La herencia que dejan los candidatos

La adquisición de deuda tiene un doble juego, sobre todo en épocas electorales. 

Y es que parte de las obras realizadas con dinero prestado sirve también para el lucimiento personal de los funcionarios, muchos de los cuales hoy son candidatos a algún puesto de elección popular. 

Para apuntalar sus logros, los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) decidieron empeñar el futuro de los ciudadanos con deudas pagaderas hasta a finales de 2030.

Con un presupuesto que ronda los 4 mil millones de pesos, Guadalajara es uno de los municipios que contrató más deuda en los últimos cinco años.

La cifra asciende a 2 mil 680 millones de pesos en deudas pagaderas hasta el año 2031.

De ese monto, mil 700 millones fueron contraídos por la administración de Alfonso Petersen para la construcción de la Villa Panamericana en el Centro Histórico, proyecto que fracasó.

El resto fue obtenido a través de un empréstito que solicitó el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz –hoy candidato a la gubernatura de Jalisco por el PRI– para la pavimentación de 30 vialidades, aunque finalmente solo se hizo el trabajo de recarpeteo en 21. 

Además de que ese proyecto quedó inconcluso, se adeudan más de 380 millones de pesos a Cemex, empresa responsable de hacer la pavimentación.

La deuda de Guadalajara aumentó 64 por ciento en tres años, lo cual derivó en la baja de la calificación crediticia por parte de la empresa Standard & Poor’s, que pasó la calificación “mxA” a “mxAA-”.

Según la propia calificadora, esto refleja “el importante deterioro del desempeño presupuestal de Guadalajara durante 2011, evidenciado en su déficit operativo de 7% de sus ingresos operativos, así como en un déficit después de gasto de inversión de 24% de sus ingresos totales”.

Ante estos hechos, la administración municipal priista decidió que una nueva calificadora valorara las finanzas públicas de Guadalajara.

La deuda de Guadalajara es superior a la de Tijuana y Monterrey, que deben 2 mil 550 millones de pesos y 2 mil 154 millones de pesos, respectivamente.

La deuda de la capital de Jalisco es casi equivalente a la deuda total de los municipios del estado de Veracruz, que asciende a 2 mil 858 millones pesos. 

Y es superior a las deudas estatales de Guanajuato, Morelos, Quintana Roo y Sonora.

Endeudamiento, la eterna historia

La deuda de los municipios de Jalisco es una de las más altas de México. Y los plazos de pago van de 10 a 30 años.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que, al cierre del primer trimestre de 2012, el monto total de la deuda de los municipios jaliscienses fue de 7 mil 194 millones de pesos. Cifra que rebasa los pasivos municipales del Estado de México y de Nuevo León, cuyos montos totales no llegan a 6 mil millones de pesos.

El Estado de México, gobernado por el PRI, reporta una deuda de 5 mil 765 millones de pesos. Mientras que Nuevo León, también priista, debe 5 mil 284 millones de pesos.

Pero en Jalisco, los titulares de las administraciones municipales han tenido manga ancha y se han convertido en clientes consentidos de la banca comercial.

Algunos explican que el aumento de los créditos derivó de la recesión mundial de 2008, que finalmente afectó a la economía mexicana.

Pero aun cuando la situación mundial orilló a muchos alcaldes a solicitar financiamiento a la banca comercial para sortear la crisis, en los últimos tres años, cuando llegaron las nuevas administraciones, los alcaldes siguieron pidiendo prestado.

Es el caso de Zapopan, cuya deuda pasó de 543 millones de pesos al cierre de 2009, a mil 100 millones de pesos en el primer trimestre de 2012.

Pero la deuda que contrajo Héctor Vielma Ordóñez fue diferente de la Guadalajara, ya que en Zapopan se adquirió una línea de crédito que le permite al municipio disponer de efectivo conforme avance cada proyecto. Los mil 100 millones de pesos se pagarán hasta 2020. 

