La comunidad indígena es un pilar importante en la historia y tradición de Jalisco. No obstante, en la actualidad esta población ha sido relegada al olvido, por lo que representantes indígenas, iniciativas legislativas y organismos locales de derechos humanos han puesto el acento en la defensa de sus derechos ante la falta de representación política y la escasez de servicios básicos.
La situación no es nueva, Reporte Indigo ha documentado la baja en el presupuesto estatal que se destina para la infraestructura básica de los servicios en los municipios y comunidades de esta población. Además del abandono en el que se tiene a la Comisión Estatal Indígena, que sirve como dependencia de atención.
Aun cuando no representan un porcentaje amplio de la población, los indígenas son comunidades presentes y combativas en el estado de Jalisco. De 7.8 millones de jaliscienses, según la Encuesta Intercensal del 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 11.12 por ciento de la población se autodenomina como indígena.
En Jalisco también se encuentra el municipio más pobre del país, Mezquitic, que de acuerdo a indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la población pobre incrementó un 24.7 por ciento, es decir, que de los 10 mil 499 habitantes en estas condiciones, ahora suman 16 mil 736
Los indicadores de pobreza contemplan los servicios de salud, educación y servicios básicos, una tarea pendiente de los gobiernos locales de Jalisco, donde el erario destinado a los rubros de atención de estos temas en las poblaciones indígenas ha ido a la baja.
De los 186.44 millones de pesos con los que se arrancó en 2013 para los programas sociales enfocados a la población indígena, las inversiones han caído de tal forma en que 2017 sólo hubo obras que sumaron un total de 32.25 millones de pesos.
“Que se destinen los recursos suficientes, que se respeten las formas de organización social. El hecho de que un gobernante obtenga la legitimidad democrática que dan los votos, no significa que puedan hacer lo que se le dé la gana. Tendrá que ceñirse al principio de legalidad, que hoy por hoy le otorga un marco de constitucionalidad de leyes a los pueblos originarios y comunidades indígenas”, señaló el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, el pasado 9 de agosto.
Este panorama también ha generado inconformidad en los grupos indígenas de la entidad, que este fin de semana se manifestaron con respecto al olvido en la que tienen sumidas a las comunidades, lo que se refleja en las pobres condiciones de vida y la desatención a sus demandas territoriales.
Las políticas surgidas en los últimos años han privilegiado a las poblaciones mestizas y blancas, por lo que entre los representantes comunales se habla de la predominancia de un ambiente discriminador y una futura desaparición de sus lenguas.
En ese sentido, se dieron expresiones que evidenciaron la gran deuda de los gobiernos locales con las poblaciones indígenas, tanto del campo como de la ciudad, esto a partir del foro ‘Hacia la construcción de la agenda legislativa, de participación social y política para los pueblos indígenas de Jalisco’.
“Muchas de las veces sí hay instituciones que manejen programas pero no saben la necesidad real que existe en cada una de las etnias”
Al tiempo en el que se expresó la necesidad de contar con representaciones claramente indígenas en los organismos de gobierno local, como el Congreso de Jalisco, para poder hacer visible las necesidades de la comunidad.
“Nuestra exigencia es empezar a tener visibilidad en los cargos, creemos que de esa manera podemos ir resolviendo nuestros problemas de usos y costumbres”, agregó Acevedo Olea.
Frente a la necesidad de una mejor calidad de vida y el reconocimiento pleno de los derechos indígenas, estos señalaron la nula voluntad política para hacer que estos pueblos que caminan junto al resto de la población jalisciense tenga acceso a una normativa que les proteja.
Ley pendiente
En febrero pasado se presentó en el Congreso Local una iniciativa que buscaba el reconocimiento de los derechos y comunidades indígenas, pero no hubo consenso entre las fracciones parlamentarias y se vetó el proyecto.
Se trata de la tercer legislatura que busca dar cabida a una normativa en este sentido y no logra la aprobación de la ley. Pero existe una reciente iniciativa, presentada por la diputada Mónica Almeida López, del PRD, que busca ampliar la representación política de las comunidades y pueblos indígenas.
El mismos documento señala que si bien es cierto que en la normativa local constitucional y secundaria en materia electoral hay un precedente de representación política para estas comunidades originarias, la misma legislación queda limitada a un contexto y realidad poco favorable.
Pues la normativa electoral local establece que la representación política será importante para el armado de las planillas municipales, sólo cuando la población indígena sea determinante de la región, es decir, que en términos del desplazamiento y mestizaje de estas comunidades se atenta contra sus derechos a ser representados.
“Se requiere un cambio de visión a efecto de que las comunidades y pueblos indígenas de Jalisco cuenten con los debidos medios de representación, más allá del ámbito municipal, pudiendo incidir lo más amplio posible para lograr una igualdad sustancial a su favor, como parte importante de nuestra democracia”, se lee en el texto de la iniciativa, presentada en sesión el miércoles pasado.
De 7.8 millones de jaliscienses, el 11.12 por ciento se autodenomina indígena, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
En ese sentido, la iniciativa busca que de forma proporcional el Congreso de Jalisco incluya a un diputado indígena, a la vez que se le otorguen las facultades para presidir la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas y tenga predominancia en la discusión presupuestal de la Comisión Estatal Indígena.