A decir de Keyla H. Vargas Rojas, especialista en materia de lavado de dinero y miembro del equipo de investigación de CASEDE A.C., la baja efectividad que muestra la dupla FGR-UIF para sancionar penalmente a los responsables de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se debe en buena medida a que esas instancias no están unidas en un solo sistema.
A diferencia de otros países, donde sus marcos normativos y operativos obligan a sus agencias de inteligencia financiera y de procuración de justicia a trabajar de forma colaborativa y coordinada, en México se carece de una regulación con esas características, por lo que la FGR y la UIF están aisladas la una de la otra.
“¿Cuál es el problema que se ha visto? (…) bajo la lógica actual, el lavado de dinero, si bien ya se considera una amenaza importante dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, sobre todo por su vinculación con actividades como narcotráfico y corrupción, etc, pues se sigue viendo la inteligencia financiera y las acciones que lleva a cabo la institución encargada de estas como una instancia independiente, entonces no se concibe como un sistema propiamente”.
La especialista explica que nuestra Unidad de Inteligencia Financiera es de tipo administrativa, mientras que el 80 por ciento de las unidades en otros países no proponen leyes y no judicializan ellos propiamente casos.
Lo que hacen es restringirse a la generación de inteligencia como área de especialización, sin embargo, tienen comisiones, grupos de trabajo específicos en los cuales un mismo espacio de colaboración y se intercambia información, hay acuerdos de entendimiento mutuo entre estas Unidades de Inteligencia y las áreas de Procuración de Justicia, de Investigación Policial, dependiendo del esquema o del modelo que se tenga en cada país; entonces aquí lo que vemos es que aún no se ha avanzado a ese punto.
En México, en cambio, la relación entre la FGR y la UIF depende de “un tema de voluntades en el que cada una de las instancias jala por su lado”.
Sin embargo, hay otros dos factores que podrían estar restringiendo la efectividad de la UIF: la injerencia de criterios políticos en su operación y las limitaciones serias de personal.
“Quién dirige la Unidad de Inteligencia Financiera es un puesto que determina el Ejecutivo, entonces, en ese sentido, desde luego que hay una vinculación o una dependencia de alguna manera en términos si quieres de lealtad, de compartir una visión con la persona que está designando al titular de la Unidad, entonces creo que sí tiene un peso (los criterios políticos)”
“Pero no solamente es la parte política la que lleva a la Unidad a decir en qué casos sí y en qué casos no (investigar), creo que una parte tiene que ver con eso, y otra con las capacidades en términos del personal que tiene”, dice Keyla H. Vargas Rojas.
