Casi ha pasado un año desde que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) cambió a su titular, un relevo importante para una institución que en la última década había sido blanco de severas críticas por la poca actuación de sus autoridades.
Con la llegada de Alfonso Hernández Barrón, a finales de julio de 2017, se habló de la posibilidad de cambio. Pero también se criticó la permanencia de figuras cercanas al extitular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, por haber formado parte de la añeja estructura que armó dentro de este organismo autónomo. Entre otras personas, el mismo Barrón había figurado en el organigrama como tercer visitador desde la gestión de su predecesor La percepción del ejercicio institucional de los derechos humanos en Jalisco está entrampado en la falta de proactividad en la defensa de los mismos, la limitación normativa de las funciones a lo que señala la ley, y el abandono de grupos vulnerables de la población en un contexto severo de afectaciones graves como el de las mujeres, la comunidad lésbico-gay, entre otras.
La lectura de los analistas y algunos grupos independientes en la defensa de los derechos humanos a nivel local, como la Red Jalisciense de Derechos Humanos, fue que la presencia de Hernández Barrón y otros funcionarios de la Comisión en la convocatoria para suceder a Álvarez Cibrián eran signo de la continuidad de este último.
El diálogo que Hernández Barrón ha mantenido con algunos sectores vulnerables ha sido destacado por la sociedad civil, sin embargo en cuanto a la estructura de la Comisión, la crítica es que no se ha modificado en áreas como la administrativa
La oposición al extitular no es menor, Reporte Indigo llegó a documentar graves omisiones en la defensa de los derechos humanos, con respuestas como su imposibilidad por pronunciarse en temas de la comunidad lésbico-gay al no encontrarse dentro de la ley, así como del dispendio generado a partir del mal gasto de los recursos públicos.
Diálogo nuevo, el único cambio
Desde su toma de protesta, Alfonso Hernández Barrón destacó su actuar con la sociedad civil. Al asumir funciones señaló que llegaba con el respaldo de comunidades indígenas, sectores con los que tuvo mayor cercanía en su trabajo como visitador al corresponderle temas referentes a violaciones de este grupo poblacional.
En ese sentido César Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), una de las organizaciones de derechos humanos más criticas con la situación de la CEDHJ, dijo que este acercamiento ha sido positivo.
“Me parece que le viene a cambiar un poco el discurso que había manejado el impresentable, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Viene a buscar acercamiento con organismos, organizaciones de la sociedad civil. Me parece que el querer buscar el diálogo, el querer interactuar es, de cierta manera, positivo”, expresó Pérez Verónica.
No obstante, esta positividad no ha reflejado un cambio en el paradigma de la defensa de los derechos humanos. El reciente informe de actividades se dio en un formato distinto, con diá- logos con distintos sectores, y también se han realizado algunos pronunciamientos y recomendaciones generales importantes en materia de inseguridad con estudiantes y desaparición de personas.
De esta forma, el director del CEPAD enmarca que esta proliferación del diálogo no ha significado una ruptura con la vieja estructura que armó Álvarez Cibrián durante una década como presidente de la CEDHJ.
“Hasta la fecha no hemos visto que se modifique la estructura creada por el propio Álvarez Cibrián, es decir, que necesitamos que se nos dé respuesta a una sociedad que ha sido testigo de la inoperancia de un organismo público que tiene como única finalidad la defensa de los derechos humanos”, expresó César Pérez.
El director del CEPAD señala que lo que se necesita es una especie de auditoria en materia administrativa para dar respuesta a las carpetas, quejas y expedientes que se tengan en la CEDHJ, más allá de la reestructura financiera que ya se hizo. Pues el impacto en la estructura intacta supone que la gente carece de confianza para acercarse y hacer las quejas ante las violaciones a sus derechos humanos.
“En primer lugar es la desconfianza, porque pareciera que cambiando el titular se cambia la estructura, y eso no ocurre ni por osmosis. Lo que sí, es que así como sucede con la Fiscalía General, que durante tantos años ha generado desconfianza y temor en la población, donde la gente duda en presentar una denuncia, lo mismo pasa con la comisión estatal”, concluyó el director del centro.
Buenos salarios y comidas, la prioridad
En 2013, este medio dio a conocer que, de acuerdo con datos de transparencia, en la CEDHJ la presidencia a cargo de Álvarez Cibrián hacía gastos mayores a un millón de pesos, tan sólo en comidas.
Estos ambientes llevaron a que, ya al final de su mandato, el extitular admitiera una insuficiencia en los recursos. Hecho que previamente no había ocasionado su remoción, como sí ha ocurrido en otras entidades, pues su posición estaba ligada a los intereses de algunos partidos que respaldaban su nombramiento desde el Congreso Local.
Así, al llegar a la CEDHJ como presidente, Hernández Barrón prometió una “refundación” del organismo, y sus primeras acciones en materia administrativa fueron el reajuste de las finanzas de esta comisión.
Los dos últimos titulares de la CEDHJ han sido criticados por aumentarse el sueldo durante sus gestiones
“Vamos a trabajar en la refundación de este organismo de la mano de todas las expresiones de la Sociedad Civil. Vamos a mantener una sana distancia de los grupos de poder y vamos a trabajar desde la parte mas dolorosa acompañado a las víctimas de los delitos y de las violaciones de los derechos humanos”, dijo al asumir su mandato.
Sin embargo, recientemente, se ha dado a conocer que una de esas acciones administrativas correspondían a aumentarse el salario.
De su nombramiento a la fecha, Hernández Barrón subió su percepción salarial de 94 mil 683 a 135 mil 810 pesos. Este señalamiento también le valió criticas a su predecesor, debido a que el sueldo de este llegó a ser de hasta 137 mil pesos, muy superior al de sus homólogos en otras entidades, e incluso superior al de otros funcionarios en el estado.
