La diputada perredista Mary Thelma Guajardo tiene una especialidad: ocultar la información.
Desde finales de marzo cuando asumió como presidenta de la Junta de Coordinación Política, ninguno de los acuerdos económicos que tomó la legislatura pueden ser consultados.
Pasando por encima de la Ley Orgánica y el reglamento, en la gestión de la legisladora se han repartido millones de pesos que no se encuentran en el apartado de transparencia del portal de la Cámara de Diputados.
La legisladora es originaria de Coahuila y presume ser comadre del polémico ex gobernador de la entidad Humberto Moreira, envuelto en el escándalo de dejar una deuda multimillonaria al Estado.
Guajardo pertenece a la corriente de Los Chuchos, encabezada por el actual presidente del PRD Jesús Zambrano y el ex líder perredista Jesús Ortega. Además fue en su vehículo en el que introdujo a Julio César Godoy Toscano, vinculado con el narcotráfico, para que tomara protesta como diputado perredista en septiembre del 2010.
El partido que preside la Junta de Coordinación Política usualmente preside el Comité de Administración, por lo que cae en ese partido la responsabilidad de las decisiones políticas y económicas.
En su gestión como presidenta de la Junta de Coordinación Política, está realizando el cambio del tablero electrónico con un costo de 92 millones de pesos, pero no existe copia de los contratos ni del proceso con el que se inició esta obra.
Y se está cerrando la legislatura con finiquito de empleados y legisladores pero los documentos para acreditar estos montos no se publican.
Aunque no se suben al portal con puntualidad, en la gestión de sus antecesores siempre se ponían en formato PDF los acuerdos tomados por el Comité de Administración.
En una revisión de los acuerdos desde el mes de abril a lo que va de agosto, solo existe un documento en el apartado del comité encargado del reparto del dinero, y carece de información precisa.
Se trata de la adquisición de agua tratada, la compra de un vehículo Chevrolet Optra para el diputado del PT, Porfirio Muñoz Ledo y la atención a otras peticiones menores de diputados de todos los partidos.
Esto a pesar de que sí han existido reuniones y reparto de dinero, de acuerdo a fuentes del propio Comité de Administración. Reporte Indigo publicó el 25 de mayo cómo se habían repartido 230 millones de pesos entre las tres fracciones parlamentarias.
El primero de septiembre toma protesta la próxima legislatura y no hay un informe del saldo en que se quedan las finanzas del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El artículo 6 de la Constitución obliga a todos los entes de gobierno a transparentar el uso de los recursos públicos y toda la información con respecto a su administración y labores.
Solo exceptúa la información reservada en casos muy específicos y que no aplican para el uso del dinero en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Mientras los diputados les piden cuentas a todas las dependencias de gobierno, entre ellos todo se perdonan.