La encrucijada de las drogas

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Con la controversia por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de México aún vigente, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentará esta semana las directrices de la estrategia de seguridad que seguirá durante su sexenio.

Se trata de un momento trascendental para delinear la política de la nueva administración -que aún no entra en funciones- al ser la inseguridad la problemática que más preocupa e impacta a la población en todo el país.

Una de las grandes incógnitas es si durante el anuncio, programado en principio para este jueves, López Obrador hablará explícitamente de la política de drogas que seguirá su gobierno, sobre todo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrara jurisprudencia sobre el consumo lúdico de la marihuana, lo que a juicio de muchos abre la puerta a una despenalización y regulación.

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil y diversos actores políticos advierten que un giro radical en la política punitiva respecto a las drogas es fundamental dentro de cualquier estrategia de seguridad pública que plantee el próximo gobierno, por lo que esperan un anuncio contundente en la materia.

Si bien algunos integrantes del próximo gabinete, sobre todo la Senadora Olga Sánchez Cordero -futura titular de la Secretaría de Gobernación-, se han pronunciado abiertamente por una despenalización y regulación de algunas drogas, la postura final que tomará López Obrador al respecto continúa siendo una incógnita.

Tras la fallida estrategia de seguridad emprendida por las dos últimas administraciones federales, y con dos años consecutivos superando los récords históricos de asesinatos, el cambio de régimen es también una oportunidad de emprender nuevos enfoques, y la política de drogas está en el centro de ese debate. Por lógica, si lo que se está haciendo no genera los resultados deseados, lo más sensato sería trazar una ruta distinta para generar resultados distintos. Esa es la principal disyuntiva

López Obrador ya dio signos de que tiene la intención de romper con muchas de las inercias y las formas de hacer política de sus antecesores, como se ha podido ver en algunos cambios como la Ley de Remuneraciones, la cancelación del NAIM o la promesa de derogar la Reforma Educativa y hoy, a 3 semanas de tomar protesta tiene una oportunidad más de encabezar un cambio de paradigma, una estrategia disruptiva para enfrentar la peor crisis de seguridad en la historia contemporánea del país.

Político experimentado, López Obrador ha demostrado en esta etapa de transición su inteligencia para manejar los tiempos de la agenda política, sí se ha desgastado aún antes de tomar protesta, pero ha tomado decisiones para fortalecer su base electoral y a pesar de los vaivenes aún mantiene el bono democrático obtenido después de la elección del 1 de julio.

Sin embargo, entrar al terreno de una posible despenalización y regulación de las drogas, reviste una complejidad diferente a otras decisiones o políticas públicas que han venido anunciando el presidente electo, su equipo de transición o los legisladores de su partido.

Una coincidencia casi generalizada en el tema a la inseguridad es que se necesita un cambio radical en las políticas para enfrentarla. Sí se necesita mejorar la capacitación y preparación de las policías; sí se necesita una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno; sí se requiere que el Estado mejore sus labores de inteligencia. Pero eso no será suficiente. Es necesario ir más allá. ¿Será la legalización de las drogas parte de la respuesta?

Una política que divide

La derogación de la Reforma Educativa, la reducción de sueldos en la administración pública o incluso la cancelación del NAIM, fueron promesas de campaña que se han ido materializando o en donde el presidente electo ha mantenido su postura, pero en el caso de la política de drogas fue un tópico que evadió durante el proceso electoral y cuando lo abordó siempre fue ambiguo y no ha tomado una postura clara.

Ni siquiera con la integración de jurisprudencia de la Suprema Corte respecto a la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo recreativo de la marihuana, López Obrador ha querido fijar su posición. Cuestionado al respecto únicamente pidió respetar las decisiones de los magistrados y dejó entrever que la política de drogas estará incluida en la estrategia de seguridad que presentará.

Esa no es la única variable que se presenta en el debate. Como muchos otros temas en la agenda nacional, el de la posible despenalización de las drogas como la marihuana o la amapola genera opiniones encontradas, y en la coyuntura actual polariza, lleva las posturas a los extremos.

De un lado están los que defienden su despenalización y la regulación por parte del estado como punto central en el combate a la delincuencia organizada, quitándoles poder económico a los cárteles y de esta manera disminuirlos y con ello, bajar los índices de violencia. Dentro del mismo grupo que apoya la legalización hay voces que alertan de no tomar esta decisión a la ligera, sino integrarla dentro de una propuesta integral de salud pública antes que en una política de seguridad.

Precisamente uno de los impulsores más entusiastas de la regulación es el expresidente Vicente Fox Quesada, quien después de la decisión de la Suprema Corte señaló en un video que en caso de seguir adelante con la despenalización se le quitaría mucho dinero a los cárteles y esos ingresos podrían llegar a la industria legal y a las autoridades en forma de impuestos.

“Esto le trae a México, primero, una gran puerta de salida de la violencia que hemos padecido en estos últimos 10 años, brutal violencia en las calles de México, que se puede atemperar, reducir, inclusive llegar a detener.

“Se va a abrir una nueva y gigantesca industria, basta ver lo que está sucediendo en Canadá, se están generando miles de empleos, se está generando riqueza e ingresos para las empresas y personas”, apuntó el mandatario.

En el otro extremo están los grupos conservadores, quienes se oponen de manera férrea a una despenalización, advirtiendo de los supuestos riesgos de que se disparen las adicciones, sobre todo entre la población más joven. No se puede pasar por alto que una parte muy importante de la sociedad mexicana sigue siendo conservadora en este y en otros temas, incluso dentro de los votantes de AMLO, una de las razones por las que el presidente electo ha sido cauto.

