El ataque aéreo que lanzó el Gobierno de Egipto contra un grupo de turistas mexicanos que visitaba esa nación en septiembre de 2015, y que causó la muerte de ocho connacionales –en su mayoría jaliscienses—, no derivó en ninguna sanción contra algún funcionario, militar o ciudadano de ese país.
Así lo confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un informe donde expone los resultados del proceso penal que se siguió en Egipto por esa agresión armada contra los turistas mexicanos, que dio lugar a un juicio que inició el 12 de noviembre de 2015 y llegó a una resolución el 29 de abril de 2018.
En 2015, el Gobierno mexicano prometió que agotaría las instancias legales para buscar una reparación integral del daño conforme a los parámetros internacionales
“El 6 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la primera audiencia ante la Corte de Primera Instancia del Oasis Bahariya. En total se realizaron 7 audiencias. La Fiscalía General presentó ante la Corte de Primera Instancia del Oasis Bahariya acusaciones contra el director de la empresa turística “Windows of Egypt” y un chofer de la misma, al considerarlos responsables del incidente”, expone la SRE.
Agrega que “el 6 de junio de 2017 se emitió sentencia absolutoria en favor de los acusados al constatar que las acciones cometidas por los mismos no causaron las muertes y lesiones de las víctimas. (…) No se atribuyó error alguno a las 14 personas mexicanas víctimas y se ordenó transmitir la demanda por compensación de daños causados a un tribunal civil ad hoc”.
Con respecto a la fase de “Apelación”, abunda que “la sentencia fue apelada por la Fiscalía General del Gobierno de Egipto ante el Tribunal Penal de Apelaciones de Al Haram. No obstante, el Tribunal confirmó la sentencia dictada en primera instancia el 01 de febrero de 2018. Al no presentarse el recurso de casación por parte de la Fiscalía General del Gobierno de Egipto en contra de la confirmación dictada por el Tribunal Penal de Apelaciones de Al Haram, quedó firme la sentencia de primera instancia el 29 de abril de 2018”.
Y auna que “las víctimas no contaban con el derecho a interponer el recurso de casación según la legislación egipcia. Por lo tanto, en virtud de que la Fiscalía no presentó dicho recurso, se concluyó el proceso en el orden penal civil”.
La impunidad por la muerte de turistas mexicanos
Se le pidió a la SRE que informara si existen personas sancionadas por el Gobierno de Egipto o instancias internacionales por esos hechos y la respuesta fue negativa.
“Si bien el proceso penal en el ámbito civil no derivó en la imposición de una sentencia condenatoria a los acusados, mediante la intervención de los gobiernos de Egipto y México y el apoyo del equipo de abogados del despacho de Ahmed Ragheb, los sobrevivientes y los familiares de las personas mexicanas fallecidas durante el incidente alcanzaron un acuerdo el 26 de septiembre de 2016 con la Cámara de Empresas y Agencias de Viaje y Turismo Egipcias (…) para obtener una compensación económica”, respondió la secretaría vía transparencia (Folio 0000500129721).
“Si bien la Corte de Primera Instancia del Oasis Bahariya ordenó transmitir la demanda por compensación de daños causados a un tribunal civil ad hoc, al firmar el acuerdo señalado en el párrafo anterior, los sobrevivientes y los familiares de las personas mexicanas fallecidas renunciaron a su derecho de solicitar indemnizaciones mediante la vía civil”.
Promesa incumplida
A pesar de que el Gobierno de Egipto dejó en impunidad la muerte de los turistas mexicanos, las autoridades nacionales optaron por no recurrir a alguna instancia internacional para litigar el caso.
México terminó conformándose con la resolución de las autoridades egipcias, aun cuando se les había prometido justicia a los familiares de las víctimas. La SRE señaló que “no inició ningún procedimiento sobre el incidente ante instituciones internacionales”.
El Gobierno de México optó por no recurrir a alguna instancia internacional para litigar el caso y terminó conformándose con la resolución de las autoridades egipcias
No obstante, en el Oficio PME109620.15 sobre este caso, del 7 de octubre de 2015, emitido por Alfonso Navarro Bernachi, como Director General Adjunto de Políticas de Protección, para Jorge Alberto Cortés Green, entonces Director General de Coordinación Política de la SRE, se señala que “se le ha reiterado al Gobierno egipcio la exigencia de que lleve a cabo una investigación exhaustiva, transparente y a fondo que proporcione, sin dilación, una explicación objetiva, que esclarezca los hechos y que deslinde responsabilidad para sancionar a quien corresponda conforme a los estándares internacionales aplicables”.
Y agrega que “si no se consideran satisfactorios los resultados de la investigación del Gobierno de Egipto, o bien si se estima que los medios de reparación concedidos a las víctimas no son adecuados, se agotarán las instancias legales internas para buscar una reparación del daño integral conforme a los parámetros internacionales. De ser el caso y una vez agotados los recursos jurídicos previstos en la legislación egipcia, se podría proceder a exigir la responsabilidad internacional del Estado ante instancias internacionales”.
En una carta del 25 de enero de 2017, elaborada por el portavoz de las víctimas y dirigida a Luis Videgaray Caso, como titular de la SRE, le solicitaron a este que “tenga a bien reiterar” los “compromisos” que había asumido la SRE bajo la gestión de Claudia Ruiz Massieu.
Entre estos están “el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad del gobierno egipcio, para que se reconozca por ese país, que se trató de un error fatídico de ellos y no de un error de las víctimas por encontrarse en una zona supuestamente prohibida, situación que se niega rotunda y reiteradamente” y “Fincar responsabilidades y sancionar penalmente a quienes participaron en el ataque en contra de los entonces turistas mexicanos”.