Se sabe que la administración de Vielma Ordóñez tiene programado un gasto de más de 800 millones de pesos para obras de tipo social, el resto será administrado por el sucesor, que deberá apegarse al diseño de gasto que deje la actual administración.

En Tlaquepaque, la deuda se incrementó más de 40 por ciento al pasar de 426 millones de pesos a 796 millones de pesos en menos de tres años.

Y el alcalde de este municipio, el priista, Miguel Castro Reynoso, es hoy candidato a diputado por el distrito 14 de Guadalajara. 

Sus deudas deben ser saldadas a más tardar en 2018.

Tonalá es quizá el caso más crítico porque es uno de los municipios más marginados de la ZMG y tiene una deuda superior a 817 millones de pesos según la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco.

La deuda de Tonalá es equivalente a la de todos los municipios del estado de Puebla.

Desde que inició la administración del priista Antonio Mateos Nuño, se reestructuró la deuda que dejó la administración de Jorge Vizcarra. 

Con esta maniobra financiera, la deuda municipal aumentó de 642 millones de pesos a 818 millones, ya que la administración requirió un nuevo empréstito de 250 millones de pesos, crédito que fue otorgado por el banco HSBC.

Standard & Poor’s también calificó de manera negativa la deuda de Tonalá. Por tal motivo, la administración priista contrató a la calificadora Moody’s para que revalorara su deuda. 

Deuda pública no exime a partidos

Durante la administración de Enrique Alfaro Ramírez, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga aumentó su deuda de 172 millones de pesos a poco más de 572 millones 221 mil pesos.

A la banca de desarrollo, el municipio le adeuda más de 355 millones de pesos. Además, debe poco más de 189 millones de pesos por arrendamiento. 

El adeudo es con Banco del Bajío y Fintegra. Y el plazo de pago vence en 2017. 

Sin embargo, el municipio también contrajo el compromiso de pagar en 30 años el Proyecto de Inversión y Prestación de Servicios (PPS) con la empresa Dinámica, que construyó la nueva unidad administrativa del municipio.

El especialista en economía Luis Ignacio Román Morales dice que estos esquemas de financiamiento representan deuda porque se suman a los pasivos de cada municipio.

Explica que la intervención del sector privado no es mala, pero es necesario considerar los riesgos que corren ambas partes, ya que, en algunos casos, el Estado es el más afectado.

Román Morales agrega que las tasas de interés actuales son más altas que las de antes de 2009, lo que implica más deuda, a mayor costo y en plazos más largos. Esto deriva en problemas de sostenibilidad en el largo plazo.

Considera que la deuda de Jalisco no es un caso crítico todavía, pero se deben tomar ciertas precauciones porque el problema no son los montos de endeudamiento, sino el ritmo de crecimiento de las deudas.

“El problema no es endeudarse, sino cómo te endeudas, ante quién te endeudas, en qué condiciones y, sobre todo, para qué te endeudas”, precisa. 

Caso Siapa: la deuda es del estado

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) tiene deudas que suman poco más de 2 mil 400 millones de pesos.

En 2008, durante la dirección del panista Rodolfo Ocampo Velázquez, se contrajo un empréstito de mil 200 millones de pesos con el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de Banobras, para el Programa Todos con Agua.

El proyecto pretendía sumar el mayor número de colonias al sistema de agua potable; sin embargo, la deuda se contrató antes del proceso electoral de 2009, y resultó un fracaso.

Las tuberías se instalaron en gran parte de las colonias, pero el agua nunca llegó porque las obras clave de conexión no se hicieron. 

Ese año, el PAN perdió la representación en los municipios de la ZMG, y a la salida de Rodolfo Ocampo Velázquez, nadie se responsabilizó del daño económico que sufrió el Siapa.

Los nuevos titulares del organismo se enfrascaron en la discusión de quién era el responsable del caso. El tema se judicializó, pero no hubo castigo para nadie.

El investigador Luis Ignacio Román Morales afirma que el Gobierno del Estado de Jalisco deberá responder por las deudas del Siapa, ya que figura como aval del organismo.