[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_gti29p93″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] El intento fallido de María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, de convertirse en candidata independiente a la Presidencia, no sólo es un golpe para las comunidades indígenas en el país, sino una derrota para la representación electoral de los grupos minoritarios en México.
Hasta ayer que terminó el plazo legal de recolección de firmas, la vocera del Congreso Nacional Indígena logró cerca de 250 mil firmas de las 866 mil que el Instituto Nacional Electoral exigía para validar el registro, por lo que no podrá aparecer en la boleta electoral del 1 de julio.
La derrota de “Marichuy” pone sobre la mesa la representación electoral de las comunidades autóctonas en un país donde el 21 por ciento de su población es de origen indígena y viven en una quinta parte del territorio.
Desde la reforma constitucional del 2001 se obliga a los partidos a incluir a las comunidades y pueblos naturales, sin embargo, en una revisión de las listas de candidatos a diputados y senadores es notable la ausencia de políticos de origen indígena.
EL 21 por ciento de la población en México son indígenas y viven en una quinta parte del territorio nacional
Para Mardonio Carballo, poeta, escritor y periodista nahuahablante, la crisis de representación indígena en México ha sido fomentada tanto por el Estado como por los políticos que ocupan los puestos de poder en el país.
“Los políticos son quienes principalmente se han encargado de no respetar las reglas que muchas veces ellos mismos proponen y aprueban, tal es el caso de las modificaciones aprobadas en la reforma electoral del año 2001.
Esto de alguna manera sucede porque quienes se encuentran en los puestos de poder en México no logran escapar a la dinámica del país, es decir, del gravísimo problema de racismo que vivimos y que ha persistido durante generaciones”, explica Carballo.
El caso de la candidata independiente indígena es quizá el ejemplo reciente más claro de la desigualdad que existe en el país del águila y la serpiente.
“Todo en México está estructurado para que aquellos que pertenecen a las comunidades autóctonas no tengan participación en la vida nacional y en la toma de decisiones”
Para poder alcanzar un puesto político o de elección popular actualmente, contar con una buena formación y un nivel educativo por lo menos a nivel licenciatura se ha vuelto un requisito fundamental.
Este hecho deja claramente en desventaja a todas aquellas personas que provienen de las comunidades indígenas, pues a pesar de la Reforma Educativa que se llevó a cabo este sexenio, la gran mayoría de estas personas con dificultad llegan a estudiar la secundaria.
Los retos para poder obtener una educación de calidad son mucho y muy variados. Como lo puede ser asistir la falta de libros de texto en la lengua que hablan, aulas sin la infraestructura adecuada o incluso la lejanía de las instituciones y la falta de medios de transporte para poder llegar a ellas”, comenta el poeta.
Las instituciones encargadas de velar por la democracia en México tampoco han hecho el papel que les corresponde en esta materia.
María de Jesús Patricio logró recolectar cerca de 250 mil firmas de las 866 mil que necesitaba para aparecer en la boleta del próximo 1 de julio
Tal es el caso del Instituto Nacional Electoral, al que incluso han acusado de excluir sistemáticamente a la mayoría de la población del país negándoles sus derechos electorales al implementar un sistema de recolección de apoyo ciudadano que claramente no se corresponde con las condiciones materiales de la población mexicana.
Las trabas del INE
De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México titulado: “INE: Mago y complice en la discriminación y desprecio a los pueblos indígenas en México”, existen por lo menos cuatro aspectos del por qué laAppdel INE no encaja con las condiciones generales del país y está particularmente diseñada para darle acceso sólo a un porcentaje reducido de la población con altos ingresos, lo cual constituye una clara conducta discriminatoria por parte del INE y de facto viola las garantías constitucionales que le permiten a los ciudadanos el derecho a votar y ser votados.
En este sentido, Mardonio Carballo, también recalcó que la falta de voluntad por parte del órgano encargado de organizar los comicios de este año en el tema de la inclusión de los indígenas se hizo evidente con su aplicación de recolección de firmas.
“Si el INE respetara la reforma electoral del 2001 no hubiera creado una aplicación que únicamente funcionaria con teléfonos inteligentes de gama alta, los cuales sólo una mínima porción de los mexicanos pueden adquirir y en la cual el acceso a internet es fundamental para su utilización. De haber querido que este sistema en verdad funcionaria hubieran tenido que ofrecer un sistema de internet satelital capaz de proveer a toda la población”
El primer punto que toca el estudio de la UNAM se refiere a la excepción que realizó el INE para que en algunas regiones con elevados niveles de marginación se pudieran recolectar firmas en papel.
Este hecho, el cual en un principio parecía ayudar a los independientes que buscaban el apoyo de las personas que viven en dichas comunidades, resultó ser más una traba que un beneficio, pues el INE sólo tomó en cuenta los 283 municipios con muy alto grado de marginación excluyendode su lista a los municipios con grados alto (817 municipios) y medio (514municipios) de marginación, lo que daría un total de al menos 1,614 municipios en los que se requiere del levantamiento de apoyo ciudadano en papel y no se permitió, refiere el estudio.
Además, de los municipios considerados en condiciones de muy alta marginación en los cuales se permitía recoger firmas en papel, el Instituto Nacional Electoral excluyó la gran mayoría de las regiones que tienen declaratoria de emergencia y/o desastre en 2017, por lo que se terminaron excluyendo a cerca de 725 municipios más de la lista.
Por último, el estudio señala que el hecho de que un teléfono inteligente sea necesario para poder llevar a cabo la recolección de firmas ciudadanas es un claro acto de discriminación, pues es muy reducida la cantidad de mexicanos que con sus ingresos mensuales pueden costearlo, sobre todo quienes conforman la población rural del país.
“Del total de la población rural, el37.04% vive sin ingreso (10 millones 520 mil personas),25.84%vive con ingreso de hasta un salario mínimo (7 millones 341 mil 120 personas), 29.93% de uno hasta dos salarios mínimos (8 millones 502 mil 105 personas), 5% vive con ingreso de dos hasta cinco salarios mínimos (1 millón 422 mil 300 personas), y sólo1.8% de los trabajadores agrícolasreciben un ingresosuperior a cinco salarios mínimos (511 mil 367 personas)” informa el estudio.
Estos datos demuestran que con los niveles de ingreso, la gran mayoría de la población no podría ser auxiliar de algún candidato independientemente.
Ignoran llamado del Senado
Pocos meses antes de que concluyera el 2017, en el mes de noviembre pasado, y ante la cercanía de los comicios del 2018, en el Senado de la República se presentó una iniciativa para que los partidos políticos garanticen una cuota del 10 por ciento de ciudadanos indígenas en la postulación de candidatos a cargos de elección popular para el Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
La iniciativa además de la representación indígena pide repartir las candidaturas en igualdad entre hombres y mujeres
Frente a la propuesta, el senador Jorge Toledo Luis, reconoció en tribuna que a pesar de que suman 17 millones 98 mil 838 personas de este sector en edad y posibilidades de votar, hasta hoy se les ha discriminado y no se les ha dado representación política.
La iniciativa, además de pedir el reconocimiento y la participación de los pueblos autóctonos en la vida política del país, solicitaba repartir las candidaturas en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
“Políticamente hemos desprotegido la representación de los indígenas del país a pesar de que algunos hemos podido llegar a las curules y a los escaños, pero no como representación indígena, sino en el marco de las políticas y estrategias de la representación partidaria de la legislación electoral mexicana”
La iniciativa que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, sin embargo, hasta el día de hoy permanece en la congeladora.
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