Un estudio de evaluación realizado a Fuerza Civil muestra un déficit negativo de profesionalización, disciplina y certificación de sus elementos, que pone en duda la confiabilidad de esta corporación, alguna vez considerada un modelo a seguir por otros estados de México.
En este contexto, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León logró imputar a juicio a cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado por presuntamente haber lanzado a un comerciante desde el piso 14 de un edificio de departamentos, ubicado en el centro de Monterrey. Se trata de dos elementos de la Dirección General de Investigación de la SSP del Estado y tres de Fuerza Civil, quienes son acusados por los delitos de chantaje, robo y abuso de autoridad.
El Índice de Desarrollo Policial (Indepol), en alianza con Causa en común, verifica cómo están las policías estatales y federal en función de lo que establece la ley respecto al desarrollo policial, lo que permite identificar los factores de riesgo que puedan vulnerar el desempeño de los policías, así como reconocer sus habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos. Indepol también evalúa la disponibilidad para ofrecer información por parte de las corporaciones
El rango de calificaciones va desde menos 100 puntos hasta cero, siendo cero la mejor calificación posible y menos 100 la peor.
“La escala es negativa para evidenciar las situaciones de incumplimiento de la ley en las que se encuentran la mayoría de las corporaciones policiales del país”, dice la evaluación en poder de Reporte Índigo.
En cuanto a carrera policial, la calificación a la Fuerza Civil de Nuevo León fue de -9 debido a que Fuerza Civil no envió el perfil de puestos solicitado. Está por debajo del promedio nacional que es -27.
Respecto a profesionalización, Nuevo León obtuvo una evaluación de -36. En esta ocasión por encima del promedio nacional que es -24. Durante 2017 las autoridades encargadas no impartieron capacitaciones sobre uso de la fuerza, reservaron información sobre el tipo de armas y equipo de protección que proporcionan a los policías y tienen mandos con formación militar.
“La naturaleza del trabajo que realizan los policías conlleva un riesgo inminente. También la función policial debe contemplar mecanismos que permitan reducir los ámbitos de corrupción. Por eso el modelo policial debe incluir necesariamente que todos los policías reciban las prestaciones previstas como mínimas para cualquier trabajador, así como un régimen complementario de seguridad social”, menciona el documento.
La Academia Estatal de Seguridad Pública contestó que contaban con una sala de cómputo, pero Indepol comprobó que aún está en construcción
El promedio nacional en este rubro es -50 y la calificación de la Fuerza Civil de Nuevo León es igual. Sin embargo, no hay normatividad sobre el régimen complementario de seguridad social.
En cuanto al régimen disciplinario, el promedio nacional es de -38 y considera incentivos, correcciones y sanciones. La Ley no establece el derecho de defensoría pública y los elementos aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.
En el rubro de la certificación integral, que consta de tres evaluaciones, tiene un promedio nacional de -47. La entidad regiomontana supera esta cifra con -51 por ciento. A finales de año, había mandos y elementos operativos con certificado de control de confianza pendientes de renovación. A pesar de que a finales de 2016 hubo 288 elementos que no aprobaron la evaluación de control de confianza, en 2017 sólo reportaron ocho bajas.
Sin perfil adecuado
La organización Causa en Común e Indepol señalan que la SSP del Estado presenta inconsistencias en responder con transparencia el avance que pueden tener los elementos de Fuerza Civil en la profesionalización, certificación y régimen disciplinario.
El año pasado enviaron un código de ética específico para policías; en 2018 el Código de Ética de Servidores Públicos.
Las autoridades refirieron que cuentan con las instalaciones necesarias para realizar las evaluaciones de competencias básicas como parte de sus mejoras.
Pero la evaluación realizada en 2018, refiere que la Academia Estatal de Seguridad Pública contestó que contaban con una sala de cómputo, pero aún está en construcción.
Y sobre todo, a pesar de que el año pasado sí remitieron perfil de puesto, en 2018 no lo enviaron. A pesar de que también enviaron un protocolo de uso de la fuerza, esta vez remitieron a la Ley Estatal y refirieron que el protocolo está en trámite.
La policía estatal envió un protocolo de uso de la fuerza en 2017 y en 2018 remitió que está en trámite
Pareciera que en la Secretaría de Seguridad Pública, ahora a cargo de Aldo Fasci Zuazua, no está en su lógica poner a los policías más aptos en puestos de acuerdo a su perfil, motivo por el cual los elementos procesados de la Dirección General de Investigaciones no debieron tener ese cargo.
La Fiscalía General de Justicia intenta imputar a juicio a estos elementos, que presuntamente habrían participado en lanzar a un comerciante desde el piso 14. Pero además busca enjuiciar a tres más de Fuerza Civil.
Así, la calificación final de la policía neoleonesa es de -38 comparada con la de 2017, que fue de -37.