Lo cierto es que aún sin la legalización, existe una gran disponibilidad de drogas ilegales en el mercado, y los consumidores en México han aumentado en los últimos años, sin que haya un control sobre la cantidad o la calidad de los narcóticos que se distribuyen, un problema que en teoría se podría resolver si el Estado regulara dicho mercado.

En la vertiente científica, también hay cierto escepticismo sobre si una regulación de los narcóticos en verdad pueda ser la panacea para mitigar la violencia que se vive en el país. El doctor Oscar Próspero, investigador de la UNAM, advierte que no se pueden pasar por alto los posibles impactos en materia de salud en caso de una legalización de las drogas, sobre todo tomando en cuenta que la investigación sobre los efectos de muchas de ellas aún está muy rezagada.

Precisamente el presidente Enrique Peña Nieto vivió el rechazo de una buena parte de la sociedad después de su propuesta de regulación de la marihuana en 2016. A pesar de que fue aprobada por el Congreso, a día de hoy la Cofepris no ha emitido la reglamentación de la Ley, lo que en la práctica ha impedido su implementación total y la ha dejado en la ambigüedad.

En el Congreso de la Unión ya se han presentado diversos puntos de acuerdo encaminados a una despenalización de las drogas, como el senador priista de Guerrero Manuel Añorve, quien propone legalizar los cultivos de marihuana con fines medicinales, una iniciativa que aún no ha prosperado. El legislador señala que con esta política no se resolverían los problemas de su estado en su totalidad, pero sí sumarían para la pacificación de Guerrero y de gran parte del país.

Hoy, con el control del Congreso de la Unión y a menos de un mes de asumir la Presidencia, el presidente electo y su partido tienen en sus manos hacer los cambios que crean necesarios en materia de combate a la inseguridad.

Después de que se llevaron a cabo los distintos foros de seguridad, el gobierno electo ya tiene a la mano las propuestas e inquietudes de diversos sectores de la sociedad civil. En general parece haber una coincidencia entre la clase política para avanzar en una política de regulación y despenalización de algunas drogas. Las organizaciones que estudian el tema de seguridad coinciden en que este es el primer paso de una nueva política de seguridad. La Suprema Corte ya abrió la puerta. Ahora, la decisión está en el próximo Jefe del Ejecutivo.

A favor y en contra

■ Por un lado están los que defienden su despenalización y la regulación por parte del estado como punto central en el combate a la delincuencia organizada, al quitarles poder económico a los cárteles y así disminuirlos y bajar los índices de violencia.

■ Hay quien advierte que no se pueden pasar por alto los posibles impactos en materia de salud en caso de una legalización de las drogas, sobre todo tomando en cuenta que la investigación sobre los efectos de muchas de ellas aún está muy rezagada,

■ En el otro extremo están los grupos conservadores, quienes se oponen de manera férrea a una despenalización, advirtiendo de los supuestos riesgos de que se disparen las adicciones, sobre todo entre la población más joven.

¿Cuántos muertos más?

En 2017 se rompieron todos los récords de homicidios desde que se tiene registro, según datos del Inegi. Más de 31 mil víctimas de asesinato hubo durante el año anterior y el año en curso no se perfila para mejorar, sino lo contrario.

En las proyecciones que la organización Semáforo Delictivo presentó recientemente en su informe respectivo al tercer trimestre de 2018 se observa un incremento del 18 por ciento respecto a los homicidios al mismo periodo en el año anterior. De mantenerse la tendencia, este año podría terminar con una cifra superior a las 33 mil víctimas de homicidio.

Además, esta organización señala en su informe que alrededor del 80 por ciento de estos homicidios están relacionados por el control territorial del mercado de drogas. Es por ello que a juicio de Santiago Roel, Director de Semáforo Delictivo, la única manera de comenzar a resolver esta tragedia es regulando las drogas para quitarle el control de negocio a las mafias.

“Es fundamental, para nosotros es la condición cero. Si se da eso, todo lo demás puede funcionar, si no empezamos por ahí, va a ser muy difícil que bajen los índices delictivos, sobre todo, lo que más nos preocupa que son los homicidios”, apunta.

Santiago Roel señala que el tema esta sobrediscutido, que el siguiente paso para el gobierno electo no es volver a abrir el debate sobre la conveniencia o no de la despenalización de las drogas, sino entrar de lleno en la construcción de las políticas que permitan al Estado regular este mercado.

“Lo que sigue es regular drogas, si no regulas drogas, no le quitas el dinero a las mafias, que son las que están provocando toda esta problemática”, agrega.

El Director del Semáforo Delictivo señala que, junto a otras organizaciones como Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, ha estado en contacto con la futura Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para expresar la necesidad de regular el mercado de narcóticos, y aunque ha percibido buena disposición, la ambigüedad en la que se ha manejado el tema, le hace temer que insistan en la misma inercia de los últimos años, sin entrar de lleno en una estrategia diferente.

“Siento muy bien intencionado a Alfonso Durazo y con ganas de hacer bien las cosas, lo típico de fortalecer las policías y mejorar la coordinación, y la inteligencia, pero eso no es lo que se requiere en este momento. Todo eso te va a funcionar una vez que le quites el dinero a las mafias, de otra forma, ni porque les pagues mejor, ni porque hagas mejores centros de control, inteligencia, no porque las mafias son poderosas, hay que quitarles el dinero”, concluye.