Amnistía Internacional (AI) aseguró que el Estado mexicano falló en garantizar las medidas necesarias para el defensor, ambientalista y líder rarámuri de la Sierra Tarahumara, Julián Carrillo, asesinado el pasado 24 de octubre de 2018 por hombres armados en la comunidad de Coloradas de la Virgen, en Chihuahua.
A res meses de la muerte de Carrillo Martínez, la ONG mundial presentó el informe Entre balas y olvido: Ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara sobre el caso y advirtió que las autoridades mexicanas no identificó a los responsables para llevarlos ante la justicia.
El activista se oponía a la tala de árboles y señaló los altos niveles de violencia en su comunidad por la presencia del crimen organizado, quienes se apropiaron del territorio indígena para sembrar cannabis y amapola.
Días antes de su asesinato miembros de la comunidad denunciaran ante autoridades estatales y federales la existencia de una concesión minera a tres particulares en su territorio y el activista manifestó en una asamblea comunitaria la oposición de la comunidad a la concesión.
Ni los teléfonos satelitales, botones de pánico y escoltas de policías en sus traslados, implementados desde 2014 por la Secretaría de Gobernación a cargo entonces del hoy senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, fueron suficientes para impedir su muerte.