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El viejo artilugio del silencio en el Ejército se acabó. En los últimos años los militares levantaron la mano. Se defienden de su tarea en las calles realizando labores policíacas y de que se les quiera involucrar en el caso de la noche de Iguala que dio pie al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Y ante la pretensión de crear una Comisión de la Verdad las Fuerzas Armadas se oponen en el discurso y con recursos legales para impedir el nacimiento de ese órgano.
El General Alejandro Ramos, jefe de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la Defensa Nacional, asegura que la Comisión de la Verdad, la que nace de una sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Distrito con sede en Tamaulipas, no garantiza la imparcialidad ni las garantías jurídicas que están previstas en la Ley.
“El Ministerio Público queda en un segundo plano, en una calidad de ejecutor, en tanto que la dirección de las investigaciones, que por norma constitucional, competen al Ministerio Público de la Federación, se la encomienda de la nada, a la representación de los familiares de los estudiantes y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene su propio marco normativo regulatorio, y en el que no está incluido esta circunstancia de dirigir las investigaciones de orden ministerial”, afirma.
Ramos tiene experiencia también en el sector público, fue subprocurador en la gestión de Rafael Macedo de la Concha durante el sexenio del panista, Vicente Fox.
El General da la entrevista portando uniforme con dos estrellas en los hombros. Con serenidad y vehemencia defiende a la institución frente a las múlltiples acusaciones que les han hecho por la presunta participación en los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
“En el caso particular de estos lamentables hechos la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido insistente en advertir que no hay un solo elemento que refleje una participación de cualquier naturaleza por parte de las Fuerzas Armadas y que por lo tanto esta intencionalidad de generar cierta sospecha o señalamiento sobre esa eventual participación carece de todo soporte”
El General Ramos piensa con ironía que se les quiera seguir involucrando aún y cuando se filtraron en todos los medios de comunicación las llamadas interceptadas entre dos mandos de la banda delictiva de Los Rojos en las que se hablaba del incidente de la noche de Iguala.
Sobre la creación de la Comisión de la Verdad no solo está la sentencia del Tribunal Colegiado, los integrantes del futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador también han adelantado que este órgano debe crearse para aclarar lo que sucedió aquella noche en ese municipio de Guerrero.
Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ya anunció que a partir del 1 de diciembre que tome protesta Andrés Manuel López Obrador, se iniciarán los trabajos para la integración de la Comisión de la Verdad que aclare el caso de los 43 estudiantes. Sin embargo desde el punto de vista jurídico la última palabra la tendrá la Suprema Corte de justicia de la Nación en donde se atrajo el caso y se estudia su constitucionalidad y por tanto su factibilidad.
Insiste Ramos en que el posicionamiento del Ejército ante esta comisión es firme y claro: no da garantías y genera suspicacia sobre su validez constitucional.
“Nosotros hemos manifestado nuestras dudas sobre la constitucionalidad de esta Comisión, porque al estar en manos de los representantes de las víctimas, que durante estos años han mostrado su claro interés de hacer pasar como responsables de estos muy lamentables hechos al personal de las Fuerzas Armadas, pues resulta realmente que no habrá ni imparcialidad ni objetividad sobre lo que se pueda llevar para adelante en esa Comisión de la Verdad.
“No tiene ningún asidero jurídico la determinación del Tribunal porque no hay norma que lo faculte para descalificar a las instituciones nacionales y ordenar la creación de un organismo de esta naturaleza, que no tiene reglas ni conserva los más mínimos estándares en cuanto a las reglas del debido proceso para garantizar que quienes sean investigados no sean objeto de una manipulación de las investigaciones”, fustiga.
> Armando Estrop: Si la Suprema Corte resuelve de manera positiva, ¿qué harán?
> General Alejandro Ramos: La Secretaría de la Defensa Nacional es una institución de la República que se tiene que ceñir al estricto Estado de Derecho, de tal suerte que en principio lo que decimos es que hay que apegarnos a la Ley.
> AE: ¿Cuál fue la participación del Batallón 27 en los hechos de la noche de Iguala?
> GAR: Nosotros coincidimos en que es necesario investigar la verdad de los hechos. En la medida en que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda coadyuvar a esclarecer, así se ha estado haciendo. No hay un tratamiento diferenciado de cualquier otra persona o institución. El personal militar de este Batallón que ha tenido información referente a estos hechos ha sido citado a comparecer ante la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público, y ha sido interrogado cuantas veces ha sido requerido para ello. Y han aportado la información que les ha pedido el Ministerio Público.
