Para Araceli Damián, diputada por Morena, la CEAV ha incurrido en faltas graves que demuestran que no ha dimensionado la importancia de atender y resarcir el daño a las víctimas de violencia en el país.
La legisladora, miembro de la Comisión Especial para dar seguimiento a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló que aunque en el discurso los comisionados de la CEAV aseguran que toda persona que se acerca a ellos tiene apoyo, la historia cambia cuando se trata de acceder a recursos para la reparación del daño.
“Hay toda una normatividad que a mí me parece absurda. Por ejemplo, para las personas que se les ofrece un apoyo económico, les ofrecen el Prospera. No se los dan de forma directa, inmediata, simplemente por ser víctimas, sino que las víctimas deben estar sujetas a la entrevista que hace ese programa a ver si clasifican o no dentro del programa”, expuso la congresista.
Damián expuso el caso de Melisa, la hija de Julio César Mondragón, el estudiante ejecutado por policías la noche de Iguala.
En un encuentro con diputados, Marisa Mendoza, esposa de Mondragón, les dijo que no la estaban apoyando con la manutención de su hija, a pesar de que su padre había sido ejecutado por policías.
“No hay un reconocimiento del verdadero daño que se ha hecho en la vida de las personas. En el caso de la huérfana de Mondragón y su viuda, ni siquiera la leche que la niña necesita se la están dando de manera constante y suficiente.
“Es absolutamente absurdo que le estén dando leche materna cuando en realidad, lo que se tiene que subsanar, es la falta de uno de los proveedores. Y eso es carísimo. ¿Cómo se calcula lo que ese proveedor tenía que dar a la niña durante toda su vida? Eso no se considera”, acusó Damián.
Para la diputada, es una disonancia que las cifras de personas asesinadas o desaparecidas se cuenten por decenas de miles, mientras el Registro Nacional de Víctimas tiene apenas a cerca de 4 mil personas en su base.
Uno de los problemas, apuntó, es que la ayuda a las víctimas no se da de oficio, sino que es la propia víctima o sus familiares quienes tienen que ir a buscarla y, para conseguirla, deben pasar por largos trámites burocráticos que desaniman a cualquiera.
“La Comisión no se acerca a las víctimas; debería haber un mecanismo para que las víctimas, en el momento que sufren una agresión y levantan una denuncia, (la autoridad) comunicara a Atención a Víctimas que se tiene que poner en contacto con esa persona.
“Al Estado mexicano no le interesa reconocer a todas estas víctimas y acercarse a ellas. Está dejando sobre el ciudadano afectado, el hacerse de los recursos, lo cual es incorrecto. Debería ser el Estado el que deba atender”, opinó.
