el famoso precepto de que la justicia es imparcial. No trabaja en función de intereses políticos en turno, sino de lo que le toca a hacer. Eso sería el modelo ideal, por eso hay que discutirlo claramente”, dice Rocha.
Pero también, añade, “es momento de revisar el modelo como tal (…) no podemos decir que Jalisco es un estado seguro, decir esto de haber puesto al MP y a la Policía juntos, en un solo paquete, nos está funcionando o no–, para mí ése es el tema realmente importante; yo creo que no”.
