Las autoridades de Jalisco descubrieron en el año 2018, en Autlán de Navarro, uno más de los centros de disolución de cadáveres que opera el crimen organizado en el estado, pero nunca se reveló su existencia: se le expuso mediáticamente como una fosa clandestina.
Fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) la que evidenció en su reciente Recomendación 25-2019, que la Fiscalía del Estado cuenta con indicios de que en Autlán de Navarro existe un predio que fue usado de manera sistemática por la delincuencia organizada para la disolución de cuerpos en ácido.
El descubrimiento de la CEDHJ se dio mientras indagaba la desaparición forzada de cuatro veracruzanos en Autlán, ocurrida el 1 de febrero de 2018, a manos de la Policía municipal del lugar; al revisar la carpeta de investigación que la Fiscalía tiene sobre el caso, corroboró que uno de los imputados declaró sobre la existencia de ese sitio para la desintegración de cadáveres.
El sujeto que declaró eso fue detenido por la Fiscalía porque se le encontró en una finca en la que estuvo en algún momento el vehículo donde viajaban las víctimas, según el rastreo que se hizo de la unidad mediante los datos de geolocalización.
“De su dicho resalta que anteriormente trabajó como policía municipal de El Grullo, Jalisco, posterior a su renuncia comenzó a trabajar para una organización criminal”, según su declaración.
La CEDHJ señaló que el municipio de El Grullo, al que se hace referencia, ha sido identificado por las autoridades como una zona con una alta presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El 1 de marzo de 2018 (el declarante) acudió a un predio que se ubica antes de llegar a Ahuachapán, el cual refirió es utilizado como fosa común para personas a las que les quitan la vida y las echan en ácido; lugar en donde le preguntó a un compañero delincuente si habían disuelto gente en ácido recientemente, respondiéndole ‘que allí estaban cuatro personas muertas de un vehículo que habían matado ya hace varios días’”.
Por las pruebas existentes, la CEDHJ determinó que el caso se configura como una desaparición forzada, es decir, que tuvo participación de agentes gubernamentales, en este caso, de policías de Autlán, quienes habrían efectuado la detención de los veracruzanos.
El 14 de marzo de 2018, la Fiscalía reportó que como parte de la investigación para dar con los veracruzanos, se había encontrado un predio en Autlán donde se descubrieron fosas clandestinas, pero nunca informó que, según el imputado, el lugar se utilizaba para desintegrar cadáveres.
El comunicado refería que las fosas se hallaron “en una finca que está en construcción, ubicada en el predio conocido como El Camichín, sobre el camino antiguo Ahuacapán-El Rodeo, en el municipio de Autlán (…) los restos óseos fueron trasladados a Guadalajara para su debida identificación, pues se presume que corresponden a las cuatro personas desaparecidas en días pasados, oriundos de otro estado”.
En su recomendación la CEDHJ no precisa si el predio llegó a ser investigado como un centro de disolución de cuerpos, o si solo se le procesó como fosa clandestina.
“A pesar de las actuaciones y diligencias practicadas por la Fiscalía Estatal y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en la actualidad se desconoce el paradero y destino de las víctimas de desaparición”.
Las personas de Veracruz que desaparecieron en Autlán han sido identificadas como los hermanos Juan y José Ángel Meléndrez Luna, además de José Meléndrez Pineda y José Juan Santos Meléndrez.
Maquinaria de disolución
Hasta antes de este caso en el municipio de Autlán, los archivos de la Fiscalía del Estado y del IJCF arrojaban 11 hechos en los que se corroboró que los grupos delincuenciales habían disuelto los cuerpos de sus víctimas durante el lapso 2007-2018.
El informe de esas autoridades generado mediante el recurso de revisión 934-2018, revela que en estos casos se presumía que al menos 22 cadáveres fueron disueltos en ácido y otras sustancias, de acuerdo con los indicios recabados, aunque en realidad no se tiene certeza sobre el número total de cuerpos
Las autoridades reportaron que en seis de los casos estas técnicas se implementaron al interior de fincas, ranchos y bodegas habilitadas para ello; mientras que en los otros cinco estos ilícitos se cometieron en lugares sobre la vía pública.
Estos sitios operados por la delincuencia organizada para la disolución sistemática de cadáveres habían sido detectados en los municipios de Tlajomulco, con dos casos; en Tlaquepaque, con otros dos; y en las siguientes demarcaciones con un caso: Zapotlán El Grande, Zapopan, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Amatitán, El Salto, y Tonalá.
Caso CAAV
El hecho que arrojó luz y una gran exposición pública sobre las técnicas del crimen organizado en Jalisco para disolver en ácido los cuerpos de sus víctimas fue el de la desaparición de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) en marzo de 2018, aún en el gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz.
El 19 de marzo de 2018 los estudiantes Javier Salomón Aceves Gastélum, de 25 años; Marco Francisco García Ávalos, de 20 años; y Jesús Daniel Díaz García, de 20 años, desaparecieron mientras filmaban un corto para una de sus tareas en una finca de Tonalá.
La conclusión a la que llegaría entonces la Fiscalía, causando un profundo impacto en la sociedad, fue que los tres jóvenes habían sido privados de la libertad por una célula del CJNG, la cual supuso que formaban parte de una organización delictiva rival: el Cártel Nueva Plaza.
La Fiscalía aseguró que los tres estudiantes habían sido asesinados por sus captores y que sus cadáveres fueron desintegrados en ácido.
Los sitios operados por criminales para la disolución sistemática han sido detectados en municipios como Tlajomulco
