La hora de rendir cuentas

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Los sismos que han sacudido al centro del país en las últimas semanas, sacaron a relucir una serie de irregularidades en la construcción y en la expedición de permisos que apunta a la corrupción que existe en el sector inmobiliario.

En la Ciudad de México, el sismo hizo caer edificios viejos que resultaron dañados en 1985, pero también complejos nuevos de departamentos que no resistieron el terremoto. La situación se repite en Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

La negligencia, la corrupción, la omisión, la complicidad, la permisividad, la falta de planeación adecuada, emergen como prácticas comunes en el sector inmobiliario.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) está documentando el historial de cada edificio para conocer sus autorizaciones, sus revisiones y deslindar responsabilidades.

Es por ello que MCCI propuso formar una comisión integrada por organismos de la sociedad civil, empresarios, autoridades y el propio Comité para vigilar el uso y aplicación de los recursos que se destinen a las labores de reconstrucción, así como para dar seguimiento a las investigaciones de presuntos casos de corrupción detrás de los recientes fallecimientos  provocados por el sismo.

Tras el terremoto de hace 32 años, las autoridades emitieron nuevos lineamientos en materia de construcción, los requisitos para los desarrolladores aumentaron y -en teoría- surgieron mecanismos más estrictos para otorgar permisos.

En la práctica, como se pudo constatar en las últimas semanas, persisten los edificios y viviendas mal construidos, constructoras que pasan por alto los estándares de seguridad, el uso de materiales de construcción deficientes y una autoridad que autoriza permisos de construcción en zonas de riesgo entre muchos otros vicios.

Torres de departamentos con más pisos de los autorizados en los permisos, cambios de uso de suelo a conveniencia, la lista es interminable, y en medio de todo ello, un boom inmobiliario que sólo trajo beneficios para los desarrolladores y una autoridad que voltea hacia otro lado.

Aunque en la Ciudad de México es donde esta situación se ha hecho más visible, la problemática se evidenció en todas las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

La construcción de asentamientos irregulares en zonas sensibles se incrementó en los últimos años en contra del sentido común, todo ello a consecuencia de una deficiente regulación en materia de uso de suelo y planificación urbana que involucra a los tres niveles de gobierno.

No sólo es la falta de rigor a la hora de otorgar los permisos, de verificar el cumplimiento de los lineamientos o la evaluación de riesgo de la zona de construcción, sino también la deficiente y a veces nula verificación de las obras durante su edificación o el seguimiento de las mismas.

En Oaxaca y Chiapas  los damnificados que perdieron sus viviendas se cuentan por cientos, y más allá de la fuerza del fenómeno natural, cada vez parece más evidente que muchas de las construcciones estaban lejos de cumplir con las normas mínimas de calidad y seguridad.

En Morelos hay más de 20 mil viviendas con daños, la mitad de ellas con afectaciones graves, sobre todo en los municipios del interior. La pobreza y la marginación se convierten en terreno fértil para el incumplimiento de las normas y para la falta de controles.

La serie de anomalías perpetradas por las constructoras y presuntamente permitidas por las autoridades, lejos de ser una excepción se han convertido en la regla, aún a expensas de la integridad de las familias.

¿Cuántas vidas se pudieron salvar si las constructoras hubieran respetado la normatividad? ¿Cuántas personas no habrían perdido su patrimonio si las autoridades hubiesen sido más estrictas al otorgar permisos de construcción? ¿Quién asume la responsabilidad?

Cúmulo de anomalías

Edificios colapsados o con severos daños estructurales, algunos restaurados después de 1985, otros tantos de reciente construcción y que a la luz de los hechos se confirma que no se construyeron siguiendo las normas vigentes.

El ejemplo más emblemático en la capital del país es el Colegio Rébsamen, cuya directora Mónica García ya está siendo investigada por la presentación de un permiso de uso de suelo falso para edificar el plantel educativo.

O el edificio de departamentos ubicado en Enrique Rébsamen 241 en la Colonia Narvarte, en donde los vecinos habían denunciado desde 2014 la existencia de daños estructurales sin que la autoridad le hubiera dado seguimiento.

También está el caso de la torre Elite Apartments en la delegación Benito Juárez, inaugurada hace poco más de tres meses y que por el daño a su estructura ya fue catalogada por las autoridades como irreparable.

En Tláhuac se desplomaron casas que estaban construidas sobre una falla geológica y en Xochimilco se hundieron viviendas.

Edificios nuevos derrumbados al lado de edificios de mayor antigüedad que resistieron el temblor en la colonia Portales.

No sólo es la Ciudad de México, en la ciudad de Puebla, capital del estado, hay edificios de reciente construcción que registran importantes daños estructurales tras el sismo del martes 19.

En la torre de departamentos High Towers, ubicada en la zona de Lomas de Angelópolis y en donde se está levantando un nuevo edificio, se ha informado de desprendimiento de acabados y materiales de los techos.

Como estos ejemplos han surgido decenas en la última semana, y conforme avancen los días y continúe la revisión de los edificios y viviendas con daños seguirán surgiendo irregularidades.

Más allá de los dictámenes oficiales, de las decisiones que se tomen -ya sea la reparación del daño o la demolición- la magnitud de la tragedia obliga a que se deslinden responsabilidades, a que se identifique y castigue a los responsables por la pérdida de vidas o por la pérdida de un patrimonio.

Fenómenos de tal naturaleza como los que se han vivido en el país no se pueden predecir, sin embargo, la planeación y la prevención -sobre todo tras la experiencia del sismo de 1985- quedaron lejos de las expectativas.

Hasta el día de ayer, la cifra de personas fallecidas en todo el país a causa de los dos terremotos de septiembre, ya supera las 330, de las cuales 194 pertenece a la CDMX y una cantidad de personas -cifra aún no totalmente cuantificada,-han quedado damnificadas.

Al menos 45 construcciones, de vivienda u oficinas, colapsaron tras el sismo sólo en la Ciudad de México y 500 inmuebles fueron declarados de alto riesgo y serán demolidos. Se espera que la cifra continúe aumentado.

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