Aún cuando se filtró una llamada entre mandos de Los Rojos en la que hablaban sobre la noche de Iguala, se sigue involucrando al Ejército en los hechos
Por consecuencia hay que decir que el personal del 27 Batallón ha sido materia de la investigación en forma exhaustiva y todo mundo que ha conocido de estos aspectos, incluido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han referido que no hay hasta ahora un elemento que refleje una posible participación militar en los hechos.
“Hemos contribuido en la investigación”
Ante las críticas de las que es blanco el Ejército Mexicano sobre su presunta negativa a participar en la investigación sobre Ayotzinapa, el General Alejandro Ramos asegura que ocurre lo contrario.
“Nosotros coincidimos en que es necesario investigar la verdad de los hechos. En la medida en que la Sedena pueda coadyuvar a esclarecer, así se ha estado haciendo”
“En lo que nosotros no hemos contribuido es en la práctica de algún tipo de acciones que no están inscritas en la Ley y que no se lleven a cabo por las autoridades competentes, y me refiero particularmente a las entrevistas que el grupo de expertos internacionales pretendía hacer motu propio al personal militar. Ni el mandato por el que llegaron aquí, ni ninguna otra norma jurídica les daba la atribución de practicar por ellos mismos diligencias de esta naturaleza. Que además hay que señalarlo, carecen del valor jurídico para tener una validez.
“El GIEI pidió que se agregaran sus investigaciones a la carpeta del Ministerio Público, lo que implicaba darles un valor jurídico y en su opinión carecían de rigor”, explica.
> AE: ¿Entonces la polémica se generó de no querer declarar ante el GIEI?
> GAR: Porque no ofrece las garantías que como mínimo merece el personal militar que todos los días está haciendo esfuerzos importantes por coadyuvar con la sociedad y por la seguridad del Estado. Lo menos que podemos ofrecerles es las mismas garantías que debe de tener cualquier persona en una investigación.
> AE: ¿Conoce usted cuántos soldados han declarado y el número de ocasiones que lo han hecho?
> GAR: No tengo el número exacto, sé que han sido más de 50 o 70 elementos quizás y algunos de ellos han declarado hasta en 4 ocasiones. Cuantas veces el Ministerio Público los ha pedido que comparezcan, han comparecido y han rendido testimonio.
> AE: ¿Se les puede señalar de que no han colaborado?
> GAR: No. Creo que esta es una acción tendenciosa para tratar de generar cierta suspicacia sobre una posible responsabilidad, que insisto, en ningún caso ha sido ni siquiera inferida al respecto.
Ante la falta de evidencia de alguna participación se ha llegado a señalar la posible omisión y lo hemos comentado: para que haya omisión primero tiene que haber una obligación para hacer algo que finalmente no se hace.
Es más nuestras propias normas jurídicas, la Ley de Disciplina y el Reglamento de Reglas Militares contienen disposiciones expresas de que el personal militar debe de abstenerse de inmiscuirse en los asuntos de la policía, a menos que sea requerido por esta”.
El General Ramos niega que el personal de la Sedena se resista a participar en la investigación del caso de los normalistas desaparecidos en Iguala
> AE: ¿Cómo evitar que se les involucre en este tipo de actos si hay situaciones como la de Palmarito?
> GAR: La ciudadanía y la sociedad tiene una constancia clara de la acción benéfica que las Fuerzas Armadas despliegan todos los días a lo largo del territorio nacional en beneficio de la sociedad. A veces ocurren eventualidades, en el caso de Palmarito lo primero que habría que señalar es que fueron motivo de una emboscada. El personal militar estaba sujeto a una agresión y el resto de lo que pasó después es materia de un procesamiento que no me corresponde abundar al respecto.
Lo que sí le puedo decir es que el personal militar estaba cumpliendo una misión, estaba cumpliendo sus responsabilidades y fue objeto de una emboscada que dejó incluso un fallecido de nuestro personal y también pudimos ver todos como un elemento fue objeto de un disparo por la espalda de parte de una persona que previamente había sido asegurada, y que al responder a la agresión que venía de las azoteas pues se descuidaron y la persona que estaba armada le disparó por la espalda a un soldado que falleció en el mismo lugar. Creo que no es necesario referirnos a estos aspectos para que la sociedad, no los que tienen intereses determinados, sino a la sociedad en su conjunto, perfectamente sabe de la forma en que actúan las Fuerzas Armadas.
> AE: ¿Cuál es la salida jurídica ante un tema tan complicado como lo que sucedió en Iguala?
> GAR: La única salida viable es que las instituciones del Estado Mexicano actúen con respecto a derecho. Lo que no se vale es andar contaminando esto con algunas mentiras.
