La violencia contra las mujeres es un tema pendiente que el Gobiernos federal, los estatales y los municipales no logran resarcir. Las agresiones sexuales y los feminicidios van en aumento en los últimos años.
Durante el 2019, mil 12 mujeres fueron víctimas de feminicidio, la mayor cantidad registrada desde que el SNSP contabiliza este delito. En el primer trimestre del 2020 se cometieron 244 feminicidios en todo el país
“Desde hace varios años las agresiones contra las mujeres son una deuda histórica que tiene el Estado mexicano, se trata de garantizar el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, explica Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).
La especialista en temas de género asegura que las autoridades gubernamentales muestran una desarticulación entre sus dependencias para enfrentar esta problemática y que sus políticas implementadas no reflejan los resultados esperados.
“Hay acciones que se presentan pero son desarticuladas, esto implica que la magnitud de las violencias no se resuelven solamente con acciones únicas o solitarias, debe haber una articulación entre dependencias.
Deben existir políticas articuladas sobre acceso a la justicia, la parte educativa, espacios sin violencia, medios de transporte, además de acciones que lleven a optimizar los recursos humanos y económicos para resolver el problema. La ausencia de estas acciones son baches para aminorar la violencia contra las mujeres
El Índice de Paz indica que es fundamental que los gobiernos de los tres niveles impulsen estrategias específicas para combatir los problemas que deterioran la tranquilidad de la ciudadanía, sin embargo, las administraciones todavía no comprenden el origen y el alcance de estos fenómenos, advierte la directora de la RNR.
En el caso del Gobierno federal, al inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se anunció un recorte para todas las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las dedicadas a refugiar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; la RNR, la cual cuenta con la mayor cantidad de casas de apoyo en el país, fue una de las afectadas.
“El mensaje que manda el Gobierno federal –que quita, elimina, restringe el presupuesto para atender los derechos humanos de las mujeres– es de cero interés a la vida, no tiene una visión democrática ni una búsqueda de la igualdad sustantiva y mucho menos cumple las normas nacionales e internacionales”, añade.
Durante 2019, mil 12 mujeres fueron víctimas de feminicidio, la mayor cantidad registrada desde que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) contabiliza este delito.
En el primer trimestre del 2020 se cometieron 244 feminicidios en todo el país, número que comparado con el mismo periodo de los años anteriores también refleja un aumento.
A la problemática de la violencia contra las mujeres se suma que en los primeros meses del año aumentaron las denuncias por agresiones intrafamiliares. Una de las razones es la convivencia de las víctimas con sus agresores debido al confinamiento ocasionado por la pandemia del Covid-19.
El Instituto para la Economía y la Paz recomienda que se implementen políticas públicas específicas para combatir los diferentes tipos de violencia que se presentan en el país, una de las más urgentes son las agresiones contra las mujeres, una deuda pendiente desde hace décadas
